Finalmente, este martes a la medianoche le practicaron una cesárea a la nena de 11 años que había sido violada por la pareja de su abuela en Tucumán. El embarazo fue detectado hace poco más de un mes, pero diferentes agrupaciones antiabortistas junto con una fiscal que actuó de oficio retrasaron la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Desde un primer momento la nena y su mamá expresaron su voluntad de abortar tal como lo estipula la ley, pero finalmente se la obligó a parir. “Quiero que me saquen esto que el viejo me metió adentro”, había pedido la pequeña a los profesionales que la atendían, entre llantos y lágrimas.
Leer más ► Tucumán: por el caso Paulina Lebbos hay cinco condenados, pero los asesinos siguen sueltos
La agrupación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), que acompaña a la familia, denunció que en la puerta del hospital hubo agentes del Ministerio Público Fiscal durante la implementación del procedimiento, solicitando los datos personales de quienes lo practicaron.
“No sabemos bajo qué circunstancia se pidieron los nombres, si por la causa penal de la violación o por qué. Lo cierto es que la presencia de agentes judiciales es intimidatoria”, explicó a minutouno.com Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Andhes que vienen acompañando a la familia de la nena.
La víctima se encuentra fuera de peligro, pero se trata de un atropello más a los derechos humanos ya que una cesárea no es una ILE sino una forma de parto.
“Estamos hablando de que una interrupción legal del embarazo forma parte de nuestro Código Penal desde 1921”, subrayó Marchese.
Fuente: Minuto Uno
Dejá tu comentario