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Opinión | Santa Fe | Celia Arena | Asamblea Legislativa

La palabra de la oposición sobre las designaciones en la Cámara de Ejecución Penal: "La institucionalización de la inseguridad jurídica"

Celia Arena, jefa del bloque de diputados del PJ, cuestionó al gobierno por “romper el criterio de mérito y cambiar las reglas con el objetivo de designar jueces afines a la política oficialista”.

La aprobación en la Asamblea Legislativa de los pliegos de Valeria Haurigot y Horacio Pueyrredón para integrar la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria constituye la institucionalización de la inseguridad jurídica en la provincia de Santa Fe, al romper el más mínimo criterio de mérito y cambiar las reglas a mitad del procedimiento con el explícito objetivo de designar jueces afines a la política oficialista.

Ya se dijo, en reiteradas oportunidades, pero valga la redundancia: Haurigot y Pueyrredón fueron reprobados en sus exámenes. A su pedido les revisaron sendos bochazos y fueron incluidos en el puesto 8 y 12, respectivamente.

Pese a todo ello, y con modificación reglamentaria en el medio, integraron la terna elevada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura. Finalmente, este jueves, el frente Unidos aportó sus votos para hacerlos camaristas.

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La Asamblea Legislativa aprobó los pliegos de Valeria Haurigot y Horacio Pueyrredón como vocales de la Cámara de Apelación de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria para la ciudad de Rosario.

La Asamblea Legislativa aprobó los pliegos de Valeria Haurigot y Horacio Pueyrredón como vocales de la Cámara de Apelación de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria para la ciudad de Rosario.

La argumentación oficial, expuesta a través del ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, fue el siguiente: “Nos jugamos la política penitenciaria de las próximas décadas”. Y agregó: “Es una decisión política y después, si dictan malos fallos, nos haremos cargo de que designamos a la gente incorrecta”.

¿Y si sobreviniera otro gobierno electo democráticamente que tuviera otra política penitenciaria? ¿Estaría vedado de ejecutar su programa de gestión para el área pese al voto popular? ¿Debería intentar remover a estos jueces que además llegan con una legitimidad debilitada a partir de un proceso altamente cuestionado? ¿En qué consiste el “nos haremos cargo”?

Demasiados interrogantes abiertos y demasiados atropellos ejecutados. La inseguridad jurídica, que tanto lamentan en otros ámbitos los integrantes del oficialismo, quedó institucionalizada en la provincia de Santa Fe.

(*) Presidenta del bloque de diputados provinciales de Hacemos Santa Fe (PJ).