Ninguno de los jefes policiales santafesinos que fueron investigados por enriquecimiento ilícito en los últimos diez años fue condenado en Santa Fe. La Justicia no los declaró inocentes: en realidad, las causas prescribieron.
Por Germán de los Santos
Fue un baldazo de agua fría. El martes pasado el diario La Capital y Aire de Santa Fe informaron que los procesos judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito contra dos exjefes de Policía, como Osvaldo Toledo y Rodolfo Romero, habían terminado ya no en el cajón del escritorio de un juzgado o una fiscalía sino en el archivo. Las causas prescribieron por el paso del tiempo. No se trató de una excepción. Ninguno de los jefes policiales investigados en la última década fue condenado en los tribunales provinciales por el crecimiento patrimonial desmedido y no acorde a sus ingresos.
El procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, y el ministro del máximo tribunal Daniel Erbetta prefirieron dejar de lado la sorpresa y realizar pedidos de informes para ver en qué estado están las causas que involucran a jefes policiales. La sospecha que sobrevuela es que esos casos que se iniciaron en el viejo sistema procesal penal nunca fueron investigados con decisión y profundidad a la espera que el paso del tiempo los lleve al cementerio judicial. “Estas causas estaban escondidas”, reconoció un alto funcionario judicial.
Barraguirre pidió en cuatro instrucciones que realizó entre 2013 y 2017, enviadas a los fiscales de Cámara, que esas causas en la que están involucrados jefes policiales por supuesto enriquecimiento ilícito tengan “prioridad” por su “trascendencia social”.
Jorge Barraguirre, procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, pidió en cuatro ocasiones que las investigaciones tengan “prioridad” por su “trascendencia social”, pero sus instrucciones no surtieron efecto
El 7 de julio de 2017 le pidió en la instrucción particular N°3 al fiscal de Cámaras de Rosario Guillermo Corbella que instruyera a los fiscales de estas causas “mantener una actitud proactiva” para poder “avanzar hacia la sentencia en forma adecuada y en un plazo razonable, brindándole alta y permanente prioridad de atención”.
En esa instrucción figuraban 17 expedientes que tenían como eje común a jefes policiales de la provincia acusados de enriquecimiento ilícito. Esas causas llegaron a los tribunales luego de que se iniciaran investigaciones en Asuntos Internos de la Policía, en su mayoría por denuncias anónimas.
El peligro que ven en la alta jerarquía del Poder Judicial es que por la fecha de inicio esas causas van a empezar a prescribir (o ya prescribieron) porque las investigaciones tardaron muchísimo tiempo, no sólo en el ámbito administrativo de Asuntos Internos, sino también en los propios juzgados y fiscalías. La premura del procurador es para evitar que se les dé la extremaunción a esos casos.
De ese listado de 17 causas que el fiscal de Cámaras de Rosario recibió para que tuvieran prioridad, por lo menos tres ya pasaron a otra vida judicial, como los expedientes Nº 40/14, que tenía imputado al exjefe de la Policía Osvaldo Toledo; Nº 134/12, cuyo protagonista era el exjefe de la Unidad Regional de Villa Constitución Rodolfo Romero y la causa Nº 935 que tenía como principal involucrado a otro comisario que fue titular de la Policía de Santa Fe Ricardo Daniel Cáceres.
A Toledo, quien fue jefe de la Policía durante dos años, desde diciembre de 2009 hasta 2011, cuando asumió el entonces gobernador Antonio Bonfatti y decidió reemplazarlo -con otro comisario que después también tuvo problemas en la Justicia, Hugo Tognoli-, le abrieron un sumario en Asuntos Internos por “crecimiento patrimonial” el 27 de noviembre de 2011, pero la denuncia fue radicada recién en los tribunales –en ese momento el viejo sistema procesal penal– en 2014, y la causa recayó en el juez de instrucción Juan Carlos Vienna, quien en ese momento estaba a cargo de la llamada causa de Los Monos.
Osvaldo Toledo asumió al frente de la fuerza policial en 2009. Foto: Gobierno de Santa Fe
El 16 de octubre de 2018 esa causa, junto con otras 2.500, pasaron al Ministerio Público de la Acusación, como parte del cierre del viejo sistema conclusional. Luego, la defensa de Toledo, a cargo de Gustavo Feldman pidió la prescripción de la causa, que avaló el fiscal Gonzalo Fernández Bussy, quien se encargó de gran parte de los expedientes provenientes del “viejo sistema”. Toledo nunca fue indagado por lo que la fecha que se toma para la prescripción es cuando cesó en sus funciones en 2011. Como la pena atribuible a ese delito es de seis años, lo que planteó la defensa fue que en diciembre de 2018 la causa había prescripto. Esto fue avalado por el juez Juan José Alarcón, quien también intervino en otro caso que tuvo el mismo desenlace, pero otro imputado, el exjefe de la Unidad Regional de Villa Constitución Rodolfo Romero.
A diferencia de Toledo, este comisario sí fue indagado, pero cuando se presentó ante el magistrado, en setiembre de 2018, la defensa planteó que la causa ya había prescripto. La causa se había iniciado en 2012, tras una denuncia de Asuntos Internos, que había iniciado una investigación contra este policía por enriquecimiento ilícito en junio de 2007. El caso tardó cinco años en llegar a los tribunales, donde estuvo otros siete.
En diálogo con Aire Digital, el abogado Gustavo Feldman señaló que “la figura de enriquecimiento ilícito es inconstitucional. En estos casos en los que participé no debió haber ni siquiera denuncia. No había inconsistencias patrimoniales, estuvo siempre demostrado. Y la cuestión de la prescripción es insoslayable, de orden público. Los sobreseimientos son justos”.
Del listado de 17 causas que se iniciaron entre 2008 y 2014 hay por lo menos 11 expedientes que estarían prescriptos o al borde de que se esfume la acción penal. Eso es lo que quieren ver ahora con mayor detenimiento en la Corte Suprema, porque podrían existir mecanismos para reactivar esas investigaciones en las que en muchos casos hay pericias contables.
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