Pedirán 25 años de prisión para dos mujeres que asesinaron a otra porque su hijo jugaba en la vereda

El 1 de noviembre de 2018, los hijos de Gisela Guadalupe Aguirre jugaban a la pelota frente a su casa, ubicada en Lavalle al 8100. Nunca se imaginaron que una actividad tan simple y tan común en niños de corta edad le costaría la vida a su madre. En un momento, a uno de los chicos se le fue la pelota al frente de una vivienda vecina. Ese hecho, tan nimio, desató la furia de las habitantes del inmueble, quienes asesinaron a la joven madre cuando ésta fue a pedir la pelota de sus hijos.

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El barrio quedó en shock y totalmente conmocionado por la violencia desatada, que terminó con una muerte absurda e inentendible. Con el correr de los días, y haciendo un esfuerzo enorme para romper el miedo que los paralizaba, los vecinos marcharon para pedir justicia y confesaron que las responsables del crimen eran personas que habitualmente generaban conflictos en el barrio.

La vereda en la que Aguirre fue asesinada.

M.C. Benítez y G. Amarilla tienen 29 y 54 años, respectivamente, y son nuera y suegra entre sí. Permanecieron prófugas algunos días, hasta que fueron detenidas e imputadas por el crimen de Aguirre. El trámite judicial de la causa prosiguió y en la audiencia preliminar del juicio, la fiscal Cristina Ferraro adelantó que pedirá 25 años de prisión para ambas acusadas.

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Increíblemente, hubo un momento de la investigación en que ambas imputadas estuvieron libres, otorgada por el juez Sebastián Creus. La situación cambió cuando una de ellas -Benítez, la principal acusada- no se presentó a una audiencia a la que había sido convocada. En ese contexto, se la declaró prófuga y se ordenó su detención. Finalmente, fue nuevamente aprehendida y el juez García Troyano le revocó los beneficios que le había otorgado su colega. Amarilla, por su parte, llega al juicio en libertad.

Indignados, los vecinos incendiaron la casa donde vivían las asesinas de Gisela.

Complicidad

"El homicidio ocurrió pasadas las 20:00 del jueves 1 de noviembre de 2018 en inmediaciones de calle Lavalle al 8100”, señaló Ferraro. “El motivo que llevó a las acusadas a quitarle la vida a su vecina fue una discusión originada en un motivo absolutamente nimio. Las mujeres que investigamos se molestaron porque los hijos de Aguirre estaban jugando en la vereda y tiraron una pelota a su casa. De esa intolerancia surgió el homicidio como una forma absolutamente repudiable de poner fin un conflicto interpersonal”, argumentó la fiscal ante el juez Lazzarini.

La funcionaria del MPA afirmó que “las acusadas actuaron en forma conjunta y con reparto de funciones para matar a la víctima”. También relató que “mientras la acusada de 54 años sostenía a Aguirre para inmovilizarla, la mujer de 29 años la agredió con una cuchilla de cocina en reiteradas ocasiones”.

Acerca de las heridas, Ferraro precisó que fueron “en el brazo y en el antebrazo izquierdos, en el tórax y en el abdomen” y añadió que “aunque la víctima fue traslada de inmediato al hospital José María Cullen, ingresó al centro médico sin signos vitales”.

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Familiares y vecinos de Gisela Aguirre protagonizaron varias movilizaciones a la Comisaría 8ª para pedir justicia por el crimen y más seguridad en el barrio.

Pena

En cuanto a la pena, Ferraro argumentó que “dadas las características del homicidio cometido, se solicitará el monto máximo previsto para ese delito”. Subrayó que “se trató de una agresión sorpresiva con un arma blanca a una víctima incapaz de defenderse y en inferioridad numérica respecto de las atacantes”.

Asimismo, aseveró que “el daño causado excede a la víctima, ya que el homicidio de la mujer afectó también a sus hijos pequeños, a quienes privó de tener a su madre con ellos”. Según la fiscal, “las acusadas no fueron capaces de empatizar con Aguirre y no contemplaron el perjuicio emocional que causaron a sus propios hijos y nietos a raíz del delito que cometieron”.

Juicio oral y público

Luego de la audiencia preliminar realizada en tribunales, Lazzarini deberá resolver las cuestiones planteadas por las partes. En caso de que considere que están dadas las condiciones, deberá dictar lo que se denomina el auto de apertura a juicio para que se realice el juicio oral y público.

Por su parte, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá sortear quiénes integrarán el tribunal, que deberá estar conformado por tres jueces, en virtud de que la fiscal solicitará una pena de prisión que supera los 12 años. La OGJ también deberá fijar la fecha de inicio del debate.