Un hombre de 45 años, identificado como Daniel Alejandro M., deberá pagar una suma total de ocho mil pesos y mantener una distancia de 200 metros ante la familia de su expareja para evitar el juicio oral y público. La medida fue acordada este jueves en tribunales, en el marco de una audiencia de suspensión de juicio a prueba, lo que comúnmente se conoce como probation.
El caso se tramitó en tribunales durante esta semana.
Maiquel Torcatt / Aire DigitalLas medidas se dieron a conocer ante el juez penal, Nicolás Falkenberg, que homologó el acuerdo alcanzado por el fiscal del área de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), Esteban Morales y la defensa del imputado, a cargo del abogado particular Mauricio Frois.
Durante la audiencia, el funcionario destacó la conformidad de las tres víctimas al tener conocimiento de las medidas dispuestas, las cuales tienen como eje que el imputado no podrá acercarse de ninguna manera a su expareja y los hijos de ella, ya sea de forma personal o a través de cualquier otro medio. El mismo no podrá además ingerir bebidas alcohólicas y tampoco podrá consumir estupefacientes.
Por el caso, el hombre de 45 años fue formalmente imputado como “autor de lesiones dolosas calificadas” y “amenazas calificadas” a raíz de dos hechos ocurridos el 21 de agosto del 2021. Aquel día, según se ventiló en la audiencia, el acusado se hizo presente en el domicilio de su expareja en el barrio Altos del Valle, fue hasta la habitación del hijo, lo tomó del cuello y le propinó un golpe en su rostro causándole lesiones en la cara.
Posteriormente, se dirigió hasta la cocina de la vivienda y agarró una cuchilla de cocina, salió a la calle, donde las víctimas habían ido por el temor que se había generado en torno a la situación y amenazó a su expareja y a sus dos hijos gritándoles “los voy a matar” intentando amedrentarlos.
A raíz de estos dos sucesos que transcurrieron en el 2021, se inició una causa penal en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que terminó este jueves con la posibilidad de que el imputado no vaya a juicio mientras acuerde y cumpla con las medidas impuestas en la probation por el lapso de un año, si logra acatar esas normas de conducta se eliminará la causa penal que está en trámite.
La Fiscalía a cargo de Morales puso a disposición las evidencias recopiladas desde la audiencia imputativa, mencionó que cuenta con los testimonios de la ex pareja y de sus dos hijos -todos residen en el domicilio de Callejón Roca al 4500-, acta de procedimiento labrada por el personal policial, esquema médico legal que constató las lesiones al joven y una requisa voluntaria donde se sustrajo la cuchilla.
Dicho acuerdo estableció que además que el imputado deberá pagar una suma de dinero que alcanza la suma de $8.000 -$2.000 para cada una de las víctimas y para la Asociación General- para reparar el daño en un plazo de 60 días, obedecer una orden de restricción perimetral de 200 metros, deberá someterse a la supervisión de las autoridades y fijar un domicilio.
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