Imputaron por administración fraudulenta al presidente de Unión, Luis Spahn

En la audiencia, la cual se dio en estado de libertad, las funcionarias judiciales le atribuyeron a Spahn haber tenido un arma de fuego sin la debida acreditación por lo que también fue imputado por "tenencia ilegal de armas de fuego".

La causa tuvo su inicio en 2019 a raíz de dos denuncias. Una de ellas formulada por la Inspección General de Personas Jurídicas y la otra por tres socios del club, en la cual indicaron distintas maniobras fraudulentas que se realizaron bajo la gestión del empresario de la construcción en el club de la avenida López y Planes.

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A partir de esas denuncias, el 11 de septiembre de aquel año, agentes de la entonces Policía de Investigaciones (PDI), junto con las fiscales Urquiza y Jiménez, desplegaron un allanamiento en las instalaciones de la entidad deportiva cuyos resultado fue el secuestro de documentación relevante para la causa.

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El 11 de septiembre, las fiscales llegaron al club, junto a policías de la PDI para concretar un allanamiento y secuestrar documental.

En sintonía con ese procedimiento, los investigadores también realizaron en ese entonces otros allanamientos que tuvieron lugar en la empresa Celestino Spahn S.A., el domicilio del presidente del club, el de su hermano y dos estudios contables para también recopilar información.

Basándose en esa documental secuestrada y otras medidas complementarias, las fiscales ordenaron realizar una pericia contable sobre los movimientos económicos realizados por Spahn y así determinar si llevó a cabo acciones fraudulentas.

Finalmente, dos años después, las representantes del Ministerio Público de la Acusación, obtuvieron los resultados de la pericia contable por lo citaron a audiencia de imputación de cargos a Spahn para atribuirle la "administración infiel" desde por lo menos el año 2010.