Marcolín: “El interés superior del niño es lo que nos debe mover a todos los funcionarios del estado”
El juez Rodolfo Mingarini impuso la prisión preventiva para W.G. Soffietti, un hombre imputado por la fiscal de San Javier Rosana Marcolín por los delitos de reducción a la servidumbre, lesiones, amenazas, corrupción de menores y desobediencia a un mandato judicial.
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En comunicación con Emergencias 911 la fiscal repasó el origen de la investigación, en mayo de 2017, y el derrotero judicial transcurrido hasta lograr la privación de libertad del imputado, quien sometió a su esposa y a sus siete hijos pequeños a una situación de sometimiento extremo durante 18 años.
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Marcolín recordó que tras una especie de pueblada que se dio contra Soffietti, “los vecinos me contaron toda una situación de abandono de los niños. En ese momento realicé una denuncia verbal en la primera red de intervención en San Javier para que den aviso a la subsecretaría de la niñez por la vulneración total de los derechos del niño. En ese momento no hicieron nada porque me dijeron que el imputado las iba a denunciar”.
Más adelante se dio el primer pedido de auxilio de la mamá de los niños, y lo hizo a través de una carta que envió a una de las trabajadoras sociales de la primera red de intervención de San Javier, “pero era muy difícil convencer a la mujer que denuncie a su marido y muestre lo que estaba pasando. Ella se puso totalmente a favor de él, siendo víctima de violencia de género extrema, extrema, extrema… un caso tremendo de sometimiento” se lamentó Marcolín.
La fiscal explicó que esto fue lo que permitió detener a imputar a Soffietti, pero “ahí tuvimos el primer revés: le dieron libertad con medidas alternativas a la prisión preventiva. No podía ir a la casa y fue lo primero que hizo, intimidar a la mujer y sus hijos. Las víctimas se pusieron en contra de la investigación y vinieron a la fiscalía a querer levantar la denuncia”.
“La subsecretaría notó que había riesgo de vida en los niños”
Marcolín destacó el trabajo realizado tanto por la subsecretaría de la niñez, como por el centro de asistencia judicial a la víctima y todos los organismos del estado que tomaron intervención en la causa.
“Por suerte tomó intervención la subsecretaría… ya estaba Lucía Sterky al frente del primer nivel de intervención, que colaboró muchísimo, y tanto desde el primer nivel de intervención de San Javier, y la subsecretaría que toma la medida excepcional, que la recomiendan porque hay riesgo de vida en los niños” expresó la fiscal.
A continuación explicó la actitud que tomó el imputado y la mamá de los niños: “apenas le sacan los chicos empiezan a deambular por todas las instituciones: centro de asistencia a la víctima, defensoría del niño, etc. Pedimos informes a todas esas instituciones y todas apoyaron la postura del MPA sobre la reducción a la servidumbre y a la dominación de él absoluta”.
“Sumamos una pericia psicológica y psiquiátrica solicitada por la defensa, con resultados aterradores respecto de él y su personalidad antisocial, con desviaciones sexuales con características maníacas, psicopáticas, y ella con una sumisión absoluta y extrema. Con todo esto continuaban negando la cautelar y seguían entorpeciendo el proceso” reprochó Marcolín.
Claro entorpecimiento probatorio
La fiscal repasó las complicaciones para lograr avanzar en la investigación dado al estado de libertad del imputado, que además no cumplía con las prohibiciones de contacto impuestas por la magistratura.
“Influían en sus hijos e intentaban entorpecer las declaraciones en cámara gesell, que digan que era todo mentira lo que habían dicho en un primer momento: golpes con palos, con cadenas, atados, obligados a robar, obligados a trabajar y no ir a la escuela, presenciar escenas de sexo, todos los días obligados a vivir toda esa situación” relató la fiscal.
“Empiezan a perseguir a los chicos a la escuela. Los más chiquitos no querían ir por el miedo, mientras que los mayores todavía estaban manejados por él y por el miedo que le hagan algo a su mamá. Les daban celulares y se comunicaban con ellos. La subsecretaría se dio cuenta que eran celulares con línea y lograron sacárselos” detalló.
Al peritarse los teléfonos celulares se encontraron fotografías pornográficas del imputado que había entregado a sus propios hijos. “Los chicos se animaron a hablar en mayo del 2017 cuando fue detenido, después nunca más se animaron a hablar” dijo Marcolín.
La fiscal manifestó también que cuando empezó esta situación de acoso del imputado a sus hijos, la propia directora de la subsecretaría de la niñez, Mónica Barroso presentó una denuncia penal en la mesa de entrada al MPA, detallando cómo estaban siendo vulnerados los derechos de los niños y se seguían violando las medidas de distancia impuestas desde el primer día.
Al ser consultada cómo este hombre lograba entrar en contacto con sus hijos, que se encontraban bajo la tutela del estado, la fiscal fue categórica: “Esto es central que se entienda” enfatizó Marcolín “los niños bajo tutela de la subsecretaría no están presos. Es algo que algunos no entienden. Los niños en un hogar deben llevar la vida más normal posible. Un chico de 15, 16 años puede salir solo de su casa, salir a pasear, ir a visitar a un amigo… en la subsecretaría también debe tener esa posibilidad”.
Y luego repudió la decisión de los jueces que le negaron el pedido de prisión preventiva: “prevaleció la libertad del imputado sobre los intereses de estos menores. Los chicos salían a pasear, no tienen por qué tener una custodia personal al lado de ellos. Para eso está la prisión preventiva, el resguardo del testigo no es ponerle una custodia al testigo”. Y agregó “no se puede manejar una lógica donde la víctima esté privada de la libertad para preservarla. Entiendo que esto es lo que el juez (que finalmente dictó la prisión preventiva) ha valorado: las víctimas ya pasaron por un calvario, no podemos seguir revictimizando”.
El problema de las cámaras gesell
Fundamental para toda investigación que tiene como víctimas a niños menores es la declaración en Cámara Gesell, el ámbito especial para que los menores puedan expresar lo ocurrido.
En este caso, dado el estado de los niños, reticentes a la investigación sumado al estado de libertad del imputado que lograba mantener el contacto con sus víctimas e influir en ellos, no estaban dadas las condiciones para que se realice esta medida.
“No podía hacer las cámaras gesell. El imputado pedía permanentemente hacerlas porque tenía a los hijos dominados y ya sabía que los chicos iban a decir que es todo mentira” expresó Marcolín.
Incluso recordó que el pedido fue avalado por uno de los jueces, y validado en la cámara de apelaciones. “El imputado exigía que se hagan y subsecretaría decía que no se podían hacer en ese momento porque los niños tenían naturalizado todo lo que habían vivido. Había que hacer un proceso para que ellos entiendan que no era normal, que estaba mal lo que les había pasado” explicó la fiscal.
A continuación destacó el trabajo realizado por diferentes instituciones: “tengo que agradecer a la gente que actualmente tiene a estos niños, en un hogar que recibe niños de subsecretaría con un encargado que les brinda amor a los niños, con un equipo que se preocupa de una manera increíble y que lograron dar vuelta la situación. Esto es un trabajo monumental de la subsecretaría, que tantas veces es tan vapuleada. Sin la subsecretaría de la niñez hubiera sido imposible llevar adelante este caso”.
“Sin el apoyo de todas estas personas que se comprometieron de esta forma no hubiera llegado a nada. Tal vez el desenlace hubiera sido trágico” vaticinó Marcolín.
“Es un caso muy largo donde mucha gente dedico mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Conté con el apoyo del MPA de la subsecretaria de la niñez, del centro de asistencia a la víctima y del hogar donde los niños se sintieron contenidos para poder contar todo” destacó la fiscal.
Y luego le dedicó unas palabras a los diferentes magistrados que intervinieron en la causa y beneficiaron al imputado: “el interés superior del niño es lo que nos debe mover a todos los funcionarios del estado, si hubiera quedado privado de la libertad no se hubiera generado todo este derrotero y entorpecimiento, trasladando a los niños de Rosario a Santa Fe, de Santa Fe a otra localidad…”
¿Y la mamá?
Por último, la fiscal Marcolín expresó su preocupación sobre la situación actual de la mujer, quien hoy tiene paradero desconocido. “Ya libré oficios a reparticiones policiales. Él (Soffietti) realizó hace dos meses aproximadamente denuncia de pedido de paradero. Ella no se presentó en la última audiencia, y siempre iba con él… en el juzgado de familia y en la subsecretaría para intentar recuperar a sus hijos tampoco se presentó más. Regularmente iba a la subsecretaría a preguntar por sus hijos” detalló.
Luego recordó una situación que grafica tanto el compromiso de los distintos funcionarios que tomaron contacto con la causa, como la situación de sometimiento de la mujer a su marido: “Una vez ella se presentó sola en el Centro de Asistencia a la Víctima, les dijo que había ido sola y que estaba separada. Cuando la mujer se fue, una de las abogadas salió corriendo hasta la esquina para ver con quién había ido, y él la estaba esperando. Ese es el nivel de compromiso de todos los organismos involucrados en esta causa”.
