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Policiales prisión | discapacidad | San Vicente

Prisión preventiva para un albañil acusado de abusar de un joven con discapacidad

Tiene 31 años y está acusado de abuso sexual con acceso carnal. El juez consideró sólida la evidencia y ordenó prisión preventiva.

Un hombre de 31 años quedó en prisión preventiva acusado de abuso sexual con acceso carnal contra un joven con síndrome de Down, en un caso que generó profunda conmoción en la ciudad de San Vicente. La medida fue ordenada por el juez Javier Bottero durante una audiencia realizada en los Tribunales de Rafaela.

El imputado fue identificado como B.L., de oficio albañil, y la investigación está a cargo de la fiscal Favia Burella, integrante de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 5.

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El hecho denunciado y las pruebas

Según la acusación fiscal, el episodio ocurrió el 4 de enero, alrededor de las 7 de la mañana. L. habría interceptado a la víctima en la vía pública y, aprovechándose de su discapacidad, lo condujo hasta su vivienda ubicada en calle Sargento Cabral, en San Vicente.

Esa secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir el recorrido. Una vez dentro del domicilio, el acusado cerró la puerta y abusó sexualmente del joven, a quien además habría amenazado con “pegarle un tiro” si pedía ayuda o contaba lo ocurrido.

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Fundamentos de la prisión preventiva

Durante la audiencia, la abogada Cristina Fortunato, representante de la familia de la víctima, acompañó el pedido de la Fiscalía y solicitó que el imputado no acceda a medidas alternativas, dada la gravedad del hecho y el impacto sufrido por el joven.

La defensa cuestionó la calificación legal y sostuvo que aún restan pruebas “fundamentales”, como una Cámara Gesell y un estudio de ADN. No obstante, el juez Bottero consideró que el relato de la víctima, en concordancia con informes médicos, policiales y psicológicos, resulta verosímil y suficiente en esta etapa del proceso.

L. fue imputado por abuso sexual con acceso carnal mediando amenazas, un delito que, en caso de condena, podría implicar una pena superior a los seis años de prisión de cumplimiento efectivo. La causa continúa en etapa investigativa.