La decisión del juez Bonadío impactó de lleno en el corazón de la política. Tras el procesamiento del empresario Paolo Rocca como miembro de la asociación ilícita que -según Bonadío-, comandó Cristina Kirchner y que se dedicó al cobro de fondos ilegales desde el ex ministerio de Planificación Federal, el magistrado imputó a otros empresarios. Esta vez le tocó a la propia familia presidencial.
En este contexto, el juez avanza con el tramo de la causa que investiga supuestos sobornos entre los concesionarios de peajes. La convocatoria a indagatoria para Franco Macri y su hijo Gianfranco, permitirá conocer cuál fue el rol de los integrantes de la familia con “respecto a los montos ilegales recaudados por el entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) y aportados por los titulares de las concesiones viales para los accesos Norte y Oeste”, según figura en la resolución.
En su declaración como imputado colaborador, el exfuncionario Claudio Uberti dijo que cuando estaba al frente de Occovi entregaba 150 mil dólares mensuales a los Kirchner por los concesionarios viales. Fue el primero en brindar información respecto a un supuesto circuito de coimas entre los concesionarios de peajes, ofreciendo detalles de una estructura de corrupción en la que él participaba del otro lado del mostrador.
Otros empresarios llamados a indagatoria
El magistrado también llamó a declarar a otros empresarios del sector como Gerardo Ferreyra -de la firma Electroingeniería-, a Marcelino Aznar, de Decavial sociedad anónima, y a Eduardo Eurnekian de Corporación América.
Poco después de conocida la citación, desde el entorno de la familia Macri salieron a aclarar que Franco no está en condiciones de responder preguntas ante el juez federal Bonadío. Se encuentra aislado desde el año pasado cuando fue sometido a una operación de cadera. Pero el principal obstáculo para cumplir con el acto procesal es que su salud física y mental entró en una etapa de sostenido deterioro, y hoy permanece en su casa, con cuidados paliativos. “No puede mantener una conversación como la que requiere una declaración ante la justicia. Está en estado senil”, afirman sus allegados.
Siguiendo esta tesitura, el Código Procesal Penal prevé, en su artículo 77, que si durante el proceso sobreviene la incapacidad mental de un imputado “el tribunal suspenderá la tramitación de la causa”. Además, determina: “Se impedirá la declaración indagatoria o el juicio, según el momento en que se ordene, sin perjuicio de que se averigüe el hecho o se prosiga aquel contra los demás imputados”.
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En Casa Rosada evitaron hacer comentarios sobre el impacto político de la convocatoria judicial. “Cero repercusión. No comment” fue la respuesta del entorno del Presidente ante la noticia de la citación a Franco por presuntos pagos ilegales al Occovi para mantener concesiones de Autopistas del Sol durante la gestión kirchnerista.
Desde el Gobierno mostraron sorpresa. “Me sorprende la noticia”, señaló José Torello, jefe de asesores de la Presidencia de la Nación y uno de los pocos que se manifestó sobre el tema. “Hoy nosotros no tenemos ninguna injerencia en la Justicia, y lo que estamos haciendo es nombrando a los mejores jueces y removiendo a los malos jueces”, se expidió. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó: “Son decisiones de la Justicia. No lo tenía en mi radar, no sabía que podía suceder”.
Por Penélope Canónico para Aire de Santa Fe.
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