La política no puede hacerse la desentendida frente a los escándalos de corrupción que sobrevuelan al órgano que reúne a los fiscales de la Provincia de Santa Fe. Nada es casual. La corrupción mata. Y la hipocresía también.
En la provincia de Santa Fe, diputados y senadores tienen la potestad de controlar y remover a los fiscales.
El escándalo institucional generado por las fuertes sospechas de connivencia con el narcotráfico, el juego clandestino y el lavado de dinero por parte de autoridades del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, provoca un verdadero cimbronazo en los cimientos de un sistema endeble y manoseado. El narcotráfico, el juego clandestino y el lavado de dinero sucio, engendran un reguero de sangre que literalmente ahoga a la provincia de Santa Fe desde hace demasiados años.
Es verdad que las investigaciones judiciales se posan en estos momentos sobre los fiscales rosarinos Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad y que no se descarta que otros funcionarios del MPA terminen salpicados por las denuncias. Sin embargo, también es cierto que a ciertos sectores de la política les cabe una inocultable cuota de responsabilidad frente a estos acontecimientos.
El ahora detenido Gustavo Ponce Asahad, fue postulado como fiscal por el Poder Ejecutivo de Santa Fe en 2015, a pesar de su dudoso rendimiento frente a los jurados que lo evaluaron en su momento.
"Es una aberración. Tienen dictamen negativo de los jurados. O tenemos jueces, fiscales y defensores probos y competentes, o en algún momento vamos a tener que cambiar los métodos de selección". Las palabras pertenecen a la entonces diputada Griselda Tessio, las pronunció en la Legislatura en marzo de 2015 y fueron reflejadas por el periodista Juan Carlos Tizziani en el diario Rosario 12.
Tessio se adelantó cinco años a su tiempo. Y en aquel momento, advirtió que podía suceder lo que hoy está sucediendo. Se refería, entre otros, a Gustavo Ponce Asahad, hoy encarcelado. Y a pesar de las advertencias de Tessio y a la evaluación de los jurados que lo habían entrevistado, la Legislatura de Santa Fe terminó aprobando la designación de este fiscal de la siguiente manera: 19 votos a favor del peronismo que por entonces lideraba Luis Rubeo, ocho en contra (del radicalismo) y 16 abstenciones: tres del Pro, seis del Frente Progresista, tres justicialistas y otros cuatro peronistas.
La designación de Serjal también fue controvertida. Desde un principio, estuvo en dudas si realmente cumplía con el tiempo exigido de residencia en Rosario para acceder al cargo -había vivido en San Pedro, provincia de Buenos Aires-.
Cuando las sospechas se multiplican
En este contexto de favores cruzados entre la Justicia y la política, todo queda envuelto bajo un halo de sospechas. En junio de 2017, el entonces concejal de Rosario, Jorge Boasso, denunció penalmente ante el Ministerio Público de la Acusación a los senadores provinciales Armando Traferri, Hugo Rasetto, Joaquín Gramajo, Rubén Pirola y José Baucero, por supuesta malversación de fondos públicos a través de la entrega de subsidios.
Poco tiempo después, el ahora sospechado exjefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, solicitó los expedientes de estas investigaciones. Desde el 2 de noviembre de aquel año hasta febrero de 2018, los mantuvo en su despacho.
No todos los casos quedaron en Rosario, porque tres de los cinco senadores pertenecen al centro-norte provincial. Lo cierto es que las cinco denuncias terminaron siendo desestimadas. Sin embargo, el clima de sospechas es ahora tan denso, que todos dudan de todo. Si los cinco senadores fueron inocentes de las acusaciones, hoy de igual manera se los mira con suspicacia.
A fines de 2019, Patricio Serjal ya estaba en la mira. Las sospechas se multiplicaban y en la Legislatura de la Provincia la entonces diputada Alicia Gutiérrez intentaba que los integrantes de la denominada Comisión de Acuerdo firmaran un dictamen para investigar al exjefe de los fiscales rosarinos.
Sin embargo, hubo seis legisladores que no estamparon sus firmas para avalar estas investigaciones: los senadores Rubén Pirola (PJ), Rodrigo Borla (UCR) y Joaquín Gramajo (PJ, aunque fue reelecto como candidato del Frente Progresista); y los diputados Julián Galdeano (UCR), Patricia Tepp (UCR) y Alejandra Vucasovich (PRO).
Gutiérrez asegura que hubo otros legisladores que no integraban la comisión y que por lo bajo reconocieron haber sido presionados para no tocar al jefe de los fiscales de Rosario. Cualquier senador o diputado amenazado que no hizo la denuncia formal sobre lo que estaba sucediendo, incurrió en un delito, porque todo funcionario público que sea testigo de un delito flagrante en el ejercicio de sus funciones, tiene la obligación legal de denunciarlo donde corresponde. Así lo establece el artículo 263 del Código Procesal Penal de la Nación.
Políticos, fiscales, audios y juego clandestino
El periodista Germán De los Santos cuenta en Aire Digital que, en diciembre de 2018, el empresario ligado al juego clandestino en Rosario, Leonardo Peiti, recibió un llamado del fiscal -ahora detenido- Gustavo Ponce Asahad.
Lo convocó a una reunión en un bar en Mendoza y Oroño. Peiti contó, cuando declaró como arrepentido, que Ponce Asahad le pidió 5.000 dólares mensuales a cambio de información que le pudiera resultar útil para eludir a la Justicia como capitalista del juego clandestino.
En la audiencia donde se imputó al fiscal Ponce Asahad, se escuchó el audio de una llamada telefónica. Si efectivamente este audio corresponde a una llamada real, otra vez aparecen nombres de políticos que podrían verse salpicados por este verdadero escándalo de corrupción.
Femenino: Hola
Masculino: Hola
Femenino: Sí, quién habla
Masculino: Sí, buenas noches, Darío Scataglini -exdiputado peronista-, necesitaría hablar con Leo.
Femenino: Mirá, habla la secretaría, yo tengo este teléfono pero le aviso que lo llamaste y que se comunique.
Masculino: Sí, te dejo un número por favor.
Femenino: Pará, decime que se lo paso, decime.
Masculino: (comparte número de teléfono).
Femenino: 6814, Darío…
Masculino: Llamo de parte del senador Traferri (Armando, departamento San Lorenzo)
Femenino: Bueno, le digo.
Masculino: Gracias.
Femenino: Gracias, hasta luego.
¿Quién es Leo?: el capitalista del juego clandestino de Rosario que cuenta con lujos de detalles cómo sobornaba a los fiscales.
¿Por qué lo llamó el exdiputado Scataglini?, ¿por qué dijo que lo hacía en nombre del actual senador Traferri?
Las investigaciones se extenderán hacia estos hombres de la política. Cuanto antes se brinden explicaciones, mucho mejor para todos.
La ley que aprobaron todos
Es cierto que el dinero sucio generado por el narcotráfico o el juego clandestino suele corroer a las instituciones y corromperlo todo. Pero no parece ser éste el único argumento que explica por qué la política y la Justicia aparecen tan relacionadas en estos escándalos.
A fines de 2017, todos y cada uno de los partidos con representación en la Legislatura de Santa Fe votaron una ley que establece que la política ejerce un control directo sobre fiscales y defensores de la provincia.
Desde entonces, diputados y senadores no sólo tienen la potestad de controlar, sino también de remover de sus cargos a los fiscales. A esos mismos fiscales que, a su vez, deben investigar a los legisladores en caso de ser denunciados.
¿Intercambios de favores?, ¿acuerdos?, ¿búsqueda mutua de impunidad?
Las preguntas son muchas y las respuestas no abundan. Lo cierto es que la Justicia debería moverse con códigos distintos a los códigos de la política.
"Esto no pasa en ningún lugar del mundo, que el Poder Legislativo y la propia coyuntura política tengan potestad de remover a un fiscal", señaló por entonces Sebastián Narvaja, miembro de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La provincia de Santa Fe se ahoga en un río de violencia y sangre. Los encargados de hacer Justicia están en el banquillo de los acusados. Y la política no puede hacerse la desentendida. La corrupción y la hipocresía, matan.
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