Claudio "Pulga" Casco y Lorena Melgarejo, el matrimonio santafesino que estuvo más de dos años prófugo de la Justicia federal por distintas causas, entre ellas las que investigó la descarga de un lote de drogas proveniente de Paraguay en un campo de San Justo, fueron recientemente procesados como “organizadores” de actividades vinculadas al narcotráfico en un fallo dictado por el juez federal Reinaldo Rodríguez.
Capturados. Policías de la federal sorprendieron a los prófugos y los detuvieron en la ciudad de Resistencia el pasado 6 de julio.
La medida judicial se conoció este lunes y ordenó además la prisión preventiva para la pareja que el pasado 6 de julio fue capturada en Chaco en el marco de un operativo que realizó la Policía Federal fuera de un hotel de la ciudad de Resistencia. Ambos eran buscados desde febrero del 2020, cuando una avioneta de origen paraguayo se estrelló en un campo de Naré, en el departamento San Justo.
En la resolución, a la que tuvo acceso AIRE, el juez trabó un embargo sobre los bienes de Casco y Melgarejo de $10.000.000, por lo menos hasta que el fallo quede firme en caso de ser apelado.
El procesamiento también alcanza, sin prisión preventiva, a un hombre identificado como Javier Eduardo Santos Villa quién, según el juez, ofició como prestanombre de un automóvil Ford Focus que el matrimonio adquirió con fondos provenientes de su actividad criminal.
Los cargos contra Casco y Melgarejo fueron luego de una investigación que realizó el fiscal federal Walter Rodríguez, que imputó a la pareja una serie de episodios vinculados al financiamiento, coordinación y venta de drogas en la ciudad de Santa Fe.
Según reveló aquella investigación, el matrimonio facilitó la logística del cargamento de drogas de Paraguay que ingresó al territorio argentino por medio de la avioneta Piper Modelo Cherokee y que se estrelló en un campo de Naré. Dicha aeronave fue tripulada por el piloto Juan Adrián Fleitas González, quien fue condenado por “transporte de drogas” el 27 de junio del 2021, en un fallo dictado en el Tribunal Oral Federal en el cual también recibió condena el expolicía, Carlos Alberto “Pipi” Maldonado, como parte de la trama.
Por esa causa, el entonces juez federal Francisco Miño emitió un pedido de captura nacional e internacional para la pareja. Sin embargo, nunca fueron atrapados por investigadores del área de drogas de la Policía de Santa Fe, pese a que su nombre apareció en distintos procedimientos y secuestros de drogas.
Sobre la pareja también recae haber tenido “dominio organizacional” de los movimientos efectuados por dos personas de su entorno: Claudio “Chancha” Carodoso y Roxana Carina González, ambos procesados por el secuestro de 487,6 gramos de cocaína que fueron secuestrados el 11 de enero del 2021 del interior de una mochila que iba dentro de un Peugeot 206 y que fue controlado por agentes policiales de prevención.
En ese procedimiento, en el que resultó detenida una joven, el personal policial secuestró un teléfono en el que aparecieron mensajes entre la madre de la chica que iba a bordo en el Peugeot 206 y un contacto registrado a nombre de “amiga”, quien para los investigadores era Melgarejo. En dichos mensajes, Melgarejo dio cuenta que contaba con información policial sobre procedimientos en barrio Horizonte por lo que le indicó a González “sacar todo”, en clara alusión a estupefacientes y teléfonos.
De la causa también surge que el matrimonio buscó lavar dinero con fondos provenientes del narcotráfico a través de la compra de una casaquinta ubicada en Estrella Federal al 3000 del barrio Jorge Newbery de Sauce Viejo. Esa propiedad supo ser de Emanuel González, el narco rosarino que fue condenado en la causa “Baigoría” que desbarató a una banda de narcotraficantes que traficaba grandes cargamentos de marihuana y cocaína y los distribuía en Santo Tomé y Santa Fe.
El lavado también es por la adquisición de dos automóviles: un Renault Fluence (el 4 de mayo del 2017) y un Ford Focus (del 27 de septiembre del 2017), los cuales según entendieron los investigadores fueron puestos a nombre de otras personas para disimular su condición de propietarios.
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