viernes 15 de enero de 2021
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El bajo perfil de las fuerzas federales en Santa Fe, en un año en el que recrudeció la violencia

El 27 de febrero pasado, el presidente Alberto Fernández puso en agenda el problema del narcotráfico y la violencia en Santa Fe. La pandemia alteró los planes. En el 2020 hubo escasos avances en la coordinación de los efectivos federales en la provincia.

La pandemia pareció desdibujar el paso del tiempo. Hace menos de un año, el problema de la violencia y el narcotráfico en Santa Fe quedaron instalados como tema de agenda nacional el 27 de febrero pasado, cuando en el Monumento a la Bandera, el presidente Alberto Fernández afirmó que la Argentina “no tiene más espacio para soportar el crimen organizado”.

Ese día Fernández prometió que el 20 de junio, cuando retornara a ese lugar para celebrar el aniversario de la muerte de Manuel Belgrano, habría avances. Unos días después, el 1º de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente insistió con ese foco.

Anunció la creación de una secretaría de narcotráfico bajo la órbita de la Cámara de Apelaciones del fuero federal. En el hilo de su discurso propuso “la creación de un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo que también va a estar orientada a la investigación de la trata de persona, el lavado de dinero y el narcotráfico”.

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Alberto Fernández, Presidente de la Nación Argentina.

Alberto Fernández, Presidente de la Nación Argentina.

Fernández apuntó en ese momento que “la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y violento no es un show mediático, sino un compromiso estructural, sustentable y permanente para mi gobierno, que apunte a las raíces profundas de la impunidad”.

Diecinueve días después el presidente decretó el aislamiento social obligatorio en todo el país y esa agenda que fue punteada en su discurso pareció haber sido pensada en otro siglo. Nada fue igual a partir de la pandemia.

La decisión que había traslucido el presidente de poner la lupa sobre la violencia que supura del narcotráfico en Santa Fe quedó relegada ante la urgencia de una coyuntura compleja que dejó poco margen.

A lo largo del año, y con una violencia en crecimiento en la provincia a pesar de cuatro meses de aislamiento en las principales ciudades, el gobernador Omar Perotti insistió con sus pedidos, con el diagnóstico del ministro de Seguridad Marcelo Saín, de que la Nación se involucrara con mayor decisión en la provincia, sobre todo con el rol desdibujado y casi simbólico de las fuerzas federales en Santa Fe.

Una reunión que se realizó el 16 de octubre pasado en la Casa Rosada, donde se sentaron en torno a una mesa el presidente, el gobernador, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y los intendentes de Rosario Pablo Javkin y Santa Fe Emilio Jatón, fue clave para reposicionar el problema dentro de la agenda política nacional.

El presidente dio el aval para que se financiara con 3000 millones de pesos el equipamiento tecnológico de la policía de Santa Fe, a través de un plan de seguridad preventiva a partir de la creación en las principales ciudades de la provincia de los llamados Centros de Análisis y Operaciones. A fines de diciembre se terminó de ajustar la licitación para adquirir todo este equipamiento.

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El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain

En setiembre, un mes antes de la reunión en la Casa Rosada, había desembarcado en Rosario, por orden de la ministra Sabina Frederic, la Fuerza de Reacción Inmediata de la Policía Federal, un grupo de unos 60 efectivos que realizan controles aleatorios en la calle.

Aunque desde la cartera de Seguridad tratan de mirar el tipo de trabajo más que el número de los efectivos federales en Rosario y Santa Fe, ciudades atravesadas por hechos violentos que subieron los índices de homicidios en 2020, la escasa relevancia de los operativos deja abierto el interrogante sobre cuál es el papel de estos agentes en la provincia.

La apuesta más importante, según la visión del gobierno nacional, fue la decisión política de instalar una delegación de la cartera de Seguridad de la Nación en la sede de la PFA de Rosario. Para esa tarea la asignaron a la subsecretaria de Programación Federal del Ministerio de Seguridad Silvia La Ruffa, una funcionaria que tiene buena relación con Saín.

La idea inicial era que La Ruffa iba a coordinar el trabajo de las fuerzas federales e incentivar investigaciones criminales sobre grupos narcos. Pero la subsecretaria de Programación Federal estuvo a cargo sólo unos días para ajustar la instalación de la sede del Ministerio en Rosario, pero la tarea quedó bajo la órbita del secretario de Seguridad Eduardo Villalba.

No se vio hasta ahora ningún cambio sustancial en el rol y los movimientos de los efectivos federales, algo que preocupa en el gobierno de Santa Fe.

La sintonía que aparentaban tener la ministra Sabina Frederic con Saín, ambos fueron compañeros de claustro en la Universidad de Quilmes, para coordinar un enfoque de fondo en busca de combatir el crimen organizado derivó en mayores desacuerdos que coincidencias.

El próximo jueves Perotti tiene agendada una nueva reunión con la ministra de Seguridad de la Nación para ver volver a delinear un plan de trabajo conjunto, después de un año en el que hubo muchas reuniones pero pocos avances concretos en el territorio. Lo que sí aumentó fue la violencia en las dos ciudades principales.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.
La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.

En 2020 los homicidios en Rosario se incrementaron un 22% (214 asesinatos) con respecto a 2019, año que cerró con 168 asesinatos durante el final de la gestión del Frente Progresista, en cuyo gobierno empezó a crecer de manera vertiginosa la curva de crímenes a partir de 2013, cuando se cometieron 264, con una tasa que llegó a 22 homicidios cada 100.000 habitantes, más del cuádruple que la media nacional.

Más allá del incremento de los crímenes el año que acaba de concluir -la cifra más alta en los últimos cinco años-, quedaron al descubierto métodos cada vez más cruentos, como ocurrió el 23 de diciembre pasado con el hallazgo de dos cadáveres descuartizados dentro de sendos contenedores de residuos y en el arroyo Saladillo.

Los restos pertenecían a Jorge Giménez y Víctor Baralis. Según la investigación judicial, sus asesinatos habrían sido ordenados desde la cárcel de Piñero por Brandon Bay, un narco que lidera una pequeña organización muy violenta que era subsidiaria de Los Monos.

En un audio que se reprodujo en una audiencia del juicio en su contra, el 22 de diciembre, Bay hablaba de "cortar en pedacitos con una motosierra" a los que quería que "se vayan del barrio".

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