Por el caso fue condenada una ex tesorera de la firma a dos años de ejecución condicional y el pago de una reparación económica por el daño causado.
Según la investigación, la empleada infiel de la concesionaria compró con el dinero robado varios autos: entre ellos, un Toyota Yaris y un Corolla.
Los fiscales del área de Delitos Complejos, Federico Grimberg y Bárbara Ilera, archivaron la causa de cuatro santafesinos que fueron investigados por el fraude a una concesionaria de avenida López y Planes de la ciudad de Santa Fe.
Se trata de la investigación por la que fue condenada la ex tesorera de la firma, identificada como Paula Bassi Charles, quien recibió una pena de dos años de prisión condicional por haberse quedado con dinero de la empresa, el cual utilizó para comprar autos cero kilómetro en otro concesionario.
Por la maniobra fue también imputado la entonces pareja de la mujer, Juan Pablo Frabotta, su madre, Graciela María Cristina Charles, la pareja de esta, Miguel Ángel Rubén Troncoso y el hijo del hombre, Matías.
Los cuatro, en principio, fueron acusados de integrar una asociación ilícita, sin embargo, la causa cambió después de manos y pasó a tramitarse en la órbita del área de Delitos Complejos, en donde, bajo la mirada de los fiscales Grimberg e Ilera, cambió de encuadre jurídico.
En consecuencia, la tesorera pasó de ser jefa de una asociación ilícita a solo ser acusada del delito de estafa agravada por ánimo de lucro. Mientras la que investigación para el resto de los acusados quedó desestimada y las actuaciones se archivaron.
Según el escrito, al que tuvo acceso AIRE, la Fiscalía consideró que la investigación carece de elementos de convicción necesarios para avanzar en una acusación. “No se advierten indicios serios ni verosímiles que permitan acreditar, con el grado de certeza que exige esta etapa procesal”, destacó la resolución que lleva la firma de Grimberg e Ilera.
En tanto, aclaró que de las evidencias reunidas no se logra vincular de “forma directa y concreta” a los imputados con la estafa investigada y por la que fue condenada la extesorera de la firma.
“La valoración integral de los testimonios, informes técnicos, la prueba documental y los resultados de las medidas de investigación desplegadas, no permite construir una plataforma fáctica idónea para sostener una imputación penal viable”, concluyó.
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