Los agentes investigaban a la banda implicada en el violento robo comentido frente a una escribania
Aire de Santa Fe
Los policías Carlos Darío R. y Pablo Daniel G., integrantes de la Agencia de Investigación Criminal, están sospechados por la justicia de filtrar información de investigaciones y beneficiar a los delincuentes. Esta mañana acordaron permanecer detenidos mientras avanza la investigación, y pidieron hacer uso de la palabra en la audiencia de medidas cautelares.
Para esto, el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos y Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, acompañado en la audiencia por la fiscal Mariela Jiménez, solicitó que los imputados declaren sin la presencia del otro en la sala, y también que se retiren los policías de seguridad de tribunales y los medios de prensa presentes.
Los uniformados son asistidos por los abogados particulares Ramiro Díaz Duarte y Esteban Yossen, quienes adelantaron al juez José Luis García Troiano que en algún tiempo solicitarán revisar la medida de prisión preventiva, ya que se trata de una causa muy compleja que se desprende de otra causa muy compleja.
La declaración de los policías imputados se prolongó por más de dos horas y resta saber si sus testimonios devienen en más detenciones, o si se verán beneficiados en su situación procesal. Aire Digital pudo saber que en sus declaraciones los uniformados comentaron que, por cada detalle que fueron impuestos de la causa por sus abogados, y conforme lo que les dicta su saber como integrantes de las fuerzas de seguridad, no dudan que la filtración de información sucedió. A su vez, desconocieron cualquier tipo de participación en esas filtraciones pero brindaron numerosos datos de interés que permitirían trabajar sobre otra línea investigativa
El fiscal Hernández imputó a los dos agentes la semana pasada, por varios hechos calificados como extorsión, encubrimiento calificado por la gravedad del delito precedente y por ser funcionario público; violación de secretos; y abuso de armas, apremios ilegales y falsedad ideológica.
La sospecha sobre los uniformados comenzó en el mes de septiembre, cuando las fiscales Laura Urquiza y Mariela Jiménez se encontraban investigando una serie de violentos robos cometidos en Santa Fe y la zona.
Las fiscales detectaron a una banda que se contactaba con sus víctimas simulando transacciones comerciales o de divisa extranjera, y los terminaban asaltando. Los primeros implicados fueron detenidos el 10 de septiembre en barrio Guadalupe, tras un operativo controlado por la AIC, y con el avance de la investigación se los vinculó con varios robos violentos más.
Al día siguiente de estas detenciones se cometió el primer hecho atribuido por Hernández a los policías: el 11 de septiembre a las 21 horas, cuando realizaba un allanamiento en el domicilio del líder de la banda, Julio César Gutiérrez, en calle Mitre al 7000 de la ciudad de Santa Fe, “haber obligado a Gutiérrez a que le haga entrega de 150 mil pesos, diciéndole que si no lo hacían, se lo llevarían detenido por encubrimiento y le secuestrarían una moto y una camioneta que tenía en el taller”, precisó el fiscal. Gutiérrez hizo entrega en el momento de 50 mil pesos, y a los pocos días les entregó los 100 mil restantes, ante la exigencia de los policías.
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A continuación, el fiscal Hernández relató el segundo hecho atribuido a los imputados: el 15 de septiembre alertó a Gutiérrez que ese mismo día se iban a realizar una serie de allanamientos en los domicilios de los otros miembros de la banda, que ya se encontraban detenidos, “ayudando de esta manera al mencionado así como a los demás miembros a eludir la investigación”.
Diez días después, utilizando la información obtenida en ocasión de sus funciones como policías, el 24 de septiembre ayudaron a los investigados Julio Cesar Gutiérrez, Ariel Joaquín Cuatrin y Hugo Almitrani a eludir la investigación, advirtiéndoles que sus domicilios iban a ser allanados dos días después, y que pesaba una orden de detención en su contra. Con esta información, Gutiérrez logró evadir el accionar de la justicia y se mantuvo prófugo hasta el pasado 13 de octubre, y Cuatrin logró deshacerse de su teléfono celular.
Por último, el cuarto hecho endilgado a Pablo Daniel G. se remonta a una causa del año 2019, que desarticuló a una asociación ilícita comandada por abogados santafesinos, destinada a defraudar a compañías aseguradoras simulando siniestros viales. En este sentido, Hernández sostuvo que el 18 de octubre de 2019, el uniformado reveló información secreta de la investigación a un profesional de la salud implicado originalmente en la causa, le advirtió que estaba siendo investigado y con qué evidencia se contaba en su contra.
Por otra parte, a Carlos Darío R. también se le atribuyó un hecho del año 2015, cuando se desempeñaba en la División Sustracción de Automotores. Hernández precisó que disparó contra dos personas que iban a bordo de una motocicleta en la zona de Pte. Perón y Perú, y que los detuvieron sin motivo, aludiendo que portaban un arma de fuego. Una vez en la dependencia policial les propinó golpes de puño y finalmente efectuó un acta de procedimiento con información falsa a fin de justificar el proceder.
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