Guille Cantero y 9 personas más imputadas por los ataques en Rosario
Diez personas fueron imputadas ayer acusadas de haber participado con distintos roles en once balaceras que entre mayo y agosto pasados tuvieron como blanco a distintos edificios del Poder Judicial y viviendas en las que alguna vez habían vivido funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad o sus familiares. A Ariel Máximo “Guille” Cantero, condenado a 22 años de prisión por liderar la asociación ilícita de Los Monos, la Fiscalía lo ubicó como “instigador” en siete de esos ataques. A todos los demás imputados se les impuso prisión preventiva por el plazo de ley, es decir, dos años.
La acusación estuvo a cargo de un equipo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) integrado por los fiscales Miguel Moreno, Matías Edery, Nicolás Foppiani y Aníval Vescovo.
El primero en tomar la palabra fue Moreno, quien después de leer a los sospechosos los derechos que los asisten, contextualizó las imputaciones que los fiscales expusieron turnándose para la lectura.
La acusación
“Estos hechos se dieron en el marco de una saga de atentados que se iniciaron el 29 de mayo y que tienen como denominador común haber sido dirigidos hacia inmuebles sede de dependencias oficiales del Poder Judicial, puntualmente el Centro de Justicia Penal y el Ministerio Público de la Acusación, y domicilios donde habían vivido funcionarios públicos del Poder Judicial y de la provincia de Santa Fe y/o sus familiares directos”.
El fiscal destacó que las personas a las que fueron dirigidos los ataques “participaron en la investigación o juzgamiento de algunos integrantes de la familia Cantero, o que tienen a su cargo recursos de apelación de fallos que los involucran”.
“Existen elementos que acreditan vínculos más o menos directos de los organizadores y ejecutores (de los ataques) con Ariel Máximo Cantero (alias Guille), y que hay prueba directa e indicios de que éste fue quien transmitió a sus subordinados datos esenciales para la concreción de los atentados, quienes pusieron al servicio de esta empresa criminal una estructura clandestina de recursos humanos y materiales preexistentes destinada al tráfico de drogas y delitos conexos como abusos armas, amenazas calificadas, extorsiones y homicidios”, destacó el fiscal.
En la audiencia de ayer, que se prolongó hasta las 22.30 y fue presidida por el juez Héctor Núñez Cartelle, se destacó la presencia del ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro. En ese contexto el fiscal Moreno remarcó que “hay evidencia suficiente para afirmar que Cantero, desde sus lugares de detención y a través de distintos teléfonos celulares, derivó la organización de los ataques a personas de su confianza, como Daniel “Teletubi” Delgado y Matías Nicolás César, quienes comandaban sendas células de la organización criminal destinadas a la comercialización de drogas”.
“Existe profusa evidencia que César y Delgado estaban estrechamente vinculados con Lucía Uberti, la cual tuvo a su cargo la coordinación y el planeamiento de la faz operativa de varios de los hechos delictivos, valiéndose para ello de distintos grupos de subordinados de la organización criminal que cumplen el rol de sicarios o tiradores, quienes se encargaron de la ejecución material de los ataques, en algunos casos con el apoyo logístico de Uberti”.
“La evidencia analizada en manera conjunta da cuenta de la existencia de un plan sistemático tendiente a generar un impacto institucional por medio de actos intimidatorios sostenidos en el tiempo y dirigidos a miembros de instituciones públicas del estado provincial”.
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En la audiencia de ayer la Fiscalía planteó acusaciones por diez de las 14 balaceras que se registraron en Rosario entre mayo y agosto pasados.
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La calificación legal que la Fiscalía atribuyó a las diez personas que ayer fueron sometidas a la audiencia imputativa fue la de “amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por el uso de arma de fuego y por tener como propósito alguna medida o concesión de un miembro del poder público, en concurso ideal con daño calificado y en concurso real con portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal”. Sin embargo, a todos ellos les atribuyó distintos roles y participación en cada uno de los hechos.
Fuente: www.lacapital.com.ar