Pidieron la libertad de dos de los policías del escándalo de Esperanza

Los dos imputados se encuentran en prisión preventiva desde el pasado mes de marzo, luego de que la fiscal Urquiza solicitara su detención y les atribuyera una serie de hechos delictivos en marco de una asociación ilícita desde su lugar de empleados policiales.

En primer lugar, el defensor de Bordiga, Oscar Silva, planteó una serie de nulidades vinculadas con la investigación de la fiscalía.

Para Silva, tanto el allanamiento en la vivienda del policía como las intervenciones telefónicas son nulas. Según relató el letrado, el abogado se realizó con la presencia en el hogar de los dos niños menores de edad y no se tomó ningún recaudo a sus intereses.

Sobre las intervenciones telefónicas el abogado manifestó que fueron ordenadas por la fiscal Urquiza y no por un mandato de un juez, como establece la ley.

Por último, Silva cuestionó también las atribuciones delictivas de peculado, cohecho (luego modificada por tentativa de extorsión) y violación de pruebas y documentos. Considera el abogado que ninguna de los delitos cuenta con evidencia suficiente y solicitó la liberad para Bordiga: “El encarcelamiento es injusto, arbitrario y abusivo”.

Luego tomo la palabra el dr. Oscar Ferreiro, defensor de Bocaturo. El abogado también negó las acusaciones contra su pupilo: asociación ilícita, amenazas coactivas y ocultamiento de pruebas.

Entiende Ferreiro que su defendido no participó de los hechos que se le atribuyen y que al ser un personal de calle no tenía posibilidades de ocultar evidencia.

Luego solicitó la libertad de Bocaturo al relatar que siempre colaboró con la investigación, que puso a disposición los teléfonos celulares de toda su familia y no se encontró nada incriminatorio.

La fiscalía rechazó todos los agravios de la defensa y solicitó se confirme la resolución de primera instancia. Sobre las nulidades de los allanamientos y las intervenciones, el fiscal de cámara Carlos Romero insistió que se hicieron respetando las garantías constitucionales.

Sobre las atribuciones delictivas y la apariencia de responsabilidad de Bordiga y Bocaturo, el fiscal insistió que la evidencia los compromete a ambos: “Cada uno de ellos, en la medida de sus posibilidades y desde su lugar aportaba a los hechos delictivos.”

Por último solicitó al magistrado que confirme la prisión preventiva ya que el riesgo de entorpecer la investigación sigue vigente porque “resta conocer el alcance de esta asociación ilícita” y recordó las palabras de Bordiga en una de las escuchas “el cacique me está apurando”.

Además de los tres imputados que cerraron sus causas con condenas en abreviado, el lunes se dio otra audiencia de admisibilidad para juicio abreviado para F.O. Cornejo. Se solicitó una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional por la autoría de los delitos de asociación ilícita; tentativa de extorsión reiterada en tres oportunidades; y violación de pruebas y registros, todo en concurso real”, precisaron las fiscales.

“En tanto, son investigados –aunque transitan el proceso en libertad– el subcomisario MAM (exjefe de la Comisaría Primera de Esperanza); la comisario MCM (exsubjefa de la Comisaría Primera de Esperanza); y el sargento JPP, quien ya había sido pasado a disponibilidad por hechos anteriores a esta investigación”, concluyeron las fiscales Urquiza y Jiménez.