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Caso Alvarado: un rompecabezas que revela cómo se armó el mapa narco en Rosario

El juicio al narco Esteban Alvarado, que se está desarrollando en Rosario, devela la aceitada cadena de complicidades policiales, judiciales y políticas que desde hace una década moldea el mapa narco.

El juicio a Esteban Lindor Alvarado, uno de los narcos más pesados y sofisticados de la historia reciente de Rosario, se transformó en un rompecabezas, que asentado sobre episodios del pasado logran explicar este presente marcado por una violencia que se arrastra desde hace una década. Nada fue una casualidad del destino.

El caso Alvarado aportó el “porqué” de una historia que no se explica sólo con el crecimiento de las bandas narcocriminales, como la que lideran el acusado y Los Monos, entre otros, sino que tiene ahora un desarrollo lineal más amplio, en otros ámbitos que no están manchados con sangre, como la política y la justicia. La policía, que es otro factor clave, ya había quedado al descubierto como un articulador del mundo criminal.

El valor de los testimonios que se sucedieron desde mediados de febrero en las audiencias dejaron en el terreno de las versiones, las hipótesis y las notas periodísticas las maniobras que prueban que Alvarado tuvo la protección necesaria para ampliar su negocio con una estrategia de destrucción a sus competidores, con la ayuda de un brazo del Estado, con sectores de la policía y la connivencia de la justicia, donde también comulgaron intereses políticos.

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Esteban Lindor Alvarado intentó quedarse con el monopolio de la venta de drogas en Rosario.

Esteban Lindor Alvarado intentó quedarse con el monopolio de la venta de drogas en Rosario.

Los mismos fiscales, como Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que profundizaron una investigación de juego clandestino que llegó el año pasado hasta las entrañas del poder, con el senador Armando Traferri como referente de un sector que supuestamente operaba para la mafia, fueron los que con la investigación al clan Alvarado se zambulleron en otro capítulo aún más ríspido.

¿Qué empezó a quedar claro durante el juicio?

-Alvarado fue el “elegido”, junto con Luis Medina, para quedarse con el monopolio de la venta de drogas en Rosario.

Uno de los primeros que puso empeño en construir esta “sociedad” narco fue el exjefe de la Policía de Rosario Néstor Arismendi, según detallaron los testigos Mariana y Rodrigo Ortigala, que pertenecieron al clan Alvarado y después sufrieron las consecuencias del acusado que planeó matarlos.

Arismendi había pasado por el área de Automotores de la policía y conocía a Alvarado, que empezó en el rubro criminal con el robo de autos. “Reunió a Medina y Alvarado en una estación de servicio de la zona sur y ahí arreglaron que ellos se quedaban con la zona oeste y noroeste de Rosario, pero que si todo funcionaba bien tendrían toda la ciudad”, afirmó Mariana Ortigala en diálogo con Aire de Santa Fe.

A Alvarado y a Medina nadie los tocaba en la policía. Esa era la garantía del pacto. Luego, Arismendi asumió como jefe de la Unidad Regional II, en diciembre de 2011. En esa época, Alvarado ya estaba mencionado en la justicia federal, pero nadie lo investigaba con seriedad.

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Emanuel

Emanuel "Pimpi" Sandoval, el hombre que disparó contra la casa del exgobernador Antonio Bonfatti, fue ejecutado en el 2019 en un sangriento ataque a una residencia del barrio La Florida en Rosario.

En un allanamiento en un búnker en Empalme Graneros, un soldadito menor de edad, que era un “esclavo” del narcotráfico –lo encerraban desde fuera del reducto donde vendía cocaína donde pasaba dos días sin salir- declaró que sus jefes eran Alvarado y Medina. El pibe fue sobreseído porque se entendió que era víctima de servidumbre.

Uno de los que allanó ese búnker en Juan José Paso al 6300 fue Cristian Di Franco, un policía que en mayo de 2020 fue condenado por pertenecer a la asociación ilícita que había armado Alvarado. Había terminado su carrera como, el resto de los empleados de Alvarado, en la Unidad Rgional XVII, de San Lorenzo. El único antecedente que tenía hasta ese momento Alvarado en Rosario era el robo de un Fiat Duna.

Arismendi, quien había sido denunciado en 2008 por enriquecimiento ilícito, fue indagado en 2013 pero la causa quedó envuelta en la maraña de expedientes del viejo sistema que pasaron al nuevo y terminó por prescribir. En la pericia contable se detectó que uno de los supuestos testaferros de una propiedad -en Maipú al 900- era Alejandro Popea, hijo de Leonardo, condenado a ocho años de prisión por tener una de cocinas de cocaína distribuidas en varias partes del sur santafesino. Alvarado y Medina compraban joyas y relojes Rolex en la Casa de las Alianzas, la joyería que Popea tenía en calle San Luis y Maipú, para “regalar” a funcionarios de la justicia.

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La otra pata de la supuesta protección que tenía Alvarado provenía, según lo que se apuntó en el juicio, de sectores ligados a la justicia provincial y federal. Uno de los exjefes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Emilio Lencina fue categórico cuando afirmó que no pudieron seguir investigando a Alvarado porque el juez federal Marcelo Bailaque se negó a intervenir una serie de teléfonos del entorno del narco y de Luis Medina que eran claves en la pesquisa.

La detallada denuncia anónima que se había radicado en la justicia federal –se sospecha que provenía de la propia policía- decía que Luis Medina, a quien los uniformados provinciales le decían “Luz Mar”, traía desde la provincia de Buenos Aires, donde estaba radicado, dinero cada 15 días para los jefes policiales.

Medina era el “gran hombre blanco” del narcotráfico que pretendía blanquearse como un empresario poderoso. En 2012, el municipio de Rosario autorizó la apertura del boliche Esperanto, que se terminó de caer por la presión de los vecinos del centro de Rosario y las denuncias del concejal Roy López Molina y las investigaciones que en ese momento había develado el actual diputado Carlos Del Frade.

Lencina contó que 15 días antes del atentado al entonces gobernador Antonio Bonfatti, Emanuel Sandoval había visitado a Alvarado en la cárcel bonaerense donde estaba preso desde 2012, por una causa que investigó el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari. En Santa Fe nadie lo tocaba.

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El juicio a Esteban Lindor Alvarado se desarrolla en el Centro de Justicia Penal de Rosario, con un fuerte operativo de seguridad.

El juicio a Esteban Lindor Alvarado se desarrolla en el Centro de Justicia Penal de Rosario, con un fuerte operativo de seguridad.

Sandoval, quien fue ejecutado en la mansión que alquilaba a un camarista de Rosario en octubre de 2019 en el barrio La Florida, admitió que atentó en 2013 contra la casa de Bonfatti, en un juicio abreviado. En noviembre de 2015, el entonces abogado del exgobernador, el exministro de Justicia Héctor Superti, había desistido de acusar a Sandoval. Nunca se supo quién ordenó el atentado, en una causa que pasó por dos magistradas. Una fue María Laura Pérez Vara, que debía intervenir en el crimen de Medina, pero nunca fue a la escena del hecho. Fue condenada a un año de prisión condicional y a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La otra magistrada que intervino fue la actual vicegobernadora Alejandra Rodenas.

El nombre de Rodenas apareció varias veces mencionado en el juicio de Alvarado, por exfuncionarios que hoy están enfrentados, como los exministros de Seguridad Maximiliano Pullaro y Marcelo Sain.

Pullaro declaró que cuando Alvarado iba a ser liberado en la provincia de Buenos Aires, por la causa de robo de autos, fueron a hablar con el fiscal de la causa Patricio Ferrari, que envió la investigación a Santa Fe. “Como en Santa Fe había poco y nada sobre este narco, viajó una delegación provincial a reunirse con Ferrari, quien había investigado a Alvarado. Él envió el expediente a Santa Fe donde constaban algunos de los negocios delictuales del peligroso narcotraficante pero sorprendentemente fue desestimado por la entonces jueza Alejandra Rodenas”, aseguró el Pullaro.

Sain recordó un episodio posterior, cuando la causa Alvarado estaba siendo investigada por el Organismo de Investigaciones que encabezaba. Fue en un allanamiento a una casa en las islas frente a Rosario el 5 de diciembre de 2012. “Cuando tomamos el procedimiento en la isla, la entonces diputada nacional Alejandra Rodenas apareció en la isla con el abogado histórico de Alvarado. Ella es subordinada política del senador Armando Traferri. Eso nos llevaba a tener que investigar si no había una protección política y judicial, porque Rodenas había sido jueza con estas causas a cargo suyo. Además, estaban los audios de Alvarado en los que decía: ‘Hay que hablar con Rodenas para que nos de una mano'», testificó Sain.

El nombre de Rodenas apareció varias veces mencionado en el juicio de Alvarado, por exfuncionarios que hoy están enfrentados, como los exministros de Seguridad Maximiliano Pullaro y Marcelo Sain.

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La acusación del juicio a Esteban Lindor Alvarado se encuentra a cargo de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.

La acusación del juicio a Esteban Lindor Alvarado se encuentra a cargo de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.

El otro esquema que se puso en marcha, a la par de la protección que tenía Alvarado, según se desprende del juicio, fue un plan para eliminar o correr a la competencia del narco. Esto estuvo en manos, de acuerdo a varios testigos, de la División Judiciales de la policía, que se creó en la gestión de Bonfatti. Un testimonio que aportó datos sobre este punto fue el del excomisario Gustavo Pereyra, conocido como Gula, que fue sobreseído en la causa de Los Monos. El proyecto, según Pereyra, era sacar a los Cantero del negocio narco para imponer a Alvarado y a Medina. “Pedían la orden de allanamiento para incautar una moto y encontraban un búnker”, señaló Gula, quien para él: “Estaban recaudando”.

El último testimonio fuerte en el juicio fue el de la contadora Marina Marsilli, quien investigó el engranaje económico y financiero de Alvarado en el MPA, y sufrió un atentado a balazos en la puerta de su casa. También Alvarado le dejó la cabeza de un perro muerto dentro de una caja en la puerta de su domicilio, en pleno centro de Rosario. El que aportó los datos para atentar contra la funcionaria fue uno de los policías que se desempeñaba en el MPA, Pablo Báncora, que no sólo filtraba información a Alvarado sino que también era el encargado de realizar las escuchas sobre el clan narco en el MPA.

“Marina es lúcida, comprometida y honra la función pública. (Esteban) Alvarado mandó a balearle su casa. Y acá está. Poniendo el cuerpo y denunciando complicidades empresariales. Hay esperanza", escribió el diputado Carlos Del Frade, cuando declaró Marsilli, cuya vida cambió de forma drástica tras investigar a Alvarado, hasta hace poco tiempo un intocable.