Estafas con casas prefabricadas: vence el plazo para que el empresario santafesino presente un plan de resarcimiento
Se trata de Néstor Gabriel Segovia, titular de la firma Moderno House que es investigado por contratos de construcción de viviendas que nunca se ejecutaron.
Policías del grupo táctico mientras custodiaban el ingreso al domicilio del empresario de las viviendas prefabricadas. .
Este jueves vence el plazo para que el dueño de la firma santafesina Moderno House, Néstor Gabriel Segovia, imputado por estafas mediante la construcción de viviendas prefabricadas en Santa Fe y Entre Ríos, presente un plan de resarcimiento a las víctimas del caso.
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El vencimiento se da a partir de que el pasado 18 de junio Segovia acordó presentar en 30 días una propuesta para reparar económicamente a los denunciantes del caso. Dicha propuesta, deberá ser analizada por el fiscal de la causa, Federico Grimberg que imputó al comerciante el delito de estafas reiteradas.
De no cumplir con el acuerdo, el empresario santafesino incumpliría una de las reglas de conductas que se le habían impuesto en la audiencia de medidas cautelares a la que fue llevado tras ser formalmente acusado por la Fiscalía.
La causa contra Segovia se inició a principios de este año cuando el comerciante fue denunciado por una serie de familias que lo acusaron de no cumplir contratos para la edificación de viviendas prefabricadas.
Según la imputación, el santafesino se comprometió a edificar viviendas de diferentes características, sabiendo que no tenía los medios para cumplirlo. Para el fiscal, Segovia ofreció condiciones de contratación ventajosas, bonificaciones de la platea de construcción, facilidades de pago, toma de dólares a cotizaciones superiores a las del valor de mercado y “congelamiento de precios” mediante entregas mínimas de dinero.
Al concretarse el negocio, Segovia acordaba el pago de señas en efectivo o transferencias bancarias y distintos esquemas de cuotas para saldar el total de la compra de la casa.
La firma establecía que una vez pagado el 70% del contrato, la empresa se comprometía a ejecutar la obra y finalizarla en un plazo de 90 días. Sin embargo, en ninguno de los casos (en total 11) no ocurrió y a raíz de ello el empresario fue denunciado penalmente por las personas damnificadas.