En el medio de la ola de crímenes que sacudió Rosario previo a la pandemia de Covid-19, el gobierno de Omar Perotti y sus asesores de Seguridad echaron mano al pedido de ayuda a la Nación para reforzar las calles con agentes federales. Cifras más o menos, la dotación de unos 450 hombres ya disponibles en el destacamento Nº2 de Gendarmería Nacional de Rosario sería levantada del letargo y puesta a patrullar las calles de los barrios más calientes de la ciudad.
La idea generalizada de la presencia de los “Centinelas de la Patria” sumada a las dotaciones de la policía provincial, es que llevarían tranquilidad a las barriadas más complejas, sobre todo con el objetivo de provocar el repliegue de las pandillas que dirimen sus diferencias a sangre y fuego.
Pero por fuera de los bulevares se sabe que algunos gendarmes apelan a prácticas abusivas que rozan la ilegalidad. Peor aún, pretenden llevarse una porción de la descomunal rentabilidad que genera el negocio narco. “Nichos de corrupción” como los define el diputado provincial Carlos Del Frade. Sobran los ejemplos para demostrar la desconfianza que cosechan.
El 10 de julio del año pasado la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un agente de Gendarmería sospechado de la venta ilegal de municiones en una zona caliente como el barrio Tablada, puntualmente en una vivienda de calle Garay al 700. Allí fue detenido Cristino P., de 34 años. Dos días más tarde la fiscal de la Unidad de Violencia Institucional Carina Bartocci le imputó el delito de “hurto y defraudación por venta de cosa ajena”.
Cuando en enero de 2018 detuvieron a Alan Funes, uno de los hermanos cabecillas de la banda enfrentada a los herederos de Roberto “Pimpi” Caminos (asesinado ex barrabrava de Newell’s Old Boys), lo hallaron en un departamento de Callao al 3900 en el populoso barrio conocido como Villa Itatí.
Detrás de un bidet de la vivienda la policía encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros que, según los investigadores, el joven le había robado a un gendarme. En el barrio todo el mundo comentaba que el departamento donde se escondía Funes pertenecía a un integrante de esa fuerza.
El día de la detención de Funes se vieron dos o tres móviles de Gendarmería Nacional merodeando por el lugar. Parecían de apoyo, refuerzos “a distancia”, sin injerencia en el operativo. Nunca se sabrá si el Ministerio de Seguridad solicitó formalmente esa colaboración, o llegaron por iniciativa propia. Luego de un peritaje se determinó que el arma incautada fue la utilizada en el crimen de Marcela Díaz, hermana de Rubén “Tubi” Segovia, sicario de la banda de Los Caminos.
Presidente Quintana al 100 de Rosario, en el corazón de Tablada. No es cualquier lugar. Allí, el 24 de marzo pasado acribillaron a balazos a Luciano “Chanchi” César, de 60 años. Según la pesquisa que encabeza el fiscal Ademar Bianchini, la víctima era pariente de Matías César, detenido por las balaceras contra el Poder Judicial, y de Milton César, un joven que sufrió un brutal atentado cuando Los Monos intentaron asesinarlo porque sospechaban que había sido uno de los autores del crimen de Claudio “Pájaro” Cantero en 2013. Pero Milton se salvó de casualidad, y en el hecho murieron hermano y a su madre.
El domingo pasado cuando Juan Carlos César regresaba a su casa de comprar una gaseosa, fue interceptado por un auto Volkswagen Country del que descendieron dos hombres con uniformes de gendarmes y barbijos negros que cubrían sus rostros. Simultáneamente se sumaron otros tres vestidos de la misma manera. Uno de ellos le apoyó un arma de fuego en la cabeza, y bajo amenaza de muerte lo arriaron al interior de la casa. Mientras lo golpeaban y le exigían dinero, armas y droga, obligaron a la pareja de César y a las dos hijas de esta, de 8 y 14 años, a encerrarse en una habitación. Mientras le daban cachetadas detrás de la nuca, amenazaban a César con “arruinarle la vida” y a su familia, porque si no accedía le iban a plantar una bolsa de droga y lo iban a detener.
Unos minutos después lo sacaron del lugar y lo obligaron a subir a la camioneta oficial Ford Ranger, dominio NWS 606 verde y blanca, como las utilizadas por Gendarmería Nacional.
El móvil policial recorrió unas diez cuadras al sur. Lo llevaron hasta Lola Mora y Lorenzini, detrás de un paredón oscuro que linda con un histórico Fonavi donde predominan las balaceras por las luchas sangrientas entre sicarios y transas de Los Monos, del clan Funes y los herederos de Pimpi Caminos.
La camioneta detuvo la marcha y mantuvieron a César en su interior esposado durante más de una hora. En ese lapso los gendarmes se turnaban para amedrentarlo. “Prepará 200 mil pesos si no querés que te llevemos detenido. Te vamos arruinar a vos y a toda tu familia”, los hostigaron una y otra vez.
Y pusieron como plazo de la entrega de esa coima el miércoles 8 de abril a las 21. En ese mismo lugar debía dejar el dinero en un bolsas tipo consorcio. Atemorizado por sus suerte, el hombre aceptó. Después lo liberaron y el hombre regresó a su casa en una bicicleta que los propios uniformados habían cargado en la camioneta. Cuando llegó a su domicilio notó que le habían robado 7.000 pesos. Aunque con un pasado algo borroso y vínculos con el narcomenudeo, César decidió poner un corte a la situación y presentó la denuncia.
Cuando el fiscal de la Unidad de Flagrancia Gastón Ávila tomó contacto con el caso, notificó a la sección Judiciales de la policía de provincia para organizar lo que se denomina una “entrega controlada” del dinero.
El miércoles a la hora señalada varios policías provinciales desplegaron un sigiloso andar en la zona de Lola Mora y Lorenzini. César apareció en bicicleta, y dejó la bolsa con varios fajos de dinero falso y otros de curso legal previamente marcados. Unos minutos después apareció un el Volkswagen Gol Country color azul oscuro con la chapa patente tapada y dos hombres a bordo, que levantaron los billetes bolsa y volvieron a marchar.
Al volante de ese auto iba el cabo Juan Carlos Galván, y su acompañante era el sargento Néstor Manuel Cabrera. Los pesquisas los dejaron circular una cuadras y finalmente le cerraron el paso y los detuvieron en Sánchez de Thompson al 100. A los minutos apareció la chata de Gendarmería identificada como el móvil 38053. A bordo estaban los supuestos cómplices, el cabo 1º Arnaldo Daniel Morera y el alférez Roberto Florentín. El operativo fue parcialmente filmado, pero también hay registros de la secuencia tomada por domos públicos.
Ya era la medianoche, pero el fiscal a cargo de comandar la pesquisa buscó asegurarse todas la evidencias posibles. Por eso solicitó autorización judicial para allanar la sede del Destacamento Móvil Nº2 de Gendarmería ubicado en San Martín y Rueda. Hasta allí llegaron para colaborar los fiscales José Luis Caterina y Rodrigo Santana, acompañados del personal de la División Judiciales.
Ante el estupor de los oficiales del destacamento, los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) abrieron ocho casilleros o lockers de los gendarmes, incautaron el libro de guardia con las novedades del personal, handys, teléfonos, GPS con ubicación de los móviles utilizados por los sospechosos en la última semana, sus legajos y las armas reglamentarias.
La funcionarios de Fiscalía y Judiciales estuvieron hasta las 3 de la mañana del jueves dentro del destacamento, de donde se llevaron seis bolsas con documentación y elementos de interés para la causa. “Esto es gravísimo, hacen lo que quieren”, valoró una fuente cercana a la pesquisa en relación el método extorsivo utilizado por los implicados.
Después se pudo confirmar que el auto Wolkswgen que usaron para la maniobra es propiedad de uno de los gendarmes. “Es muy preocupante, es una patada en los h., una vergüenza bárbara”, se sinceró un comandante de Gendarmería delante de los funcionarios del MPA.
Igualmente, y pasado el shock, se mostraron dispuestos a colaborar, incluso indicaron que que no tardarían en comunicar lo ocurrido a las autoridades nacionales, puntualmente al Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Andrea Frederic. Según voceros del gobierno nacional ya se ordenó el pase a disponibilidad preventivo de los cuatro implicados como paso previo a evaluar su expulsión definitiva de la fuerza, mientras avanza la investigación judicial.
El viernes se concretó la audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal (CJP) en un trámite que transcurrió bajo la modalidad de videoconferencia. El fiscal Avila les imputó la coautoría de los delitos de allanamiento ilegal en concurso real con robo calificado por ser cometido en poblado y en banda, con armas de fuego y por ser ejecutado por miembros integrantes de las fuerzas de seguridad, en concurso real con privación ilegítima de la libertad calificada por ser cometida con violencia o amenazas, en concurso real con extorsión.
La jueza de primera instancia María Isabel Más Varela aceptó el encuadre legal del hecho y resolvió dejarlos en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. “Es tremendo lo cebado que están. Sabemos que esta gente probablemente dispute con otros actores de peso el gerenciamiento de las zonas donde hay distribución de droga”, explicaron funcionarios judiciales con llegada al caso.
Para el diputado provincial del Frente Social y Popular Carlos Del Frade, que desde hace años batalla para desterrar la connivencia policial con el mundo del hampa, este hecho demuestra que “los nichos de corrupción existen no sólo en las fuerzas de seguridad provinciales, sino también nacionales”.
“Es la expresión más concreta de lo que el presidente Alberto Fernández definiera como los sótanos de la democracia, esos pliegues íntimos de los distintos estados nacionales y provinciales, que luego se manifiestan en los grandes negocios del sistema capitalista que desde hace 50 años alimentan con dinero fresco la maquinaria bancaria, como el narcotráfico, el tráfico de personas, de armas y los medicamentos. Esto no hace más que demostrar cómo siguen vigentes los nichos de corrupción”.
El legislador expresó a Aire Digital que “como siempre, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales siguen siendo los que se meten en los barrios populares para cobrarles a los que más son, pero a los que menos tienen. Esto vuelve a demostrar que los 39 años de democracia que vamos a cumplir siguen siendo insuficientes para tener fuerzas de seguridad nacionales y provinciales que respondan a los intereses de las mayorías, y no a las minorías que las alquilan para hacer negocios ilegales”.
“Las familias que viven en los barrios tienen mucha desconfianza a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad, ya los conocen. Gendarmería estuvo presente de forma muy fuerte en el 2014, en el 2016, y ahora también. Siempre terminaron siendo los gerentes más caros de los negocios en los barrios. La desconfianza está muy marcada, sobre todo porque muchos gendarmes imponen presencia a través del ejercicio de la violencia contra el piberío pobre de los barrios”.
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