Esa decisión marcará el futuro de esta causa, que tuvo en los últimos meses decenas de enredos y maniobras para evitar que se profundice. No sólo está Bailaque como imputado, sino también personajes de peso, como el financista Fernando Whpei, y el extitular de la AFIP Carlos Vaudagna.
Al otro día, el jueves, este empresario, del Grupo Unión, será imputado en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario por tenencia ilegal de arma de fuego. Cuando se produjeron los allanamientos contra el financista apareció un arma en su oficina del Museo de la Democracia, que no estaba registrada. Fuentes de la causa federal señalaron que esa pistola habría pertenecido al exmontonero Rodolfo Galimberti, exsocio de Jorge Corcho Rodríguez, conocido por haber sido la expareja de Susana Giménez.
En la justicia federal hay expectativa por la decisión que tomará la Cámara de Casación Penal de la Nación. Se trata de una maniobra inesperada que se gestó a partir de que la Cámara de Casación Penal aceptó evaluar el planteo de un abogado tributarista, oriundo de Rafaela, que pidió que la causa sea investigada con el viejo sistema procesal penal y no el acusatorio, que se puso en funcionamiento en Rosario a principios de mayo de 2024.
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Este tecnicismo podría hacer naufragar una investigación que lleva más de un año y obligó a Bailaque a presentar su dimisión a partir del 1 de julio pasado —que aceptó el presidente Javier Milei—, antes de que el Consejo de la Magistratura lo destituyera, y así poder percibir su jubilación por el régimen especial de Santa Cruz, donde este exmagistrado trabajó entre 1994 y 2008, cuando fue designado juez federal en Rosario.
Las causas en la que está involucrado Marcelo Bailaque
Bailaque está siendo investigado en tres causas. Una es a partir de lo que reveló Aire de Santa Fe el 10 de junio de 2024, cuando se publicó que el entonces magistrado compartía su contador, Gabriel Mizzau –también actualmente con prisión domiciliaria-, con el principal narco de Rosario Esteban Lindor Alvarado. Mizzau firmó los balances de la empresa Sagrado Corazón, una de las que usaba este criminal para lavar dinero, con el asesoramiento del contador de Bailaque, quien, además, está sospechado de favorecer a Alvarado al no autorizar durante tres años escuchas telefónicas contra su entorno entre 2013 y 2016, lapso en el que el narco tuvo un exponencial crecimiento económico en base al tráfico de drogas y mató a decenas de sus rivales en el negocio mafioso.
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Bailaque está acusado también de extorsionar a un empresario, junto con el financista Fernando Whpei, quien como los otros imputados goza de la prisión domiciliaria, que este viernes se prorrogó por otros 30 días. Carlos Vaudagna, extitular de la AFIP Rosario, declaró como arrepentido en la causa y contó que en un asado en 2019 en la casa del entonces magistrado se coordinó la extorsión contra Claudio Iglesias, a partir de la apertura de una causa en base a un anónimo trucho. Bailaque ordenó allanamientos e inhibió a nivel bancario a este empresario, al que se pretendía perjudicar, según Vaudagna, por aspirar a presidir la compañía San Cristóbal Seguros, que aparece involucrada en la causa que tiene al expresidente Alberto Fernández procesado por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
La compañía rosarina, de acuerdo a la causa, habría pagado supuestos retornos en concepto de mediante facturas por servicios falsos o genéricos, como "servicios empresariales", "catering" o "horas de servicios prestadas".
El exjuez está acusado además de favorecer a su “amigo” Whpei, que dirigió la mutual Grupo Unión, con el manejo de los fondos millonarios de la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín, que estaba bajo intervención judicial, luego de que le abrieran una causa por lavado de dinero al extitular de esa entidad Herme Juárez, alias Vino Caliente. Bailaque avaló que unos 1.000 millones de pesos pasaran a ser operados por la mutual de Whpei, quien habría financiado campañas políticas de dirigentes de un universo transversal a nivel ideológico, como La Cámpora, Juntos por Cambio y el radicalismo.
Estas investigaciones derivaron en que el Consejo de la Magistratura basara su acusación contra Bailaque en estas causas. Pero antes de que fuera suspendido y luego destituido, el magistrado renunció. Antes había tratado, a través de distintos recursos, que la causa no avanzara, pero sus intentos habían chocado con las propias decisiones judiciales.
Bailaque pidió en marzo de este año que estas investigaciones fueran tramitadas por el antiguo sistema procesal penal. Es decir, el escrito, en la que el juez de instrucción tenía la batuta de la investigación. El objetivo, además, era desplazarlo al juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz.
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El Consejo de la Magistratura no pudo suspender y luego destituir al juez porque el magistrado renunció antes.
Primero hizo este planteo ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, que lo rechazó y luego fue a la instancia superior, a la Cámara de Casación Penal, que el 25 de marzo pasado, por mayoría, se declaró inadmisible ese planteo. La negativa fue firmada por los jueces Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña. En disidencia, votó el juez Carlos Mahiques, quien consideró que el viejo código era el que debía aplicarse para este expediente.
El capítulo por este tema parecía zanjado pero ahora la defensa de Guillermo Zenklusen, un tributarista oriundo de Rafaela, llegó con el mismo reclamo al máximo tribunal federal del país. Y este jueves resolvió llamativamente hacer lugar a la queja. La decisión tiene ahora otra integración. Ya no interviene Barroetaveña, que fue reemplazado por el juez Mariano Borinsky.
El fallo firmado por Mahiques y Borinsky señala que “en la medida en que la queja deducida reúne los requisitos de admisibilidad y fundamentación, corresponde proceder a la apertura de la instancia casatoria y habilitar el conocimiento de esta Cámara”. La resolución deja constancia que el juez Gemignani “no firma la presente por hallarse en uso de licencia”.
Si la Cámara de Casación falla a favor de este reclamo la causa contra Bailaque volvería a fojas cero, según advirtieron fuentes judiciales. Dejaría un agujero oscuro en lo que hasta ahora se investigó, con fuertes evidencias que obtuvieron los fiscales que trabajan desde el año pasado en estas causas. Fuentes de la Cámara de Casación Penal aclararon a Aire de Santa Fe que “de ningún modo la causa volvería para atrás, debido a que lo que ya se dispuso queda firme. Lo que está en discusión es si se aplica el código viejo o el nuevo”.
Hay otro movimiento dentro de este caso que llamó la atención, y que podría tener relación con el planteo del tributarista de Rafaela, que aún no está imputado. Fernando Whpei, quien pidió el viernes de la semana pasada una prórroga de la detención domiciliaria estaría en negociaciones para plegarse a la figura conocida como “arrepentido”. Pasaría a ser el segundo en esa condición, a la que adhirió en marzo pasado el extitular de ARCA Carlos Vaudagna, cuyo testimonio fue clave para imputar a Bailaque. Fuentes judiciales interpretan que Whpei estaría especulando con un posible fallo de Casación a favor de Bailaque, que provocaría un colapso en esta investigación.
