Lo vieron por última vez cuando tenía tres años y desde entonces nada más se supo. Por su desaparición se inició una causa judicial que terminó con más dudas que certezas.
Detrás de la terminal de ómnibus de Ceres existe una plazoleta en la cual fue pintado un mural con el rostro de Maxi Sosa.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
Pasaron 3.650 días, 120 meses, una década desde que Maximiliano Javier Sosa desapareció de la ciudad de Ceres y configuró así uno de los mayores enigmas y misterios de la provincia de Santa Fe y la Argentina.
Tenía tan solo tres años cuando lo vieron por última vez y desde entonces su búsqueda implicó decenas de rastrillajes y allanamientos, análisis de escuchas telefónicas y la confección de un expediente judicial que terminó con más interrogantes que certezas.
Inclusive, comenzó a ser tramitado en la Justicia provincial pero después pasó al fuero federal, luego de una contienda judicial en la que tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por su paradero, el gobierno provincial ofreció en 2017 una recompensa de un millón de pesos, suma que en la actualidad quedó totalmente desactualizada y que muestra el paso del tiempo en el país y la causa.
Se barajaron varias hipótesis en torno a su destino pero la única que llevó a tener personas bajo sospecha y a disposición de la Justicia fue la que terminó con la abuela del menor y su entonces pareja detenidos, de manera preventiva, durante más de cuatro años, violando así cualquier principio constitucional. Ambos fueron absueltos y en la actualidad se encuentran en libertad, reconstruyendo sus vidas.
Mientras tanto Maxi sigue desaparecido. ¿Dónde está?, es la pregunta que envuelve conjeturas, mitos y hasta ahora pocas certezas.
La desaparición del menor fue denunciada el 21 de diciembre de 2015 y se dio en medio de un contexto bastante particular. Unos días antes, el 15 de ese mes, su mamá Daniela, había dado a luz en el hospital Ceres a Joaquín, el hermano menor de Maxi. Pero como la criatura nació prematura debió ser llevado hasta una neonatología de la ciudad de Rafaela.
Como consecuencia, Daniela y su pareja se vieron obligados a tener viajar y dejar a Maxi al cuidado de su abuela, Patricia Sayago, quien residía en el barrio Juan Pablo II, ubicado al sur de Ceres y a 100 metros de la ruta 34.
Como Patricia, en ese entonces, estaba en pareja con Ariel Malagueño, un jornalero y ambulanciero de la Colonia Montefiore —situado a unos 35 kilómetros de Ceres y al cual se accede por caminos rurales— ambos solían quedarse los fines de semana en el paraje norteño.
Se estima que Maxi estuvo en esa localidad desde o después del 18 de diciembre (día en que su abuela lo llevó a cortarse el pelo) hasta la madrugada del lunes 21 de diciembre cuando regresó a Ceres a bordo de la ambulancia que conducía Malagueño y en la cual también viajaron Patricia y la tía del menor, Jesica, de 15 años en ese momento.
Tanto Patricia, como Jesica y Maxi quedaron en la casa del barrio Juan Pablo II. Cuando se hizo de día, su abuela se fue a trabajar a la rotisería "Del Centro" mientras que el pequeño quedó al cuidado de su tía. Fue en ese contexto, carente de horarios y pruebas sólidas, en que el niño de 3 años desapareció del domicilio, hecho por el cual aún no existen respuestas; Pero sí interrogantes de todo tipo.
Una de las hipótesis que se mantuvo en el inicio de la investigación es que Maxi Sosa salió de la casa de su abuela aquella mañana y fue raptado por un grupo de gitanos que pasaron por el lugar. Tal versión surgió a partir del testimonio de los dueños de una despensa (ubicada en el acceso a Ceres) que tras salir la noticia de la desaparición del menor, advirtieron que en horas del mediodía de ese lunes 21 de diciembre pasaron por el local unos gitanos que tenían un asentamiento en Selva, en provincia de Santiago del Estero.
Según los comerciantes, los romaníes compraron globos y al retirarse se fueron a bordo de una camioneta de la que se escuchaban gritos de un niño. Ante tal declaración, los investigadores del caso localizaron la camioneta en Videla, en el departamento San Justo y la inspeccionaron con perros pero Maxi no apareció. Con el devenir de la causa, esa pista no tuvo avances y se diluyó.
Otra de las conjeturas, que se manejó en su momento, fue la que apuntó a un vecino de la casa donde estaba Maxi, el cual supo declarar que vio al niño en un descampado trasero y que luego pasó una camioneta y lo levantó. Pero posteriormente, cambió esa versión y dijo que vio al menor pedir pan y nada más supo de él.
Sin embargo, la hipótesis que mayor trascendencia e impacto tuvo en la causa es la que puso a la abuela de Maxi y su pareja bajo sospecha, a partir de una escucha telefónica, interceptada seis meses después de la desaparición. Dicha llamada, se dio el 26 de junio y fue considerada por los investigadores del área de Trata de Personas (a cargo de la pesquisa en ese momento) como trascendental. La misma fue entre Sayago (S) y Malagueño (M).
M— Hola.
S— ¿Cómo estás?
M— Acá, con frío, en la goma del tractor. Vo?
S— ¿Qué hacen los chicos?, estoy acá acostada.
M— Aaaa eeee la yami estoy acá con la yami están mirando tele ahí están por bañar masi (o Maxi) recién viene de abajo había ido hasta del vasco…
La escucha generó en su momento un alerta en los investigadores y fue informada a la fiscal Emilce Fissore de San Cristóbal, quien ante la sospecha de que el niño fue ocultado en Montefiore solicitó allanar la casa de Malagueño y detener al ambulanciero en el paraje rural y a la abuela de Maxi en la localidad de Ceres.
Detenidos y puestos a disposición de la Justicia, Sayago y Malagueño fueron imputados por la sustracción de un menor de diez años. La mujer, además, fue acusada de falsa denuncia por haber puesto en conocimiento a la policía horas después de la desaparición del niño sabiendo realmente que es lo que había ocurrido.
Tanto la abuela del niño como su pareja quedaron en prisión preventiva y desde entonces se inició un camino judicial que terminó en un laberinto sin salida.
Es que tras la imputación, la fiscal de San Cristóbal declaró la incompetencia del caso al entender que podría existir el delito de trata de personas detrás de la desaparición de Maxi. Sin embargo, el planteo fue rechazado por el juez Héctor Tallarico por lo que la fiscal Fissore apeló y fue el camarista, Juan Manuel Oliva, el que dio luz verde al planteo.
La causa fue derivada al Juzgado Federal de Rafaela pero el magistrado a cargo de esa sede judicial, Miguel Abasolo, junto con el fiscal Federico Grimm, desestimó el delito de trata de personas por lo que se inició una contienda entre los fueros judiciales y tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dos años después, en junio del 2018, el máximo tribunal resolvió que la investigación por la desaparición de Maxi siga tramitándose en la Justicia federal de Rafaela por lo que Sayago y Malagueño continuaron detenidos con prisión preventiva.
Pero lo que pareció un camino judicial abierto terminó empantanándose con el devenir de las actuaciones ya que el fiscal Grimm (que era subrogante en ese entonces) volvió insistir en que no había un delito de trata de personas en torno al caso y solicitó nuevamente el pase a la Justicia provincial. Pero como la defensa Sayago apeló esa decisión judicial, tuvo que intervenir el juez de la Cámara de Apelaciones de Rosario, Guillermo Toledo, que ratificó al fuero federal al frente de la investigación.
Tras las idas y vueltas de Grimm en investigar el caso de Maxi Sosa, fue asignado a la Fiscalía Federal de Rafaela, Javier Arzubi Calvo, quien ordenó la detención de un tercer implicado: se trataba de Pablo Américo Pinedo, el cual quedó ligado a la investigación a partir de una llamada que hizo Sayago (desde prisión en 2016 ) a la casa en donde residía Malagueño.
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De ahí en adelante, tanto Pinedo, como Sayago y Malagueño fueron procesados por la sustracción del menor pero la resolución fue luego apelada y fue un tribunal de segunda instancia el que confirmó el estado de sospecha de la abuela de Maxi pero dictó la falta de mérito (por falta de pruebas) de Pinedo.
En medio de esa resolución judicial, el fiscal Arzubi Calvo dejó Rafaela y la Fiscalía pasó a manos del fiscal Gustavo Onel (titular en Santa Fe) que elevó la causa a juicio al Tribunal Oral Federal en donde se realizó el juicio en 2021.
Con resultado del debate, los jueces del TOF, Luciano Lauría, José María Escobar Cello, María Ivón Vella resolvieron absolver de culpa y cargo a Sayago y Malagueño: “La única certeza que dejó el debate fueron las dudas”, consideraron los magistrados tras un juicio que dejó como resultado una reiterada pregunta que aún no encuentra respuesta:
¿Dónde está Maxi Sosa?
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