El juez de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, Jorge Andrés, dispuso que el principal sospechoso que tiene el crimen de Érica López, ocurrido el 1 de enero del 2007 en barrio Brigadier López, sea liberado tras considerar que la Justicia tiene que definir primero si la causa prescribió o no por el paso del tiempo. Se trata de Juan Carlos Moyano, quien desde que ocurrió el violento suceso permaneció prófugo de la Justicia provincial hasta el 2019.
El homicidio sucedió cuando la víctima festejaba el año nuevo.
El fallo del juez de alzada hizo lugar a los planteos que realizó la defensa de Moyano, a cargo de Claudio Torres Del Sel, que durante la apelación del pasado 12 de marzo remarcó que a su defendido no le hicieron conocer el “derecho” que tenía de optar en qué sistema de Justicia podía ser juzgado, ya que el delito por el cual se encuentra imputado, ocurrió cuando estaba vigente en la provincia el sistema de juicio escrito.
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El letrado también sostuvo que a Moyano le cambiaron los cargos ya que el crimen por el cual la Justicia lo requirió durante doce años fue el de “homicidio calificado por el uso de arma de fuego”. Sin embargo, cuando se presentó porque la causa había prescripto, los fiscales Mariela Jiménez y Roberto Apullán, modificaron la calificación jurídica y la agravaron tras sostener que en el hecho existió “alevosía”, “concurso premeditado de dos o más personas” en torno a quien consiguió el arma homicida y además “por la participación de un menor” ya que estuvo vinculado a la causa un familiar de Moyano que era menor de 18 años. En esa línea, Torres Del Sel volvió a solicitar la prescripción de la acción penal.
Una semana después de los planteos, el juez Andrés determinó que hasta tanto no se resuelva el planteo de prescripción de la acción penal, no se puede determinar la potestad del Estado para perseguir y juzgar penalmente un delito. Por esa razón, consideró revocar la prisión preventiva que le fue dictada a Moyano (por el juez Jorge Pegassano, el 15 de diciembre del 2019) fue “infundada” y, por tanto, “nula”.
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En efecto, el magistrado dispuso la libertad de Moyano pero a su vez ordenó que constituya domicilio, el cual no podrá ser modificado sin autorización fiscal. También ordenó que el acusado deba presentarse una vez por semana en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para demostrar sujeto al proceso que lo tiene involucrado.
El caso remonta al 1 de enero del 2007, en plenos festejos del año nuevo, cuando la víctima se encontraba en su casa junto a familiares. Moyano, quien era pareja de la joven en ese entonces, ingresó a la propiedad y tras una discusión -pasadas las 3- sujetó del cuello a López por lo que provocó que familiares de la mujer comiencen a increparlo. Ante tal circunstancia, aparecieron en escena un grupo de hombres -entre 5 o 6 estiman los archivos del caso- por lo que se generó una riña. Según la hipótesis de la Fiscalía fue Moyano quien sacó un revólver calibre 22 y abrió fuego contra López. El disparo fue certero e impactó en el pecho y causó la muerte de la joven.
Desde ese entonces, la causa sindicó como el ejecutor del disparo a Moyano. Pero el mismo, nunca pudo ser localizado pese a que se desarrollaron al menos diez procedimientos para detenerlo e indagarlo ante el juez Julio César Costa que instruyó la causa.
Doce años y un mes después, el hombre apodado “Salpi”, se presentó ante la Justicia provincial para quedar completamente desvinculado del caso. Sin embargo, cuando los fiscales Apullán y Mariela Jiménez tomaron intervención en el expediente notaron que la causa se debió enmarcar con una serie de agravantes que harían que la causa prescriba a los 15 años del violento suceso.
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