Así se fugó el autor del disparo contra Hugo Oldani. Llevaba en sus manos el arma de fuego 9 milímetros.
El juez penal de tribunales, Héctor Gabriel Candioti, ordenó la apertura del juicio oral y público contra los últimos imputados que tiene la causa que investigó el homicidio del empresario del turismo y financista, Hugo Oldani, asesinado el 11 de febrero del 2020 tras un asalto que tuvo lugar en su oficina de la galería Rivadavia (La Rioja al 2400) de la ciudad de Santa Fe.
La medida judicial fue mediante un fallo, al que tuvo acceso AIRE, que admitió un total de 191 testigos para que declaren en lo que será el futuro debate y los cuales fueron convocados por la Fiscalía del caso, a cargo de Gonzalo Iglesias y Ana Laura Gioria, la querella con Romeo Díaz Duarte y los defensores, Gustavo Gabriel Abraham y Alejandro Emilio Maggi.
La resolución ordenó además mantener la prisión preventiva para los dos imputados que tiene la investigación por el homicidio. Se trata de Juan Manuel Ruffino (asistido por Maggi) y Andrés Kaipl (representado por Abraham), ambos detenidos con prisión preventiva e imputados por “homicidio doblemente agravado por ser perpetrado mediante el empleo de un arma de fuego y criminis causae (por ser cometido para procurar su impunidad)” y “robo doblemente agravado por ser perpetrado mediante el empleo de un arma de fuego apta para el disparo y por haber sido cometido en poblado y en banda en grado de tentativa en carácter de partícipe principal y en concurso real”.
Por el caso, otras dos personas ya fueron condenadas en distintas etapas del proceso judicial que se inició a partir del robo y muerte de Oldani. Primero fue Agustina González, cuya causa se tramitó en la Justicia de Menores, ya que al momento del hecho tenía 17 años y la cual recibió una pena de 10 años por haber acompañado al joven que mató al financista, Bruno Figueroa, quien se quitó la vida en la cárcel de Las Flores. Mientras que Brian Nahuel Damiani aceptó una condena de 12 años de prisión luego de oficiar como el “campana” del robo letal.
El fallo del juez Candioti también se refirió al pedido que realizó la defensa de Ruffino, para que entre los testigos declare Cristina Ferraro, quien fue la primera fiscal de la causa y cuya participación quedó opacada por la desaparición de millones de pesos y dólares que se encontraban en la oficina de Turismo Oldani y que se presume eran utilizados para compra y venta ilegal de moneda extranjera. De hecho, por esa desaparición, Ferraro terminó siendo investigada, indagada y luego procesada en el Juzgado Federal N°2, por encubrimiento, en el marco de una causa que inició el fiscal federal Walter Rodríguez.
Al respecto, la resolución de Candioti se opuso a que la funcionaria sea citada al juicio tras argumentar que no podría prestar declaración bajo juramento de decir verdad al encontrarse hoy indagada en la Justicia federal. “Resulta irrazonable, como, por ejemplo, citar como testigos a los diferentes magistrados que intervinieron en las audiencias de prisión preventiva y sus revisiones, audiencias que al igual que el procedimiento llevado a cabo por la fiscal se encuentra registrado en filmación de audio y video”, sostiene la resolución.
La apreciación del juez sobre la situación de Ferraro generó un contrapunto, ya que el magistrado rechazó que sea testigo, pero paradójicamente admitió a prestar declaración a dos policías que también se encuentran procesados por la misma causa en la Justicia federal. Se trata de Walter Barco, el entonces jefe del Departamento Operativo de Investigación Región 1, y Hernán Galán, quien oficiaba como jefe de la División Homicidios, ambos pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal y procesados como “presuntos autores del delito de inutilización de objetos destinados a servir como prueba ante la autoridad competente”.
La reciente resolución rechazó además los planteos que hicieron las defensas del caso, que por separado, cuestionaron el encuadre jurídico que hicieron los fiscales y la querella. Por ejemplo, el defensor de Ruffino pidió la nulidad tras considerar que en la acusación existen dos hechos distintos pese a que el suceso fue uno solo. En esa línea, Maggi apuntó a que las participaciones que achacó la Fiscalía, tanto a su defendido como la de Kaipl, fueron distintas por lo que los acusados deben saber las particularidades de la conducta de cada uno de ellos.
En la misma vereda, Abraham realizó un planteo similar y además sostuvo que los fiscales mintieron en la acusación al sostener que hubo un encuentro previo entre Kaipl y el resto de la banda, unas horas antes al robo. En tanto, volvió a sostener que no existen elementos reales para atribuirle a Kaipl haber sido quien entró a la galería a donde mataron a Oldani unas horas antes, como así también que fue él quien secundó a la banda a bordo de un Fiat Palio gris al momento del robo. Según el abogado, su asistido estaba ese día en la Iglesia del Carmen, ubicada a una cuadra de donde ocurrió el asalto de Oldani.
El robo ocurrió el 11 de febrero del 2020, entre las 17.45 y las 18, cuando un grupo de delincuentes, entre los que se encontraban Damiani y González, descendieron en Tucumán y Rivadavia. Allí caminaron hasta La Rioja y se metieron a la galería Rivadavia en donde estaba la oficina Turismo Oldani SRL. Damiani quedó en la puerta de la galería, mientras que González fue hasta el local junto con Bruno Figueroa, quien tras irrumpir en el local forcejó con Oldani y lo baleó en la zona del abdomen para luego escapar.
Los tres delincuentes escaparon de la galería y subieron al Toyota Corolla blanco que los aguardó en frente, cerca de las oficinas de Aguas Santafesinas, y en el cual se encontraba Ruffino –según la acusación– quien arrancó y a toda velocidad escapó del lugar. Detrás del Corolla, aseguran desde Fiscalía y querella, siguió un Fiat Palio que fue captado por las cámaras y en el cual iba Kaipl para dar apoyo.
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