miércoles 21 de octubre de 2020
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Colón: el expresidente Lerche y su comisión directiva van a juicio oral por administración fraudulenta

Un fallo de la Cámara de Apelaciones confirmó la acusación presentada por la Fiscalía y sostuvo que los planteos de las defensas deberán discutirse en un debate oral y público.

El juez de la Cámara de Apelaciones Sebastián Creus resolvió confirmar la acusación por administración fraudulenta que pesa sobre la ex Comisión Directiva del Club Colón que fue presidida por Germán Lerche, en la causa que lleva adelante la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Mariela Jiménez.

El camarista revocó parcialmente la resolución del juez que presidió la audiencia preliminar de juicio, Nicolás Falkenberg, en aquellos puntos donde el magistrado sobreseyó a los acusados, puntualmente: librar cheques a sabiendas que no tenían fondos; la utilización de telefonía celular contratada por el Club para fines personales; y la contratación de una secretaria privada para Lerche.

La resolución de la audiencia preliminar fue apelada por el Ministerio Público de la Acusación por los tres hechos sobreseídos, por la defensa de Carlos Alberto Marín -representada por Néstor Oroño-, por la defensa de Rubén Osvaldo Moncagata -ejercida por Matías Spadaro- y por la defensa de Germán Lerche -a cargo de Luis Rossini, Angelo Luis Rossini y Gabriel Hernando-.

El caso forma parte de una investigación que tuvo su inicio en noviembre de 2013, a raíz de una denuncia radicada ante la Fiscalía N° 3 (del viejo sistema procesal penal), por el entonces síndico del club, José Luis Isaía. Aquella denuncia dio cuenta de una serie de presuntos manejos irregulares de los recursos del Club por parte de quienes formaban parte de la Comisión Directiva entre 2006 y 2013.

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Mariela Jimenez, la fiscal que investiga a la ex comisión directiva de Colón

Mariela Jimenez, la fiscal que investiga a la ex comisión directiva de Colón

La reciente resolución, a la que tuvo acceso Aire Digital es el resultado de una apelación que tuvo lugar el pasado 25 de septiembre en el primer piso de la Cámara de Apelaciones, donde tanto la Fiscalía como la defensa formularon sus planteos. En el caso de la fiscal Jiménez, la funcionaria judicial solicitó la revocación de una serie de sobreseimientos que dictó el juez de primera instancia, Nicolás Falkenberg, cuando se llevó a cabo la audiencia preliminar de juicio.

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Teléfonos celulares

El primer sobreseimiento que cuestionó la Fiscalía fue el que se vincula al uso y pago del Club de la telefonía celular por parte de la entonces Comisión Directiva. En este aspecto, el juez Falkenberg había sostenido que no resultaba irrazonable que la entidad deportiva proveyera -a su costo- servicios de telefonía celular a sus directivos.

Sin embargo, el camarista Creus entendió que esas razones no fueron suficientes para descartar el delito. “Por un lado, podría constituir un abuso el hecho de haberse dispuesto la contratación sin decisión de la Comisión Directiva. Ello podría probarse como excesivo y, por tanto, en un beneficio para terceros o para los propios imputados”, destacó el magistrado de alzada.

Cheques sin fondo

El fallo también se refirió al segundo cuestionamiento que llevó a cabo la Fiscalía, el de libramiento de gran cantidad de cheques a sabiendas que no podrían ser pagados. Sobre ese aspecto, Jiménez había planteado que esa conducta que empleó la Comisión Directiva pudo ser parte de una "maniobra para consolidar el perjuicio patrimonial de una gestión total descontrolada voluntariamente".

En ese punto, el juez Creus revocó el sobreseimiento e hizo lugar al planteo de la Fiscalía. De igual manera, aclaró que tal acusación deberá "ser acreditada" en un debate y quizás no como una conducta abusiva por parte de la Comisión sino como una "administración infiel".

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Secretaria privada

El último punto que sobresale del fallo judicial apuntó a la imputación sobre la utilización de los "servicios de una secretaria personal y privada contratada y cuyo sueldo fue pagado por el Club Colón". Tal acusación, había sido desestimada por Falkenberg en la audiencia preliminar tras considerar que "no resulta censurable la contratación de una trabajadora de esas características en una institución".

Sin embargo, el juez Creus mantuvo otro punto de vista y destacó que si bien los servicios de un trabajador deben ser prestados en favor de quien paga su salario, en caso de que se acredite que la secretaria prestaba servicios en beneficio de intereses privados del presidente de la institución puede haber "un perjuicio patrimonial"

"Puedo entender que, según los usos y prácticas (hasta diría, la corruptela mínima aceptable en esta sociedad a la que nos hemos mal acostumbrados), algunas prestaciones personales podrían ser admisibles, pero no lo sería si gran parte o la mayoría de la actividad de la empleada fuera en favor de intereses ajenos al Club. Esta es una cuestión de prueba, propia del juicio, pero de ningún modo supone un defecto formal de la acusación”, sintetizó el magistrado.