En la sesión del Senado del jueves, el senador Armando Traferri expuso su nueva estrategia: pidió a sus pares que le retiren los fueros parlamentarios en los que se protegió durante casi dos años para no ser sometido a una imputación como miembro de una asociación ilícita. Ese fue el segundo capítulo.
El fiscal Matías Edery investigó a la política y su vínculo con el crimen organizado. Ahora es investigado por supuestas irregularidades con una informante.
El primero había sucedido horas antes en otro ámbito, en el Centro de Justicia Penal, donde los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno ventilaron en una audiencia, en la que comenzaban a acusar a una organización que se dedicaba a las extorsiones, chats que su par Matías Edery mantenía con Mariana Ortigala que estaba sentada en el banquillo.
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Edery junto a Luis Schiappa Pietra investigaron a Traferri y a una red de relaciones oscuras, que implicó que el exjefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal fuera detenido junto a su colega Gustavo Ponce Asahad.
A Edery le cuestionaron “omitir” información que le había dado Ortigala, que a su vez, había sido una testigo clave en el juicio contra Esteban Alvarado, que fue condenado en junio del año pasado a prisión perpetua. Ortigala, a su vez, había pasado a formar parte de la banda de Los Monos, y quien le daba protección para evitar que Alvarado la matara –dos sicarios atentaron contra ella en 2020- era Ariel Guille Cantero.
El viernes una jueza ordenó que quede detenida por extorsionar a un empresario, dueño de una red de agencias de quiniela, que también, según se sospecha, tenía una pata en el juego ilegal.
El líder de Los Monos hizo pie en ese plano después de recibir casinos ilegales de parte de Leonardo Peiti, otro empresario que era extorsionado y se presentó como arrepentido. Fue quien confesó que pagaba coimas a los fiscales Serjal y Ponce Asahad y que Traferri era su operador.
Los fiscales Edery y Schiappa Pietra –que han enfrentado fuertes amenazas en los últimos años- pidieron el desafuero del senador, pero los legisladores lo rechazaron en diciembre de 2021. Luego recurrieron, tras un fallo adverso de la Corte Suprema de la provincia, al máximo tribunal de la Nación.
En Santa Fe nadie nunca se había animado a investigar las relaciones del poder político con el crimen organizado, a pesar de que hubo motivos, como los pasajes oscuros que dejó el manejo de la computadora de Luis Medina, después del crimen del empresario narco, o el homicidio del jefe policial Guillermo Morgan, entre otros.
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¿Cuál es la el punto que se destaca en este breve resumen que de más de dos años? El gris, que de acuerdo a la luz, puede ser de una tonalidad más oscura. Cuando alguien desde fuera de la provincia de Santa Fe, con la neutralidad que aporta la distancia, observa estas tramas, se sorprende no solo por la precariedad institucional que se profundiza en la provincia, sino por el peligro que representa frente al crecimiento de una violencia que perforó las bandas criminales.
Todo este esquema de funcionamiento del Estado toma un cariz de naturalidad por conveniencia. Porque como ocurrió hace más de una década, nadie quiere ver más allá de los acontecimientos, de las internas, de los conflictos y de las guerras, entre narcos y entre funcionarios del Estado, todos enredados en una realidad que explica por qué Rosario tiene una tasa de homicidios que cuadriplica la media nacional.
El mensaje que queda en pie se resume en que hay sectores, tramas y personajes que son intocables. Un Estado más precario -con reglas difusas-, y débil que las organizaciones que persigue.
“Yo era un objetivo valioso, y al no poder ganarme una elección, se montó toda una operación criminal para perseguirme y desprestigiarme”, aseguró Traferri en la sesión del Senado.
Desde su entorno aclararon que el pedido para que ahora lo desafueren estaba previsto después que fue reelecto en San Lorenzo. Señalaron que quería esperar a la primera sesión del cuerpo legislativo que fue el jueves pasado. “Los astros se juntaron”, planteó una fuente de su entorno.
Los fiscales de la causa de juego clandestino sospechaban que Traferri iba a presentarse a los tribunales después de que en la audiencia del miércoles cargaron contra el desempeño de Edery, a quien con cierto delay la fiscal regional, María Laura Iribarren salió a respaldar al afirmar que el funcionario había entregado en 2021 un sobre con un listado de informantes, entre los que se encontraba Ortigala, que –de acuerdo a Socca y Moreno- se hizo millonaria en ese lapso al incorporar a su patrimonio supuestamente más de 15 propiedades.
Hay una cuestión de fondo que aparece en esta discusión, que tomó un tono de escándalo, es que en la provincia no están legisladas las herramientas necesarias –que se usan de manera permanente- para investigar el crimen organizado.
A nivel nacional se sancionó la ley 27.319 que regula la “investigación, prevención y lucha de los delitos complejos”. En esa norma, el artículo 13 trata sobre la figura del informante que la define como “aquella persona que, bajo reserva de identidad, a cambio de un beneficio económico, aporte a las fuerzas de seguridad, policiales u otros organismos encargados de la investigación de hechos ilícitos, datos, informes, testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia pertinente y útil que permita iniciar o guiar la investigación…”
Gran parte de las causas que se inician en Rosario surgen de información que proviene de personas que tienen que ver con el delito. Por eso, muchas veces, los abogados defensores cuestionan acusaciones cuando los fiscales no logran reunir las evidencias que prueben lo que se imputa.
En la práctica muchas investigaciones comienzan de esta manera y el rol de los fiscales es comprobar que esa información se pueda probar. En el caso de Ortigala los fiscales que investigaron a Alvarado señalaron que utilizaron información que luego se probó en el juicio.
El abogado Oscar Romera, que ejerce la defensa de Traferri, señaló que la idea del senador era pedir que lo desafueren para someterse al proceso judicial “en la primera sesión después de las elecciones”. “No hay una especulación por el tema judicial en el Ministerio Público de la Acusación. Es solo una coincidencia. Se juntaron los astros”, consideró el letrado.
Romera advirtió además que en otra causa en la que Traferri es querellante, en la que está acusado por supuesto espionaje ilegal el exministro de Seguridad Marcelo Saín, “se detectaron interacciones entre el exfuncionario, integrantes de la cartera de Seguridad con los fiscales que investigaban la causa de juego clandestino”.
Edery salió a lanzar duras críticas contra los colegas que lo denunciaron. Para el funcionario, la forma de proceder de sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno tuvo consecuencias graves relacionadas con la seguridad pública.
"Por lo que hicieron en esta audiencia al otro día dejaron un cartel donde dijeron que me iban a matar a mí y a mi familia y además balearon a un chico que casi lo matan. Esa es la consecuencia de la irresponsabilidad en la audiencia", indicó en referencia a la balacera contra una estación de servicio ocurrida el martes por la noche, momento en que había comenzado a trascender, lo que finalmente fue expuesto el miércoles.
"No sé por qué lo hicieron en la audiencia. Hay otros intereses que con el transcurso de los días fueron quedando muy de manifiesto. Muchas veces uno más uno es dos", indicó Edery, que sugirió que la decisión de los fiscales de denunciarlo, pero antes exponerlo públicamente, está vinculada a la reciente solicitud del senador Traferri de que le retiren los fueros y ser sometido a la justicia. "Cuando empezó la investigación a Traferri, él pidió que lo investigue el fiscal Moreno", apuntó.
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