Este miércoles por la mañana, en la sala N° 7 del subsuelo de Tribunales se llevó adelante una audiencia imputativa, presidida por el juez penal Pablo Ruiz Steiger, para cuatro delincuentes (hombres y mujeres) por haber participado en delitos con modalidad de entraderas en casas de la zona rural accionadas de forma conjunta con una banda.
Los sospechosos fueron detenidos en el marco de 10 allanamientos perpetrados por la AIC
Gentileza AICEn el marco de la causa que investiga el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandro Benítez de la Unidad Fiscal de Esperanza, se reveló en la audiencia que la banda tiene una accionar organizado y que atacaban a viviendas que estaban alejados del centro de los pueblos. A cargo de la defensa de los cuatro detenidos, estuvo presente el abogado Raúl Sartori.
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Los imputados identificados son Matías A., Georgina Jaqueline A., Miguel Ángel B., y Germán M., que fue identificado como uno de los cabecillas de la banda. En sumatoria a todos juntos se les califican 14 delitos que se iniciaron según los registros, en septiembre del 2020 hasta octubre de este año y en cada uno de las entraderas fueron participando de forma alternada en conjunto de otras personas que aún no fueron identificadas.
Según se ventiló en la audiencia, esta asociación ilícita operaba con armas de fuego y dividían las tareas de reconocimiento del lugar, donde realizaban trabajos de inteligencia y marcaban las casas donde luego iban a entrar a robar. Por otra parte, hay otra persona que fue reconocida como jefe de la banda y que ya está cumpliendo prisión efectiva por otro delito, se trata de Cristian Alberto O., que no participó de esta audiencia.
El fiscal subrayó la calificación de los hechos para los cuatro imputados “como autores y coautores del delito de robo calificado por ser en despoblado y en banda calificado por arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada con el delito de privación ilegítima de la libertad calificada por ser cometida por amenazas y violencias”. Y uno de ellos fue caratulado como “coautores del delito de robo calificado por ser en despoblado y en banda calificado por arma de fuego en grado de tentativa”.
Allanamientos
La Agencia de Investigación Criminal (AIC) llevó adelante 10 allanamientos con motivo de más de 15 ilícitos denunciados contra la propiedad y las personas que venían sufriendo ciudadanos de zona rural del Departamento Las Colonia (Grutly, Pujol, Santa Clara de Buena Vista), Departamento La Capital (LLambi Cambel, Nelson), Dpto, San Jerónimo (Centeno) y Depto. Iriondo ( Las Parejas).
A raíz de estos procedimientos los efectivos policiales lograron dar con las cuatro personas buscadas y se produjo el secuestro de diversos elementos que son vinculados a la investigación, como así dos automóviles que eran los que se movilizaban para realizar los robos.
El funcionamiento de los 14 delitos denunciados por la fiscalía, consistían en que los delincuentes ingresaban a los domicilios con armas de fuego, maniataban a las personas que se encontraban dentro del mismo y en todos los atracos se llevaban una importante suma de dinero desde $10.000 hasta $800.000 pesos argentinos y $30.000 dólares. También sustraían elementos de valor, como herramientas, artefactos de cocina, alimentos, bebidas y escopetas.
El funcionario Benítez mencionó que la fiscalía cuenta evidencias, con actas de informe, actas de inspección ocular, entrevistas a testigos, informes y fotografías digitales, actas de allanamientos, CD con vídeos de cámaras de vigilancia y con escuchas telefónicas.
Por otra parte, se resolvió de común acuerdo entre las partes y con la conformidad del juez y los acusados, la solicitud de una audiencia de prisión preventiva con posibilidad de llegar a una acuerdo de procedimiento abreviado para los implicados Matías A., Miguel Ángel B., y Germán M.
En cambio, la resolución para Georgina Jaqueline A., fue la solicitud de libertad condicional con cumplimiento de distintas medidas, ya que la mujer tiene tres hijos y dos de ellos son menores de edad. Los requisitos que dispuso la fiscalía fueron ir a firmar al MPA con sede en la ciudad de Esperanza cada 30 días, fijar domicilio, no tener contacto de ninguna manera con las víctimas y la prohibición absoluta de portar armas de fuego.
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