El búnker lo manejaba ella, Leila Schmitt, con su pareja Alan Funes, preso en el penal de Ezeiza. Los operarios salieron corriendo. No quedó nadie. Fue el primer punto de ventas que derribaron por orden de la Fiscalía de Rosario, que marcó el inicio del nuevo esquema de persecución en el fuero provincial del narcomenudeo, luego de que en diciembre la provincia adhiriera a la ley de desfederalización del microtráfico. Se buscó ese búnker porque es un emblema en un barrio atravesado por la violencia. Lo manejaron por lo menos dos generaciones del clan Funes.
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Esta gestión dio inicio al nuevo esquema de persecución en el fuero provincial del narcomenudeo, luego de que en diciembre la provincia adhiriera a la ley de desfederalización del microtráfico.
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Leila Schmitt fue detenida e imputada por amenazar a los obreros, que abandonaron los picos y mazas y huyeron ante la figura de la mujer que es una narco pesada en la zona. En la audiencia establecieron que debía pagar una fianza de 400.000 pesos, que fue un chiste para sus bolsillos, porque ese dinero lo recaudan en pocas horas en La Tablada.
Un mes después volvió a caer presa. Y esta vez no fue por una amenaza, sino por estar ligada con un doble crimen, por lo menos al principio. Los homicidios ocurrieron el 13 de febrero en ese barrio, donde fueron ejecutados el taxista José Luis Assale, de 63 años, y el pasajero que llevaba Carlos Uriel Acosta, de 21. El blanco de los sicarios, según la investigación, era el hombre más joven, pero a la hora de apuntar los atacantes no tuvieron reparo en asesinar al conductor del taxi, que era oriundo de San Lorenzo.
Leila Schmitt fue detenida, junto a otros soldaditos de la zona, porque cuando llegó la policía al barrio, alertada por el 911, un grupo de personas huyó por los techos de la casa de la familia Funes, que está ubicada al lado del búnker que en enero fue derribado.
Luego, la joven y su banda quedaron fuera del alcance de la hipótesis del doble crimen.
Pero no pasó mucho tiempo hasta que fue aprehendida otra vez. Fue por orden del fiscal Pablo Socca que investiga la saga de incendios contra autos en la calle que ocurrió hace poco más de tres semanas. El 13 de mayo pasado, en distintos allanamientos, se secuestró entre los escombros del búnker de la familia Funes, en Ayacucho al 4300, un bidón de nafta, que habría sido utilizado para sembrar terror en Rosario y mantener el miedo entre la población después de la seguidilla de cuatro crímenes que sacudieron la ciudad a principios de marzo.
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En los ataques incendiarios, como en los asesinatos de los dos taxistas, el chofer de ómnibus y el playero de la estación de servicio se encontraron amenazas contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y los ministros de Seguridad, de la Nación, Patricia Bullrich y provincial, Pablo Cococcioni. Funes es un hombre cercano a Esteban Alvarado, de quien se sospecha que es la sombra detrás de estos atentados, que el gobierno calificó de “narcoterroristas”.
En la audiencia, el fiscal Socca imputó a Schmitt, junto a Elisabet Aguirre y Carlos Cavallari, ordenar y planificar el incendio de 23 autos en la calle durante tres jornadas, el 27 de abril, el 3 de mayo y el 12 de ese mes.
El funcionario contó que se relevaron con cámaras de seguridad más de 4000 chapas patente para lograr identificar a los presuntos autores, que los testigos afirmaron que se movían en una Fiat Fiorino.
El juez Hernán Postma ordenó la prisión preventiva para los tres imputados. También hizo lugar al pedido de Socca de suspenderle todas sus visitas –a excepción de sus hijas– y las comunicaciones a Schmitt.
