El Caso Vaudagna representa numerosas causas de corrupción que tienen como sospechosos, entre otros, a jueces, empresarios, abogados, escribanos y financistas.
A fines de diciembre del año pasado, Gendarmería Nacional allanó una escribanía de Santa Fe y una sede del Colegio de Escribanos, donde se encontraron documentos relevantes para la causa.
La Justicia federal ordenó las indagatorias del exjefe del exjefe de Afip Santa Fe y Rosario, Carlos Vaudagna; de un actual empleado de la agencia recaudadora, un escribano, un abogado y otras siete personas; en el marco de una de las tantas causas que tienen a Vaudagna como epicentro, pero que ya afectaron de manera directa a jueces, financistas, empresarios y agentes del Arca en distintos puntos del país.
En este caso, se trata de una investigación que surgió desde los chats y por situaciones que el mismo Vaudagna reconoció cuando decidió declarar como arrepentido.
La causa apunta a posibles irregularidades en la fiscalización de una empresa constructora de Santa Fe y en la que se sospecha la comisión de delitos tales como violación de secretos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos.
La empresa en cuestión es Ricardo Mallozi SA. El juez a cargo del Juzgado Federal 1 de Santa Fe, Aldo Alurralde, ordenó estas indagatorias a pedido de los fiscales Walter Rodríguez, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe; Roberto Salum, de Reconquista; Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos; y Juan Argibay Molina, a cargo de la delegación Rosario de esa procuraduría especializada.
Según la investigación, entre marzo y julio de 2017, Vaudagna y el inspector del Arca, Marcelo Bulacio -todavía ahora en funciones- tomaron decisiones que pueden haber beneficiado a esta empresa constructora, a cambio de una contraprestación económica.
Se los acusa de haber realizado un ajuste fiscal inferior al que correspondía por las obligaciones tributarias incumplidas de la empresa durante los períodos fiscales 2013, 2014 y 2015.
Los fiscales aseguran que, según las evidencias, el abogado de la empresa, P.R.G. -también imputado-, habría sido el encargado de entregar dinero a los funcionarios.
De los diálogos por Whatsapp se infiere que la empresa se encontraba bajo fiscalización por parte del organismo recaudador, y que Bulacio habría intervenido directamente en el proceso, aprovechando su posición como agente del Arca.
Los hechos investigados con respecto a la empresa Mallozzi SA fueron reconocidos por Vaudagna el 18 de marzo de 2025, cuando firmó un acuerdo de colaboración con representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, para brindar información relevante y comprobable que permitieran avanzar en las causas de corrupción que involucran, entre otros, al exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque.
Según reconoció Vaudagna ante los investigadores, él intervino de manera directa, junto a Bulacio, para que instrumentar una estrategia que le permitiera a la empresa Ricardo Mallozzi SA justificar una suma de dinero encontrada durante una inspección del organismo recaudador.
Los investigadores sospechan que el mecanismo para justificar los fondos fue el siguiente: se hizo figurar una supuesta operación comercial de varias hectáreas de terrenos cercanos a la laguna Setúbal, gracias a la firma irregular de un acta notarial fechada en 2013.
Durante el allanamiento al estudio del escribano J. I. T. de la ciudad de Santa Fe, se secuestró un “contrato de compraventa y cesión de derechos” antedatado (fechado en enero de 2013, pero facturado en junio de 2012 y enero de 2013), que habría sido utilizado para justificar falsamente aportes irrevocables de los socios de la firma, para así eludir ajustes fiscales. El acta bajo sospecha fue confeccionada por la escribanía ubicada en Irigoyen Freyre 2928.
En las investigaciones se valoró el informe final de inspección de la exAFIP, suscripto por Bulacio y otros funcionarios, donde se reflejó el ajuste practicado a Mallozzi S.A. que, según la hipótesis acusatoria, se correspondía con el plan delictivo elaborado previamente en los chats para beneficiar a la empresa.
En su resolución, el juez consideró que las pruebas presentadas por la fiscalía son suficientes para sospechar que los imputados pudieron haber participado en los hechos delictivos investigados y dispuso que las once personas comparezcan a prestar declaración indagatoria mediante videoconferencia, entre marzo y abril próximos.
Asimismo, a pedido de los fiscales, Alurralde ordenó que Bulacio sea trasladado a otra dependencia del Arca y le prohibió concurrir a las agencias de Rosario y Santa Fe del organismo, mantener contacto con empleados o funcionarios de esas reparticiones.
A todos los imputados les prohibió la salida del país sin autorización judicial.
