"El juego ilegal ha crecido junto con el juego legal. No es que uno suplantó al otro, sino que los dos crecieron", destacó el especialista.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
El sociólogo santafesino Astor Borotto, egresado de la Universidad Nacional del Litoral y además becario del Conicet, el cual investiga el fenómeno de los juegos del azar en la provincia, se refirió a la situación actual del juego clandestino en medio de un contexto en que la Justicia provincial investiga múltiples causas penales contra los capitalistas del juego que producen rentas millonarias desde las sombras.
El científico destacó que si bien existe una iniciativa del Estado en perseguir a las organizaciones clandestinas que operan con las actividades lúdicas que están al margen de la ley, poco se hace para evitar el "consumo problemático" que puede generar en los usuarios tal actividad.
El dialogo con Aire Digital, el especialista hizo mención al reciente decreto 998/20 que firmó el gobernador Omar Perotti el cual autorizó la explotación del juego online en los tres casinos que se encuentran autorizados: el de Melincué, Rosario y Santa Fe. Tal medida fue en razón de la pandemia del coronavirus y posibilita a los jugadores poder hacerlo a través de plataformas digitales.
“Ese decreto parte de la idea de que ir hacia el juego virtual sería como una extensión de lo que ya existe del juego presencial. Como se ha visto hay muchas diferencias entre el juego virtual y el presencial. Tiene alcances geográficos más grandes, sale de las fronteras de la provincia, abarca a públicos diferentes y también requiere una serie de resguardos distintos al juego presencial respecto, por ejemplo, a los controles para certificar la identidad de las personas y evitar el acceso de menores de edad”, remarcó Borotto.
— ¿Cómo se origina la radicación de los casinos en Santa Fe?
— Es una historia larga. Hubo muchos episodios en donde se intentó instalar casinos en Santa Fe, pero se encontró siempre una fuerte resistencia de parte de la Iglesia Católica, que en ese momento estaba encabezada por monseñor Gabriel Storni, un actor que gravitó en la política santafesina mucho tiempo y que no estaba para nada de acuerdo con la legalización del juego.
Recién en 2001 se legalizó el Casino acá en Santa Fe y fue la última provincia donde se blanqueó esta actividad. De todos modos, el juego ya había sido legalizado a través de loterías. En ese momento la ley habilitó la instalación de tres casinos: el de Rosario, Melincué y el de acá en Santa Fe. En 2007 se inaugura Melincué, en 2008 en Santa Fe y 2010 en Rosario. En todo ese proceso, a los gobernadores que les tocó atravesarlo, siempre trataron de despegarse de esto que finalmente es una política de Estado.
Por ejemplo, Jorge Obeid fue un confeso opositor a la existencia de los casinos y buscó demorar el llamado a licitación de los casinos para evitar que aparezcan durante su gestión, Hermes Binner, que también se manifestó públicamente en contra, no asistió a las inauguraciones. Sin embargo, al fin y al cabo, se convirtió en una fuente de recursos importante que ni la provincia ni los municipios están dispuestos a resignar.
— ¿Por qué es una fuente importante de recursos?
— Porque se ha vuelto una práctica masiva en nuestras sociedades y aún en crecimiento, basta ver los crecimientos interanuales de las recaudaciones de la Lotería de Santa Fe. A su vez, al ser una actividad que está moralmente vista con sospecha se generan especialmente impuestos sobre ese rubro. En Rosario con la pandemia y ante el cierre preventivo del casino se hizo evidente que las recaudaciones sostienen en un porcentaje importante al transporte público de la ciudad. Hoy en día al no existir esos aportes se afecta fuertemente un servicio como es el transporte local que entró en crisis. Lo cual también nos pone frente a la pregunta de hasta qué punto es conveniente que el sostenimiento de un servicio público esencial dependa en gran medida de un actor económico, con todo el poder que eso conlleva .
— Si bien los casinos se crearon para que no haya juego clandestino, la actividad siguió. ¿Por qué cree que se genera este fenómeno?
— A ciencia cierta no se sabe, pero pareciera que en la actualidad está muy lejos de lograr uno de los objetivos centrales de la ley que habilitó a los casinos en la provincia, que es combatir el juego ilegal. De hecho, el juego ilegal ha crecido junto con el juego legal. No es que uno suplantó al otro, sino que los dos crecieron.
El juego ilegal va a existir siempre que haya gente que quiera jugar. Esa es otra arista que también hay que contemplar. La demanda pareciera que es cada vez más grande y al tener Santa Fe esta configuración particular, de tres enormes casinos para todo el territorio, hace que se dificulte el acceso al juego legal para gente que vive en el interior de la provincia y esto crea un nicho para la oferta de juego clandestino en un contexto de expansión de la demanda.
La solución represiva ha demostrado no dar resultados hasta ahora frente a este problema, porque no va a eliminar una cuestión de fondo que es el auge del atractivo de los juegos de azar en la sociedad y las oportunidades de crear mercados ilegales en torno a esta actividad.
— ¿Por qué ese auge?
— Es un fenómeno mundial que atraviesa a sociedades muy diferentes. Si vemos desde los años setenta hasta la actualidad hay un proceso que es muy importante y que fue rápidamente naturalizado como es la expansión comercial de los juegos de azar a escala mundial. Durante gran parte del Siglo XX esta fue una actividad que existía pero se desarrollaba fuera de la ley. Los Estados vieron una oportunidad de recaudar sobre esta actividad pero a su vez, el aumento de la oferta legal encontró resonancia en la demanda de juego, la gente se apropió de muchas maneras de estos nuevos espacios, el público que asiste es muy variado, en cuanto a generaciones, género y clases sociales, y esto conlleva que existan muchas formas y significados de por qué ir a jugar.
Hay gente que se siente desafiliada de grupos sociales, notablemente jubilados y gente de la tercera edad, y encuentran en el casino a personas que comparten una misma pasión, hay gente que encuentra en ese espacio un lugar de diversión y desconexión con la vida cotidiana equivalente a otros espacios, hay otros que tienen la esperanza de ganar dinero por esos medios. El abanico de porqué la gente juega y que explica porqué se volvió un auge es grande y es también una cuestión a seguir indagando.
— Si bien se ejecutaron una serie de causas durante el 2020 por juego clandestino, ¿considera que no está en la agenda del Estado tratar el “juego problemático”?
— El accionar del Estado frente a este tema hoy queda centrado principalmente en la represión de la oferta ilegal del juego. Hay algunas iniciativas en cuanto a contemplar el lado de la demanda y cuando se vuelve problemática. En 2014, por ejemplo, se creó el programa Juego Responsable de la provincia como una iniciativa para dar respuesta a un fenómeno que pareciera que se está volviendo problemático para muchas personas, pero ese programa atravesó muchas discontinuidades con los cambios de gestiones por lo que no se ha convertido en una política de Estado sostenida. De hecho, es un programa que tiene muchos vaivenes, desarticulación regional y que muchas veces encasilla el problema solamente sobre los factores individuales y personales sobre cómo se desata esta problemática y no va sobre otros factores estructurales que influyen en el desarrollo del problema como, por ejemplo, la forma y dimensión de la oferta de juego.
— ¿Hay estadísticas que indiquen cómo está la situación de las personas que tienen consumo problemático con el juego?
— Las estadísticas por lo general son escasas y muchas veces son mezquinadas por los organismos que la generan. Quizás también por la evidencia que podrían aportar para que se desarrolle un debate sobre el juego, contrario al interés de muchos de los actores que integran este sector. No hay tampoco una producción sistemática y pública de información sobre el juego en Santa Fe. Lo que sabemos es muy poco. Por ejemplo, cuanta gente juega y de esa cantidad cuanta desarrolla un consumo problemático, cuál es el perfil de la gente que juegan, cuánto juegan, durante cuánto tiempo, en qué momentos, de donde son, son datos que no tenemos.
Además no se realizó un seguimiento, desde que se inauguraron los casinos al día de hoy, cómo se fue transformando la conducta de la gente en relación al juego. ¿Aumentó?, ¿Está igual?, ¿Disminuyó? No hay producción pública de este tipo de datos que aportarían mucho al debate sobre qué juego queremos o nos parece mejor para Santa Fe.
— ¿Qué conoció del programa Juego Responsable?
— En primer lugar, el programa evidencia una preocupación por parte del Estado sobre la temática. Pero también tenemos que ver ese lapso que hay entre las inauguraciones de los casinos y su posterior legalización con el programa que recién aparece en 2014. Hay un indicio de que el programa se da, si queremos, un poco tarde. No tiene una continuidad en el tiempo.
Muchas veces la administración de los programas de este tipo se dejan a cargo a los casinos que son los explotadores del juego. Es un poco como poner al lobo a cuidar las ovejas. Que no está para nada mal que los explotadores del juego implementen medidas en este sentido, pero el Estado tiene que ejercer un control sobre eso y tener un protagonismo central.
Por otro lado, este tipo de programas parte de un enfoque que delega la responsabilidad del problema y, a veces, de la solución exclusivamente en la persona que juega y excluyen la responsabilidad de quienes ofrecen el juego. Entonces considero que se debería girar un poco la visión y pasar de pensar la soluciones solamente a desde la persona a tener en cuenta la otra arista que tiene que ver con las formas de la oferta de juego.
Hay muchas alternativas que se han trabajado en otros lugares del mundo y que evitan quedarse solamente del lado del jugador. Se podrían abordar los tiempos en los que están abiertos los casinos. En otros países se han implementado dispositivos que permiten al jugador disponer de cuánto dinero juega. Es también responsabilidad del lado de la oferta, ya sea los explotadores como el Estado, hacerse cargo del problema.
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