Lo decidió el juez Falkenberg en el marco de un habeas corpus presentado por los defensores tras denunciar una golpiza en la cárcel de Coronda.
Los hermanos Spaggiari deberán ser trasladados a la cárcel de Las Flores | Imagen ilustrativa
Maiquel Torcatt / Aire Digital
“Bienvenidos al infierno, esto es Coronda”, es la frase que los hermanos Matías y Fernando Spaggiari, investigados por estafas millonarias en Rafaela, atribuyen al personal del GORO (Grupo de Operaciones de Restauración del Orden).
Los imputados declararon en la audiencia de habeas corpus presentada por sus abogados defensores, en marco de una denuncia por una golpiza que habrían recibido en la cárcel de Coronda, el día que fueron trasladados.
Funcionarios del Servicio Penitenciario se opusieron al traslado de los imputados y aclararon que los hechos denunciados están siendo investigados tanto por el MPA como por Asuntos Internos del SP.
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En tanto, los médicos del Servicio y el médico forense de tribunales detallaron las lesiones constatadas en los Spaggari: un golpe en la parte lateral del tórax en uno de ellos que además refirió dolor para respirar, y una lesión en el dedo de una mano en el otro hermano, con complicaciones para moverlo.
La audiencia se realizó este lunes pasado el mediodía en la sala 7 de los tribunales de Santa Fe ante el juez Nicolás Falkenberg, quien resolvió hacer lugar a la pretensión de que los Spaggiari vuelvan a Las Flores, donde se encontraban detenidos hasta el traslado a Coronda.
Los abogados defensores particulares José María Silvela y Andrés Colón recordaron los hechos que fueron denunciados, en los que los hermanos Sparggiari habrían sido víctimas de una golpiza cuando fueron trasladados al penal de Coronda, el 30 de octubre. Las agresiones son atribuidas al personal del GORO, quienes les habrían manifestado “Bienvenidos al infierno, esto es Coronda”.
Los letrados cuestionaron que, tras las agresiones, los imputados fueron encerrados en la celda sin recibir atención médica hasta varios días después, cuando se presentó el pedido de habeas corpus.
Silvela y Colón reclamaron que los hermanos imputados por estafas sean trasladados a la alcaidía de Rafaela, donde estuvieron 10 meses cumpliendo prisión preventiva sin ningún tipo de complicaciones, o al penal de Las Flores, donde se encontraban previo al traslado a Coronda, ya que no está garantizada su integridad física.
Los funcionarios del Servicio Penitenciario remarcaron algunas contradicciones en la presentación de los defensores: según registros del SP, los internos fueron trasladados a Coronda el 31 de octubre, un día después de lo que ellos denuncian, y no consta que se haya requerido intervención del GORO. Además, las dos lesiones constatadas en los imputados no se condicen con el relato de los apremios realizado por los denunciantes, sostuvieron desde el SP.
Finalmente, desde el SP recordaron que el lugar de alojamiento de los detenidos es potestad exclusiva del Servicio, establecido por ley, y que se organiza según criterio de logística y cupos disponibles.
Al momento de resolver, el juez Falkenberg encontró acreditada la existencia de las lesiones, dos heridas que no presentaban cuando ingresaron al penal, y también encontró verosímil el relato de los dos hermanos. Los imputados dieron su versión de los hechos y relataron la "bienvenida" que les dieron en el penal: "Acá está naturalizada este tipo de violencia, pero nosotros decimos la verdad de lo que pasó", relataron los hombres.
El magistrado dispuso dejar sin efecto por este único caso la ley que otorga potestad al SP para definir el lugar de alojamiento de los internos, y dispuso que Matías y Fernando Spaggiari vuelvan a ser alojados en la cárcel de Las Flores.
Tanto Fernando como Matías Spaggiari se encuentran imputados como los jefes de una asociación ilícita que cometió por lo menos 152 estafas y despojó a sus víctimas de millonarias sumas de dinero, según estableció el fiscal Guillermo Loyola.
Por el caso, ambos hermanos quedaron en prisión preventiva, al igual que su madre Mirta Condotto quien atraviesa la medida cautelar de manera domiciliaria.
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Aquellas medidas fueron impuestas en octubre del 2023 por el juez Gustavo Bumaguin que analizó las evidencias presentadas por el fiscal Loyola, que acusó a las ocho personas que realizar captación de ahorro, de pesos y dólares, entre noviembre del 2019 y noviembre del 2022, bajo la promesa de devolver a los ahorristas un interés del 3% en dólares y el 5% en pesos.
Si bien en un principio el fiscal imputó 153 estafas, durante la audiencia de medidas cautelares amplió la cantidad de damnificados a 173 hechos y 85 denuncias, ya que tras salir a la luz el caso, se presentaron en sede judicial más personas y acusaron haber sido estafadas por el grupo inmobiliario.
Según estableció la investigación, los damnificados entregaron a la firma distintos montos de dinero: desde 40 a 60 mil dólares, como también el pago de indemnizaciones por accidentes de tránsito o seguros de vida de personas fallecidas. Sin embargo, con el paso del tiempo el pago de intereses no fueron entregados y motivaron a muchos de los ahorristas denunciaran al grupo.
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