La causa se inició tras una denuncia radicada el pasado 9 de noviembre donde se daba cuenta de que el imputado junto a otra persona le enviaban a la denunciante mensajes intimidantes por Whatsapp, donde le decían que si ella no aceptaba mantener relaciones sexuales con los hombres que Martín G. señalara, iba a ser entregada a una red de trata del norte del país. El joven fue detenido en su vivienda tras un allanamiento, imputado por varios delitos y el juez Alejandro Mognaschi le impuso la prisión preventiva sin plazos.
Múltiples víctimas
La fiscal Angela Capitanio atribuyó al joven la comisión de 10 hechos delictivos tipificados como promoción a la prostitución agravada por amenazas y por ser la víctima menor a los 18 años de edad y por la intervención de menores de 18 años; promoción a la prostitución agravada por ser la víctima menor a los 18 años y por la intervención de menores de 18 años; amenazas coactivas agravadas por la intervención de menores de 18 años de edad; promoción a la corrupción agravada por amenazas y por ser la víctima menor a los 18 años de edad; abuso sexual agravado por acceso carnal y promoción a la corrupción de menores de edad; amenazas; y promoción a la prostitución.
En diálogo exclusivo con Aire de Santa Fe, Capitanio explicó que están surgiendo nuevos casos de menores que habrían sido contactadas por el imputado. Por otro lado, en referencia al presunto captor de las víctimas, la fiscal aclaró que hay dos menores investigados: uno punible y uno no punible que quedó bajo la órbita del Juzgado de menores.
Las pruebas
"Nosotros secuestramos teléfonos y computadoras. De las pericias va a surgir si hay otro tipo de delito. Al día de hoy no hay evidencia de delitos fuera de la ciudad de Rafaela y los denunciantes también son de la ciudad". La fiscal aclaró que la investigación recién comienza y que va a llevarla hasta las últimas consecuencias. La fiscal aclaró que las capturas de conversaciones de whatsapp se validan como prueba.
Prudencia y protección
La fiscal habló de la prudencia y el cuidado que tienen al momento de comunicar la investigación debido a que las víctimas son menores. Por otro lado, aclaró que a partir de que la víctima y o los testigos denuncian o atestiguan tiene as disposición de inmediato protección brindada desde el Ministerio de Seguridad.
El imputado tiene defensa que le proveyó el estado, es decir defensor oficial del servicio público. En cuanto a la pena que podría corresponderle a Martín G. estos delitos en el concurso real tienen un mínimo de 10 años de prisión de ejecución efectiva y podría ser mayor si a la causa se le agregan más denuncias que puedan comprobarse.
Entrevista con Ángela Capitanio
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