El juez Bumaguín dictó la prisión preventiva para tres policías de Rafaela imputados por hechos de corrupción perpetrados en la Alcaidía.
El jefe de la Alcaidía de Rafaela y dos policías quedaron presos imputados por pedir coimas a los internos
Tres policías de Rafaela, entre ellos el jefe de la Alcaidía, quedaron en prisión preventiva imputados por delitos contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La investigación está a cargo de la fiscal Fabiana Bertero, quien graficó que la Alcaidía funcionaba como un “call center clandestino”. Los policías imputados, identificados como Cristian Montiel y Alejandro Farías, y el jefe Norberto Nuñez, son representados por el abogado defensor Carlos Farías Demaldé.
La medida fue dictada por el juez Gustavo Bumaguín, que impuso la prisión preventiva sin plazos para Nuñez y por 60 días para los policías Montiel y Farías.
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La imputación fiscal precisa que el jefe Nuñez le reclamó el pago de un millón de pesos a uno de los internos para evitar ser trasladado a otra unidad del servicio penitenciario, en enero de 2025. Además, entre mayo de 2024 y marzo de 2025, Nuñez, “de forma sistemática y continua, omitiendo el cumplimiento de los deberes legales a su cargo”, permitió que un interno utilizara libremente el teléfono celular en la cocina de la Alcaidía, sostuvo la fiscal Bertero.
Según la imputación, en el mismo periodo de tiempo, en su carácter de jefe de la Alcaidía, Nuñez ofreció evitar el traslado de internos alojados en la dependencia a su cargo, así como también asegurarles mejores condiciones de detención a cambio del pago de una suma de dinero que variaba entre 500 mil y 2 millones de pesos.
Es así que, en diciembre de 2024 se reunió con uno de los internos en una de las oficinas lindantes a la Guardia de la Alcaidía local, y entre el 31 de octubre del 2024 y dos semanas posteriores, como Jefe de la Alcaidía, entregó a los internos un teléfono celular que había sido secuestrado en el pabellón 2 en la requisa realizada el 31 de octubre del 2024, y que no se había registrado en el acta correspondiente.
En diciembre de 2024, Nuñez ordenó a los policías Farias y Montiel, que también se desempeñaban en la Alcaidía, a recuperar el teléfono celular que se encontraba en el pabellón número 2, antes de que se realizara una requisa solicitada por la fiscal Burella, que investigaba delitos atribuidos a un interno alojado en ese pabellón; este accionar hizo desaparecer evidencia fundamental para la causa.
En la imputación se precisa además que en junio de 2024, Farías y Montiel solicitaron a los internos del pabellón número 3 el pago de 100 mil pesos a cambio de entregarles un teléfono celular y el compromiso de avisar cuando iban a realizarse requisas, todo con conocimiento del jefe Nuñez.
La investigación comenzó con una denuncia anónima presentada el 22 de marzo en la División de Asuntos Internos. Al día siguiente, con intervención del MPA de Rafaela, se encontraron 58 teléfonos celulares en un armario metálico cerrado con llave en la oficina del jefe Nuñez.
Según la Fiscalía, estos teléfonos eran entregados a los presos a cambio de sumas de dinero. Los detenidos podían disponer libremente de los equipos para hablar, para utilizar las redes sociales o para perpetrar nuevos delitos. En la audiencia, Bertero sostuvo que la Alcaidía funcionaba como un “call center clandestino”.
Un interno con conocimientos en informática declaró en marco de la investigación y sostuvo que el jefe le había reclamado desbloquear teléfonos y borrar información, y que los policías le pidieron comprar criptoactivos con el dinero cobrado a los presos.
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