El fiscal federal de Reconquista, Roberto Salúm, elevó a juicio la causa en la que dos santafesinos fueron acusados de montar una cocina de cocaína en un lavadero de autos del barrio Mayoraz de la ciudad de Santa Fe.
Parte de los elementos hallados y secuestrados en el lavadero narco.
Se trata de Alejandro “Ale” Soda y su hija, Brisa Ayelén Soda, oriundos del barrio Santa Rita y quienes se encuentran procesados por “producción, fabricación, extracción o preparación de estupefacientes” y comercialización de estupefacientes, ya que según estableció investigación, proveían de droga a policías de San Javier que distribuían el polvo blanco en barrios de la localidad costera.
Por el caso se encuentra prófugo además Bruno Aguiar, pareja de Brisa, el cual quedó vinculado a la causa por haber estado a cargo del “Lavadero Cassanello”, ubicado en Ángel Cassanello al 2500 en donde, el 29 de noviembre del 2022, los investigadores del Departamento Regional de Investigación Criminal sobre el Narcotráfico N° III secuestraron 2,4 kilogramos de cocaína compactada en ladrillos y distintos elementos de corte: una caja con inscripción “lidocaína”, dos bidones que tenían un líquido transparente tipo solvente, potes de plástico de creatina vacíos, más de medio kilo de polvo blanco, un horno eléctrico; una licuadora y una prensa hidráulica.
El pedido de juicio también alcanza a los policías Javier Orlando Nardoni y Matías Germán Hernández, procesados por comercialización de estupefacientes en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, ambas figuras doblemente agravadas por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo y por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución de delitos como el que se le atribuyó. Ambos agentes quedaron bajo la lupa de la Justicia federal por haberse suministrado de la cocaína del lavadero santafesino y distribuirla luego en el barrio Pizarro de San Javier.
A su vez, quedaron bajo sospecha y deberán ser sometidos a juicio, otros cuatro sanjavierinos identificados como Roque Antonio Cabanqui (expolicía), Daniel Hugo Díaz, Cristian Germán Barrios y Walter Omar Quiroga.
La causa se inició en septiembre del 2021, cuando agentes policiales del área de drogas de San Javier descubrieron que en el barrio Pizarro de esa localidad, los agentes Nardoni y Hernández, que prestaban servicios la subcomisaría primera de Santa Fe y el destacamento Rucci y Florida de Rosario, se dedicaban a la venta y distribución al menudeo de estupefacientes.
Radicada la causa en la Fiscalía Federal de Reconquista, se intervinieron distintas líneas telefónicas, de donde surgieron datos que deschavaron que los agentes y un grupo de “colaboradores” se dedicaban a la distribución, tipo delivery, de dosis de cocaína.
A partir de las escuchas, se estableció además que la línea de provisión de Nardoni y Hernández era la ciudad de Santa Fe, por lo que un grupo de detectives antinarcóticos viajó hasta la capital provincial para identificar a los proveedores por medio de tareas de inteligencia.
Fue así que, a partir de observaciones, los investigadores establecieron que la cocaína habría sido adquirida en un lavadero de Ángel Cassanello al 2500, del barrio Mayoráz, el cual era regenteado por los Soda y el actualmente prófugo Bruno Aguiar.
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