Los policías corruptos que el 10 de cada mes pasaban a cobrarles a los narcos

El hábito se había vuelto una rutina. Una misión fija para Cristian Gelabert, suboficial de la comisaría 20 de Rosario. Los días 10 de cada mes Gavia, como era su apodo, salía en su auto particular a recorrer los búnkeres enclavados en el barrio Empalme Graneros. Tenía una tarea complicada, pero que estaba acostumbrado a hacer con destreza y furia.

Gelabert debía ir a cobrar a los narcos que vendían cocaína y marihuana en ese barrio, que está ubicado en la zona oeste de la ciudad, donde desde hace tiempo supura una violencia extrema por la sangre que hace correr ese negocio ilícito.

El dinero que recaudaba Gavia lo tenía que repartir con otros cinco policías de la seccional. Así funcionaba el “negocio”. Todos aportaban un poco, y ponían un algo en juego.

La cobranza que hacía “Gavia”, según las escuchas telefónicas ordenadas por la justicia federal de Rosario, era parte del acuerdo que existía con los policías de esa comisaría. Si pagaban una mensualidad no sólo nadie los molestaría sino que los narcos tampoco tendrían competencia. Ese negocio ilícito estaba regulado de alguna manera por un brazo clandestino del Estado. El que se animara a vender drogas en esa zona, sin acuerdo, terminaba en la cárcel o muerto. Le pasaba lo mismo al que no cumplía, al que no pagaba.

Las escuchas telefónicas de la causa que instruyó el juez federal Marcelo Bailaque y que investigó el ex fiscal Mario Gambacorta aportan pinceladas de cómo era esa relación de connivencia entre los policías y los narcos del barrio, que vendían para Rosa Camino, hermana de Roberto “Pimpi” Caminos, ex líder de la barra brava de Newell’s, asesinado en 2010, y Gustavo Cárdenas, alias Tuerto. Otro jugador era Sixto Pérez, El Chaqueño.

El Tuerto había reemplazado al pionero de los emprendimientos narcos, Roberto Padilla, alias “Tuerto Boli”, quien fue asesinado por gente de Cárdenas, el hombre que llevaba su mismo sobrenombre.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria ya había detectado ese foco de corrupción entre los narcos y la policía en 2008, cuando desembarcaron en el barrio para voltear las cocinas de cocaína que se habían empezado a instalar. Cárdenas era uno de los que mandaba en la zona, con el respaldo de la comisaría 20, a quien debía aceitar su confianza con dinero.

“Si quieren seguir vendiendo arreglen con la comisaría”, proponía Gavia, quien era parte de esta asociación ilícita que funcionaba en la seccional, que tiene el aspecto de un viejo chalet californiano venido a menos. El lugar parece más una tapera que una delegación policial, con autos abandonados, patrulleros desvencijados y mugre por todos lados. Esa estética del abandono es parte de la decadencia.

Cuando había tardanza en los pagos Gavia iba con su arma 9 mm y metía presión a costa de duras amenazas que incluían disparos y golpes, como los que se produjeron en un búnker en José Ingenieros al 2800.

Sus jefes también usaban como Gavia un sobrenombre con el mismo patrón, que comenzaba con la primera letra del apellido. Roberto Quiroga, el comisario, se hacía llamar “Queja”; Jorge Ocampo, el segundo, “Obra”; Gustavo Elizalde, “Empleo”. El único miembro de la seccional que rompía con la regla era Roberto Villalba, a quien lo llamaban “Mochila”.

La investigación del juzgado federal comenzó por otro carril, por otra causa, pero en 2016 identificaron que vendedores de droga de Empalme Graneros tejían arreglos con policías de la zona. La investigación, a través de escuchas telefónicas, determinó que seis integrantes de esa seccional formaban parte de ese esquema de connivencia, que se rompía sólo cuando los narcos no pagaban.

Los investigadores empezaron a seguir un auto que iba a cobrar a los búnkeres. No sabían que el vehículo era de Gelabert. En la investigación que realizó en ese momento el entonces fiscal Gambacorta –actualmente camarista del fuero federal- lograron desentrañar que el que sobornaba a los narcos a cambio de protección era un policía, que incluso, hasta les robaba a los miembros de las bandas.

Los investigadores judiciales descubrieron que había por lo menos tres bandas narco que habían arreglado con la comisaría.

Uno de los que proveía a los búnkeres barriales era Sixto Pérez, alias “El Chaqueño”. Ese sobrenombre respondía a que –según las escuchas- este hombre dividía su estadía entre la localidad chaqueña de Hermoso Campo, en Chaco, y Empalme Graneros, donde estaba asentada desde hacía años su hermana Gabriela Pérez, detenida por la Policía Federal en octubre de 2018.

Desde Chaco, Sixto llamaba por teléfono y ordenaba que sus sicarios actuaran contra algún competidor en el barrio del oeste rosarino. En Hermoso Campo, en Chaco, había comprado un campo con el dinero que obtenía de la venta de drogas.

Pérez fue detenido el 25 de octubre de 2017 en el Chaco por efectivos de Gendarmería. Lo buscaban por otra causa de tráfico de drogas, radicada en aquella provincia, y le saltó el pedido de captura emitido en 2015 por Bailaque.

El socio de El Chaqueño en Rosario era otro pesado, como Carlos Alberto Paz, conocido como Negro Cali, quien estuvo preso en el penal bonaerense de Marcos Paz y a su salida fue asesinado en julio de 2016 en su chatarrería de Schweitzer al 6800, en barrio Larrea.

Como si fuera el efecto de una hidra, a medida que caían los jugadores del narcotráfico en ese barrio surgían nuevos que ocupan inmediatamente su lugar. Esa dinámica de sangre y búnkeres explica el crecimiento de los homicidios en Rosario desde 2013. Lo que no se modifica en ese esquema es la dependencia que los narcos tienen de la policía a quienes deben pagar para que su negocio siga en pie.

Tras la caída de El Chaqueño, su lugar lo ocupó un muchacho que duró poco tiempo en esa posición de liderazgo. Brian “Gordo” González quien fue condenado por el crimen atroz de Analía Rivero, una chica de 16 años que murió de un balazo cuando este narco pasó con su camioneta disparando a la puerta de un boliche en Capitán Bermùdez.

Poner pie en Empalme Graneros no fue gratis para Brian. El 21 de abril de 2018 su hermano Mauro fue asesinado a balazos en las entrañas de ese barrio, en Cullen al 900 bis. Los rumores apuntaban a que esas balas tenían dueño: gente vinculada al histórico narco Tuerto Boli que quería echar de la zona a este grupo.

La corrupción policial, como insinúa este entramado, fortalece la hipótesis de que sin el aval de esa fuerza de seguridad nadie puede ser autónomo en la venta de drogas, que es lo que más dinero genera. Una parte es del león.