El exjefe de la Unidad Regional II de la ciudad de Rosario, Marcelo “Conejo” Gómez, fue imputado este martes en el marco de la causa que lo investiga por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por la quita de una custodia al Centro de Justicia Penal de Rosario.
El funcionario policial recibió la advertencia a los pocos días de asumir Sain.
La imputación estuvo a cargo de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Paola Aguirre y se dio en una audiencia que fue presidida por la jueza penal, Valeria Pedrana. Por su parte, Gómez estuvo asistido por el defensor particular José Nanni.
El caso tomó estado público luego de que el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, envió a Gómez un audio donde le ordenó que en el plazo de una hora vuelva a disponer la custodia del edificio del Centro de Justicia Penal. “Director Gómez, habla Marcelo Saín, ministro de Seguridad. Le ordeno por este medio que restituya de manera inmediata el servicio de custodia de edificios públicos en una hora. Si no lo restituye mañana usted es denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y si ocurre algo en este tiempo las consecuencias para usted van a ser más graves desde el punto de vista penal", le dijo el funcionario. Y concluyó con una advertencia: "de lo contrario voy a ir para allá y la cosa se va a poner picante”.
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En su acusación, la fiscal Aguirre consideró que Gómez no acató la orden de que el servicio de custodia de policía al Centro de Justicia Penal (CJP) debía permanecer al frete de la entidad judicial ya que así lo dispuso un protocolo dispuesto por la plana mayor de la policía y del Ministerio de Seguridad tras la ola de balaceras a edificios públicos en 2018.
En esa línea, la funcionaria judicial destacó que el exjefe de la Unidad Regional II reasignó la custodia policial del CJP y derivó a efectivos policiales hacia la zona del centro y puntos comerciales en el marco del operativo “Felices Fiestas”.
La falta de personal de custodia de la entidad judicial fue advertida el 13 de diciembre por el fiscal Matías Edery y tal situación motivó que el ministro Sain envíe -sin ningún tapujo- el audio vía whatsapp donde le exigió que restablezca el servicio.
Para la fiscal, Gómez invocó “falsamente una orden operativa” -la de Felices Fiestas- para justificar la reasignación del personal, por sobre una orden provincial vigente y clara de custodias a los edificios judiciales como la sede del Ministerio Público de la Acusación, de Montevideo y Moreno, los Tribunales de Balcarce y Pellegrini y el propio edificio del Centro de Justicia Penal de calle Virasoro y su intersección con Mitre.
"Con su decisión Gómez contravino unilateralmente la orden provincial", sostuvo en la audiencia la funcionaria judicial en su imputación.
Tras concluir la acusación, el director Gómez prestó declaración y señaló que “tenía facultades para reasignar la custodia” ante los problemas que se habían dado en el centro con robos realizados por parte de mecheras. En tanto, destacó que “solo movió dos uniformados del CJP”.
Finalmente, y como medida cautelar, la fiscal solicitó la prohibición para salir del país de Gómez pero la jueza no hizo lugar por lo que dispuso que el exjefe policial solo fije domicilio y en caso de realizar un viaje de aviso a la autoridad judicial pertinente.
Defensa
Tras la imputación, el defensor del comisario Gómez habló con Aire Digital y destacó que está convencido que todo se trató de un “mal entendido” y falta de comunicación entre autoridades entrantes y salientes.
“Acá hay que contextualizar la situación. Había conflictos en la zona del Paseo del Siglo por denuncias de mecheras y hurtos y bueno el Director de Policía estuvo en sus facultades de destinar el recurso y el personal conforme los reportes que le pasan”, indicó el letrado.
“En ningún momento los edificios quedaron sin custodia policial. Lo que hizo fue sacar del Centro de Justicia Penal dos numerarios que se los destinó a la zona del Paseo del Siglo”, precisó Nanni.
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