El fiscal Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) había solicitado al Consejo de la Magistratura que Bailaque sea destituido, ya que por tratarse de un juez en funciones no puede ser detenido.
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Además, pidieron apartarlo de las causas que tiene a su cargo y el fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, solicitó el embargo de sus bienes: inmuebles, una embarcación y un vehículo.
En una audiencia realizada ante el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, Velasco sostuvo que existe riesgo de entorpecimiento probatorio debido a la función de Bailaque como magistrado, que puede entorpecer las investigaciones que se llevan adelante.
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El juez Federal Marcelo Bailaque se encuentra involucrado en tres investigaciones penales y piden la prisión preventiva
Tres frentes judiciales
Bailaque se encuentra bajo la lupa de la Justicia por no haberse excusado de intervenir en una investigación de una causa contra el narco rosarino Esteban Alvarado, condenado por instigar el homicidio de un prestamista, y la cual se tramitó en el 2013. Según la investigación, el magistrado tenía como asesor contable personal a M., que a su vez prestaba asesoría al entramado de empresas vinculadas a Alvarado y a su ex mujer, Rosa Capuano, con quien el contador mantuvo contactos hasta septiembre de 2014.
Otra de las investigaciones, apunta al desempeño del juez en el marco de un proceso judicial que involucró a dos cooperativas (Trabajos Portuarios Limitada de Puerto General San Martín y San Lorenzo) y una financiera cuyo titular habría sido Fernando Whpei, señalado como amigo del juez. Esa causa judicial se inició en 2019 en el Juzgado Federal de Campana y derivó en la detención del titular de la Cooperativa, quien fue acusado de los delitos de administración fraudulenta, lavado y asociación ilícita. En el marco de ese proceso judicial, las cuentas bancarias, cajas de ahorros y depósitos a plazo fijos fueron embargados. Sin embargo, con posterioridad, el Juzgado declaró la incompetencia territorial del caso y envió las actuaciones al Juzgado de Bailaque en Rosario.
Cuando se radicó el expediente en suelo rosarino, el juez investigado liberó los fondos de la Cooperativa en diciembre del 2020 (por sumas cercanas a los 150 millones de pesos) que la entidad opere financieramente con una sociedad anónima y la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, cuyo referente sería Whpei.
Por otra parte, el magistrado afronta otra acusación en donde le imputan los delitos de buso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios público, y prevaricato, a partir de un legajo judicial en donde se investigó el sobreseimiento de un empresario y un agente de bolsa cuya investigación se tramitó en el Juzgado de Bailaque.
