El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Santa Fe condenó a una mujer de 75 años identificada como María Inés Chávez por haber explotado sexualmente a jóvenes santafesinas y oriundas de la República Dominicana en al menos dos prostíbulos de la ciudad de Rafaela. La sentencia a 4 años de prisión fue arribada a través de un juicio abreviado y lleva la firma del juez Luciano Lauría.
En uno de los domicilios allanados los investigadores secuestraron grandes sumas de dinero.
La presente causa se desprende de otra en la cual ya fueron condenados un hombre y una mujer, en octubre de 2021, por la “explotación económica del ejercicio de la prostitución agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas”.
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Mujeres vulnerables
La causa tuvo su origen el 10 de abril del 2014 cuando una persona anónima llamó a la sede de la Dirección Especial de Prevención y Sanción del delito de Trata de Personas Delegación Rafaela y denunció que en una vivienda de calle Jaime Ferrré, se encontraban jóvenes que ejercían la prostitución en claro estado de vulnerabilidad. "Se encuentran femeninas ejerciendo la prostitución, donde además una señora del apellido antes mencionado, le sacaría el dinero a esas mujeres que se encuentran realizando ese tipo de actividad", dijo al respecto.
Por el caso, inicialmente, se concretaron dos allanamientos en inmuebles ubicados en calle Alvear al 1300, y en calle Edison s/n. Ambos fueron realizados por agentes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. A partir de allí, los investigadores del caso pudieron establecer a los principales implicados en la causa, los ya condenados José Luis Vega y María Guillermina Herrera. De hecho, mediante escuchas, detectaron que la pareja acogía y recibía mujeres de escasa instrucción educativa y sumergidas en la pobreza, muchas de ellas de origen dominicano, para luego explotarlas sexualmente en distintos prostíbulos de Rafaela.
El quiebre de la organización, de la cual también participaron otras personas, se dio el 27 de mayo del 2019, cuando los investigadores desplegaron una serie de allanamientos en donde fueron detenidos Vega y Herrera. Estos dos últimos fueron acusados de haber acogido a tres mujeres en una vivienda de Edison al 200 de esa jurisdicción desde una fecha que no logró establecerse para someterlas a la prostitución constante y así lograr obtener ganancias.
Herrera, era la encargada del lugar, de la gestión y registro de pases sexuales, como así también de la recepción de las víctimas. No obstante, la causa también detectó que, en otro domicilio, en Alvear al 1300, una mujer de República Dominicana era también quien regenteaba a mujeres para la explotación sexual.
De la investigación a Vega y Herrera se dio origen a la causa por la que culminó condenada Chávez, ya se que se pudo comprobar que ella era la dueña de las residencias donde se explotaba sexualmente a las jóvenes: las víctimas son coincidentes y concordantes al señalar el alquiler mensual de las habitaciones y los cobros de “pases” que realizaban a Chavez, siendo ella quien proporcionaba el sitio para que residan, ejerzan la prostitución y quien dirigía cuanto menos los domicilios linderos de calle Edison al 2000 y Alvear al 1300.
Explotación documentada
De la causa surgió que Herrera fue quien recibía a las mujeres y les indicaba cuáles iban a ser sus “ingresos” y además que por cada “pase sexual” tendrían una retención del 50 por ciento. En cuanto a los montos, una de las víctimas manifestó que el valor de los pases oscilaba entre “$400 y $600 pesos según el tiempo exigido por el cliente”. En tanto las otras dos que declararon en cámara gesell refirieron que el valor era de “$400 y podía llegar a los $1500”.
Las tres mujeres indicaron además que les eran descontados los gastos de alimentación, higiene y limpieza del lugar, como así también que Herrera les indicaba estrictamente cómo debían vestirse y la posición que debían adoptar para atraer clientes en la puerta del domicilio.
En relación a Chavez, la mujer obtuvo un porcentaje considerable del dinero recaudado como consecuencia de los “pases” realizados por las víctimas, mediante los cuales afrontaban los costos del contrato celebrado en concepto de alquiler temporario. Cada una de las víctimas sostuvo que abonaba directamente a Chávez de tres mil quinientos pesos ($3.500) a seis mil pesos ($6.000) por mes de acuerdo al tiempo en que se quedaban en el lugar.
Esto le permitió a la justicia dar por acreditado que Chavez se benefició económicamente de la explotación sexual de las mujeres a quienes bajo la fachada de proporcionarles un sitio donde vivir, controlaba y proveía de los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad; accionar delictivo que reconoció ante el fiscal general, debiendo en consecuencia responder por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución.
Como prueba evidente de la explotación, en dos cuadernos que fueron secuestrados, los investigadores detectaron que allí figuraban anotaciones tales como: Karen”, “Sole”, “Flor”, “Mari”, “Ale”, “Dai” y “Daiana”, “Karen”, “Sole” y “Guille” junto con valores consignados a cada una de ellas. En dichos escritos, además figuraba el nombre de “José”, en clara alusión a Vega, el cual pasaba por el domicilio para cobrar “el alquiler”. Por otro lado, en la suntuosa casa donde vivía Vega, en barrio Villa Aero Club, los investigadores secuestraron 3.600 euros, ocho mil pesos, y un puñado de dólares y reales, que se presume era parte de la ganancia obtenida por la explotación sexual.
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