Un empleado del Ministerio de Seguridad, identificado como Héctor Caparros (58) y su hijo policía, Pablo Caparros (34), ambos imputados por usura, acordaron penas de tres años de prisión en suspenso (excarcelable) luego de firmar un juicio abreviado este martes en los tribunales de Santa Fe. El mismo fue sellado entre las fiscales Mariela Jiménez y Laura Urquiza y la defensa de los acusados, a cargo de Ramiro y Romeo Díaz Duarte.
La pena alcanzada también estableció que ninguno de los dos hombres podrá portar ningún tipo de armas de fuego y además se los inhabilitó, por un plazo de cinco años, para ejercer ningún cargo en la administración pública. El juicio express, que se dio a una semana de quedar detenidos, acordó el pago de un millón de pesos, en concepto de multa, al Ministerio Público de la Acusación.
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No obstante, las partes pactaron que Héctor Caparros pague una suma de $173.480 y U$S 2.351 a la Sociedad de Beneficencia de Santa Fe del Hospital José María Cullen. En el caso de Caparros (hijo) tendrá que pagar el mismo monto de dinero, pero al hospital Iturraspe.
Finalmente, se dispuso el decomiso de un automóvil Volskwagen Gol y la destrucción de dos revólveres que fueron secuestrados por el personal del Organismo de Investigaciones (OI) el pasado miércoles cuando llevó a cabo la detención de los usureros.
En torno al hecho delictivo por el cual los imputados se hicieron cargo son haber desarrollado desde el 2016 hasta el pasado 16 de septiembre prestamos ilegales por fuera del circuito financiero y con intereses por demás de excesivos que concluían en muchas oportunidades en actos extorsivos.
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Dicha mecánica consistió en la entrega del dinero cobrando por ello una contraprestación consistente en el pago de cuotas mensuales notoriamente desproporcionadas con el dinero otorgado y por un interés superior a la tasa de mercado.
Ambos usureros fueron detenidos el pasado miércoles tras cuatro allanamientos, de los cuales dos tuvieron lugar en inmuebles donde funcionaban irregularmente hogares de ancianos. En tanto, durante los procedimientos, los investigadores secuestraron armas de fuego aptas para el disparo; cerca de 3 millones de pesos argentinos, 5 mil dólares y euros y reales; dos automóviles; 350 pagarés firmados en blanco por distintas personas; cinco tarjetas de débito de terceros y gran cantidad de documentación vinculada a los préstamos usurarios.
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