La medida judicial fue dictada por la jueza civil en feria, Ana Sosa Álvarez, que dejó sin efecto un recurso interpuesto por los exempleados, Federico Gastón Carbo y Diego Martín Acosta, que intentaron revocar el sumario administrativo por el que fueron despedidos del Estado provincial en julio pasado.
Tal pedido fue realizado bajo el argumento que a lo largo del sumario no se respetó el “derecho a la defensa” y el “debido proceso adjetivo”, por lo que solicitaron dar marcha atrás con el decreto que los cesanteó y el cual llevó la firma de la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio y el gobernador Maximiliano Pullaro.
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El planteo fue analizado por la jueza Rosa Álvarez, quien luego de analizar el caso, le bajó el pulgar a los exempleados y ratificó la decisión que tomó el Estado de echar a Carbo y Acosta del Estado.
Imputados por fraude
Ambos se encuentran actualmente imputados por estafas reiteradas en el marco de una causa que investiga un megafraude que implicó el desvío de fondos. Para la Fiscalía del caso, a cargo del fiscal Federico Grimberg, los empleados recibieron en sus cuentas bancarias montos de dinero superiores a los que les debían acreditar por la distribución del comúnmente denominado "Fondo del 30%”.
Dicho fondo pertenecía a la recaudación que surge de los servicios brindados en el efector a usuarios de obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga, seguros de accidentes, medicina laboral y otras entidades similares.
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Según estableció la investigación, el fraude fue por un total de 38.337.865 de pesos, monto que, actualizado por inflación, asciende a 100 millones de pesos. Por el caso, un total de trece personas fueron formalmente imputadas: se trata Jorge Alberto Carnaghi; Federico Gastón Carbo; Imanol Chiavassa; Laura Wery; Betiana Wery; Gerardo Robledo; Josías Robledo; Alan Carnaghi; Juan Aguilar; Diego Martín Acosta; María Belén Milessi; Aristela Beatriz Ocampo; y Analía Sweifel.
En el caso de Carnaghi y Milessi, fueron condenados luego de firmar un juicio abreviado en el que se le impusieron distintas penas.
En el caso de Carnaghi, el exencargado del área de liquidación de sueldos, firmó una pena de tres años en suspenso y se declaró autor de estafas y de administración y explotación de juegos de azar sin autorización. Mientras que Milessi, aceptó una condena por un año de prisión al ser declarada participe secundaria de las maniobras estafatorias.
