Continúa la investigación por la venta ilegal de autopartes
Los distintos operativos se dieron en el marco de una investigación llevada a cabo por la PFA Delegación Rosario durante varios meses. En el desarrollo de la misma se determinó que un comercio de venta de repuestos del automotor vendía autopartes ilegales, cobrando las mismas en el local y derivando a los clientes con un papel informal de pago para el retiro del material a un depósito (desarmadero) ubicado a pocas cuadras del lugar.
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Se secuestraron dos armas de fuego: un revólver calibre 32 y una escopeta.
Desde la Fiscalía de delitos complejos perteneciente a la Policía Federal informaron que las condenas para estos casos van de 15 días a tres meses. “Se hará una investigación exhaustiva de todas las piezas verificables para determinar fehacientemente que no provengan de otro ilícito. En caso de que provengan, la figura penal aplicables puede cambiar”, afirmaron.
Además, sostuvieron que la infracción a este tipo de ley es de competencia ordinaria sin perjuicio de que es el registro nacional que se encarga de regular las cuestiones relacionadas a los desarmaderos.
Consultados sobre si existe un monto estimativo de dinero en lo que respecta a las autopartes, dijeron que es “difícil”. “Un valor es el que puede tener para estas personas que lo comercializaban ilegalmente y otro monto es el que se puede obtener a partir de reducir toda esa chatarra”.
Tras los operativos hubo 13 detenidos, armas secuestradas y se recuperaron miles de autopartes, 948 vehículos en proceso de desguace y 210 motores de vehículos. Cabe destacar que todas las personas recuperaron la libertad. “Se está evaluando cuáles de ellos serán citados como imputados”.
Respecto al delito que se les imputa a los detenidos confirmaron que se trata de “Venta de autopartes prohibidas”. “Hay autopartes que no se pueden vender”, aseguraron.
Las autopartes estaban almacenadas en un lugar que no estaba habilitado para tal fin. “Se comercializaba al público, quienes obtenían una especie de recibo desconociendo la procedencia”, continuaron.
Las penas que pueden caberles a los imputados en el caso van desde 15 días a 3 meses de prisión, multas hasta $200 mil y una pena de inhabilitación de uno a tres años para la actividad.
