Allanamiento Santiago Busaniche Santa Fe
En octubre de 2025, Gendarmería Nacional allanó cuatro domicilios en la ciudad de Santa Fe vinculados con Santiago Busaniche.
El juez Mahiques, que lideró la votación, fue contundente. Reconoció que la notificación que la fiscalía le cursó a la defensa de Busaniche sobre la declaración de caso complejo —un correo electrónico del 9 de mayo de 2025 en el que se usó la expresión "a modo de cortesía" para comunicar una decisión judicial— no cumplió con todas las formalidades del Código Procesal Penal Federal. Pero sostuvo que esa irregularidad no afectó derechos ni garantías del imputado, y que el principio de desformalización que rige el nuevo sistema acusatorio permite sanear ese tipo de defectos cuando el acto cumplió su finalidad comunicativa. "El tenor del texto aparece inteligible como significante, pese a lo cual se decidió cuestionarlo pasados varios meses y fuera de la necesaria temporaneidad", escribió Mahiques.
LEER MÁS ► Caso Marcelo Bailaque: a un año del informe periodístico que puso en marcha el proceso contra el juez federal
Sobre el fondo del asunto, el camarista ratificó que la calificación del caso como complejo era procedente. "En este legajo se investiga a una pluralidad de sujetos, algunos de ellos funcionarios públicos de alto rango, por hechos de significativa entidad criminógena, que conllevan además significativa proyección y gravedad institucional", afirmó. Y recordó los compromisos internacionales del Estado argentino en materia de lucha contra la corrupción, que imponen un deber de "debida diligencia reforzada" en la investigación de este tipo de delitos.
Mahiques también descartó que se hubiera vulnerado la garantía del plazo razonable: señaló que entre la declaración de caso complejo y la formalización de la investigación transcurrieron poco más de seis meses, y que desde la notificación de la investigación previa a Busaniche no había pasado un año. "El tiempo que lleva insumido esta investigación no solo no excedió el término legalmente establecido, sino que tampoco demuestra una afectación a la garantía de plazo razonable", concluyó.
Fernando Whpei.jpg
El financista rosarino Fernando Whpei aparece mencionado en la investigación judicial que también tiene imputados al exjuez Marcelo Bailaque y al escribano Santiago Busaniche.
Yacobucci acompañó esa posición con un voto propio en el que fue más duro. Si bien en un primer tramo consideró que las impugnaciones debían ser declaradas inadmisibles por falta de cuestión federal, terminó adhiriendo a la solución de Mahiques para formar mayoría. Pero dejó una advertencia: "De aceptarse las críticas de la parte impugnante, se pondría en crisis la naturaleza misma del sistema y, especialmente, sus criterios de progresividad". Yacobucci también subrayó que la causa involucra "hechos de notoria gravedad institucional, donde se sospechan conductas corruptas de altos magistrados del Poder Judicial, a la postre vinculadas con criminalidad organizada y narcotráfico".
En soledad, el juez Borinsky votó por hacer lugar a las impugnaciones de Busaniche, declarar la nulidad de la formalización de la investigación y decretar la insubsistencia de la acción penal exclusivamente respecto del escribano. Su argumento fue que la defensa de Busaniche nunca tuvo "la oportunidad útil de intervenir ni cuestionar" la declaración de complejidad del caso. No participó de la audiencia del 30 de abril de 2025 donde se tomó esa decisión —solo estuvo presente la defensa del coimputado Bailaque—, y cuando quiso impugnarla, se le respondió que era extemporáneo.
LEER MÁS ► Los videos en los que Carlos Vaudagna admite que en un asado en la casa del juez Marcelo Bailaque tramaron la extorsión contra un empresario
Borinsky sostuvo que la declaración de complejidad no es intrascendente para el imputado: duplica los plazos procesales, extiende el tiempo máximo del proceso de tres a seis años, y amplía la etapa preparatoria de uno a dos años prorrogables. "No puede seguir subsistiendo la idea de falta de consecuencias cuando los que no respetan los plazos son los propios encargados de administrar justicia", escribió, citando un libro de su autoría. Para Borinsky, como Busaniche no fue habilitado a cuestionar la complejidad, los plazos originales del artículo 253 del CPPF seguían vigentes para él, y la fiscalía formalizó la investigación cuando ya estaban vencidos. La acción penal, concluyó, estaba "fenecida".
Su posición, sin embargo, quedó en minoría. Borinsky aclaró que el cierre de la causa debía regir solo para Busaniche y no afectaba a los demás acusados.
Carlos Vaudagna.jpg
El exjefe regional de la AFIP en Rosario, Carlos Vaudagna, fue señalado en la causa que investiga una presunta trama de corrupción judicial y extorsión.
El fallo deja el camino despejado para que la causa avance hacia el juicio oral. La fiscalía, encabezada por Juan Argibay Molina, ya presentó en febrero pasado tres acusaciones contra el exjuez Bailaque, con un pedido de pena estimado en 10 años de prisión. Para Busaniche, la pena estimada es de 6 años.
La acusación lo señala como instigador de una maniobra que arrancó en 2019, cuando junto a Bailaque, el financista Fernando Whpei y el extitular de la AFIP en Rosario Carlos Vaudagna habrían montado una causa penal falsa contra el financista Claudio Iglesias y el empresario Jorge Oneto, directivos del grupo San Cristóbal. El objetivo, según la investigación, era presionarlos, dañar su reputación y extorsionarlos: Iglesias habría pagado cerca de 200.000 dólares a cambio de un sobreseimiento en una causa que el propio Bailaque tramitaba sin delegarla en la fiscalía.
Busaniche aparece en la trama como el operador que bajó la orden a Vaudagna para que desde la AFIP se fabricara un anónimo falso que sindicaba a Iglesias como lavador de dinero de Los Monos, y como quien después presionó para que se le devolviera el dinero secuestrado, a fin de que pudiera pagar el soborno. Su nombre, como se informó en estas páginas, genera temor en el ámbito judicial por las influencias que acumula en lo más alto de la justicia federal.
La defensa aún tiene la reserva del caso federal, lo que implica que podría llevar la cuestión a la Corte Suprema. Pero por ahora, el mensaje de Casación es nítido: la causa por la corrupción en la justicia federal de Rosario no se frena.
