“El diagnóstico expone una situación crítica en la provincia de Santa Fe de larga data, donde se constatan prácticas mafiosas que, amalgamando el narcotráfico con otras acciones del crimen organizado, como el juego clandestino, la extorsión, el sicariato, la corrupción y otros delitos graves, han alcanzado la capacidad de cooptar diversos estamentos estatales a efectos de garantizar, no solo los beneficios económicos de sus negocios ilícitos, sino también, la protección, estabilidad e impunidad de los beneficiarios últimos”.
Los especialistas recomiendan reorganizar la policía santafesina y el servicio penitenciario.
Esta conclusión forma parte de uno de los diez puntos de un documento que elaboró el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reunió el 15 de diciembre pasado a “expertos en seguridad”, en su mayoría exfuncionarios, y fiscales federales y provinciales para analizar el problema del crimen organizado en Rosario.
Esta convocatoria que surgió de este centro de estudios de la UBA, cuyo director es el abogado Juan Félix Marteau, apunta, según expresaron en un documento, “lograr consensos fundamentales sobre la necesidad de desarrollar políticas públicas eficaces para impedir la consolidación de estas redes delictivas en ciudades estratégicas del país”.
Entre las conclusiones que se resumen, como fruto de la primera reunión de este centro de estudios de la UBA sobre el problema del narcotráfico en Rosario, se advierte que “la gravedad que ha alcanzado el fenómeno en Santa Fe, cuyo efecto derrame afecta a todo el país, obliga a implementar una política de Estado consistente que, contando con el apoyo de todos los sectores políticos responsables, se oriente a erradicar a los actores corrompidos, a fortalecer el sistema de seguridad y justicia penal, y sobre todo, a proteger a los sectores sociales más vulnerables, en particular, a los niños, niñas y adolescentes que hoy en día se encuentran sometidos a la nueva esclavitud que genera este flagelo”.
En la reunión, que se realizó de forma virtual, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada de Rosario Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, junto con el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, delinearon la evolución en los últimos años del crimen organizado en Rosario y cómo la justicia empezó a enfrentar con mayor coordinación entre el fuero federal y provincial el fenómeno criminal y el impacto de una violencia que este año recrudeció con un incremento en los homicidios, cuya cifra llegó este año a 239, la más alta desde 2015.
Luego de la extensa descripción de los funcionarios judiciales, los “expertos” que participaron en la reunión, en su mayoría exfuncionarios y académicos, trazaron un escenario sobre los alcances y la profundidad del fenómeno criminal de Rosario, al compararlo también con el proceso que se dio en otros países.
"La reorganización del sistema de inteligencia criminal, a nivel provincial y federal, aparece como una tarea imprescindible, lo que exige la creación de centros fusión de inteligencia que permitan una mayor racionalidad en la actuación estatal contra actores criminales", se destaca en el documento.
En este segmento del encuentro participaron Florencia Arietto, titular de Legal and Security, Juan Belikow, profesor de la Escuela de Gobierno Aden University; Edgardo Buscaglia, académico de Universidad de Columbia; Diego Gorgal, docente de la Universidad Austral; Eugenio Burzaco, exsecretario de Seguridad de la Nación; Alberto Fôhrigh, director del Centro de Políticas Estratégicas y Asuntos Globales de la Universidad de San Andrés; Ricardo Spadaro, director del Posgrado en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado de la UBA y Martín Verrier, exsecretario de Narcotráfico durante la gestión de Mauricio Macri.
Entre los elementos que se pusieron arriba de la mesa, como posibles causas del crecimiento del crimen organizado en Rosario, se ubicó a “las debilidades institucionales del Estado en todos sus niveles y poderes, carencias del proceso de democratización en estas últimas décadas, incidencia de una corrupción transversal a la sociedad y los partidos políticos en todos sus estamentos”.
También incluyeron “pobres niveles de profesionalización de las fuerzas de seguridad, localización geográfica estratégica vinculada al comercio terrestre y fluvial -incluida la explotación de la Hidrovía-, la degradación sistémica de la calidad de vida en las periferias urbanas y, más recientemente, los efectos que la pandemia del covid-19 ha producido sobre los mercados ilícitos”.
Entre los puntos principales del documento elaborado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la UBA se señala como análisis del contexto de Rosario que “el encarcelamiento de los jefes de las organizaciones criminales más relevantes, así como la segmentación actual en grupos o bandas narcocriminales más pequeñas y autónomas, no ha conducido a la disminución de los altos índices de violencia en Santa Fe”.
“Ni tampoco ha menoscabado su capacidad de sustituir al Estado en la prestación de servicios esenciales, lo que implica uno de los aspectos más graves a la hora de hacer un balance sobre los resultados alcanzados en las políticas de intervención estatal sobre este fenómeno”, apunta el documento.
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Entre las estrategias de lucha contra estos eslabones del crimen organizado se pone bajo la lupa “la investigación financiera y patrimonial -complementaria a la investigación sobre el delito primario de comercio ilícito de estupefacientes- que resulta imprescindible para debilitar la rentable economía ilícita que genera el narcotráfico y, así, resguardar la integridad del sistema financiero formal, teniendo particularmente en cuenta el uso distorsivo de las finanzas digitales y las nuevas tecnologías por parte de estos grupos criminales”.
Ante esta situación, plantean que “el sistema acusatorio con sus correspondientes recursos humanos, materiales y tecnológicos, la capacitación y entrenamiento de los funcionarios, la estabilidad institucional y la garantía de independencia de jueces y fiscales -lo que incluye la protección física y moral- aparece como un requisito esencial y urgente, no sólo para reprimir, sino también para anticipar la acción de las redes mafiosas”.
Con el foco en la justicia, se advierte que “el trabajo coordinado entre la Procunar, del Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, sumado al coraje y la valentía con la que han actuado los jueces y fiscales -no obstante, las significativas presiones que debieron soportar a la hora de cumplir con su tarea- constituye un modelo probadamente efectivo a seguir y fortalecer”.
Con respecto a las fuerzas de seguridad en Santa Fe, el documento plantea que deberían llevarse adelante “una reestructuración legal y orgánica de la Policía de Santa Fe”. “Esto constituye uno de los ejes fundamentales para la neutralización de este tipo de prácticas delictivas, debiendo garantizarse su profesionalización con su adecuado reconocimiento salarial, el control de sus actividades a través de mecanismos eficaces de transparencia y el mayor compromiso de sus líderes”, señalan.
A esto se suma, según la visión de los participantes de la reunión en la UBA, “la reorganización del sistema de inteligencia criminal, a nivel provincial y federal, aparece como una tarea imprescindible, lo que exige la creación de centros fusión de inteligencia que permitan una mayor racionalidad en la actuación estatal contra actores criminales que tienen la capacidad de infiltrar el sistema gubernamental de toma de decisiones”.
Se menciona además la necesidad de fortalecer y reinstitucionalizar “el servicio penitenciario -incluido su sistema de inteligencia al interior de las cárceles- es también otra medida inmediata atento a la constatación de que los jefes narcos continúan operando sus negocios desde los penales, ordenando los homicidios de sus rivales y testigos, así como también, amenazando a los actores del Poder Judicial y del Ministerio Público”.
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