Los dos motochorros que el pasado domingo intentaron robarle a una mujer de 74 años y que a causa de ello fueron brutalmente golpeados por transeúntes que pasaban la zona, recuperaron la libertad este jueves en los tribunales de Santa Fe. La excarcelación se dio luego de que la fiscal que investiga el caso, Gabriela Arri y la defensa de los acusados, Ignacio Alfonso Garrone, acuerden medidas alternativas a la prisión preventiva.
Los rastros de sangre que quedaron en la vereda tras la golpiza.
Dichas medidas fueron homologadas por el juez en turno, Octavio Silva, quien dispuso que los dos jóvenes que fueron detenidos, Jesús Antonio C. y Ramón S., queden bajo el cuidado de un guardador, fijen domicilio y además se presenten cada 30 días en el Ministerio Público de la Acusación para demostrar que se encuentran sujetos a la causa que los tiene implicados.
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Los acusados son dos jóvenes de 22 años y según declararon en tribunales realizan trabajos de jardinería. Los mismos fueron imputados por el delito de “robo simple en grado de tentativa” el pasado martes luego de que la Justicia comprobó que no llegaron a robarle a la mujer una cartera de color blanco en la esquina de Quintana y Alvear del barrio Sargento Cabral.
En aquella audiencia, los dos imputados reconocieron su actitud criminal, pero aclararon que “nunca tumbaron” a la víctima del asalto ya que previamente fueron abordados por un grupo de hombres que con puños y patadas los golpearon salvajemente en plena vía pública.
Por ese ataque, la defensa de Jesús Antonio C. y Ramón S. solicitó en su momento que se declare la nulidad de la detención ya que sostuvo que existió un "uso desmesurado de la fuerza física para lograr la aprehensión" de sus clientes. Sin embargo, el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Darío Sánchez, rechazó el pedido, pero sí sugirió a la Fiscalía que inicie una causa para determinar quiénes fueron los atacantes de los ladrones.
Durante la audiencia de este jueves, tanto la fiscal Arri como el defensor Alfonso Garrone, explicaron que los acusados del caso ya firmaron un juicio abreviado -el cual todavía no fue homologado ante un juez- por una pena de dos años de prisión de ejecución condicional y que cuenta con el aval de la víctima. Dicho acuerdo se dio ya que el delito achacado tiene una pena que parte de 15 días de prisión y puede llegar a cuatro como máximo de pena.
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