El fallo lleva la firma de los vocales Leonardo Portela, Germán Carlomagno y Miguel Ángel Giorgio, quienes resolvieron por mayoría, hacer lugar a los recursos presentados por Juan Pablo Aguilera y Sergio Daniel Urribarri contra la resolución de la Sala I de la Cámara de Casación Penal del 19 de noviembre que dispuso el encierro preventivo.
Urribarri fue condenado a ocho años de prisión por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en cinco causas penales, sin embargo, la condena aun no está firme por lo que Casación había dispuesto una prisión preventiva al confirmar la condena.
Ahora, los vocales del Tribunal Superior de Justicia dispusieron “el cese de las prisiones preventivas de los encausados Juan Pablo Aguilera y Sergio Daniel Urribarri, y el restablecimiento de las medidas de coerción impuestas por el Tribunal de Juicio y Apelaciones el 5 de septiembre de 2024”, por considerar que no se había acreditado con solvencia el riesgo de fuga.
El periodista Romero recordó que Urribarri está próximo a cumplir 70 años, edad a partir de la cual puede solicitar la prisión domiciliaria.
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Sergio Urribarri pasó 50 días en prisión en un penal de Paraná
La condena contra el exgobernador Sergio Urribarri
En abril de 2022, Urribarri fue condenado a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en las cinco causas que se tramitaron desde septiembre del año anterior en los Tribunales provinciales.
De inmediato, el ex gobernador de Entre Ríos presentó la renuncia al cargo de Embajador en Israel que ocupaba. La noticia la recibió en Tel Aviv, cumpliendo sus funciones diplomáticas.
El fallo entendió que la instalación de un parador en la playa La Perla de Mar del Plata en enero de 2015; la difusión en medios nacionales de spots relacionados con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en diciembre de 2014 y la publicación de una solicitada contra los fondos buitre eran montajes para pagar con recursos del Estado la campaña de Urribarri para posicionarse como uno de los candidatos a disputar la sucesión de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia de la Nación.
También se apuntó contra el exmandatario por un esquema de cartelización de publicidad en vía pública en favor de las empresas que la Justicia entendió eran operadas por personas a las que se consideró testaferros de su cuñado Aguilera.
Por último, se lo condenó por la contratación de publicidad oficial a través de una empresa denominada Global Means sin haber cumplido con los requisitos formales para ello.
