La misteriosa muerte de un anciano con trasfondo narco

La presente causa se origina en una investigación previa, que tras una veintena de allanamientos en el mes de abril en Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón, Sauce Viejo, Buenos Aires y Rosario. En dicha causa (denominada “Causa Baigoría”) se procesó a seis personas –entre ellos, dos policías y dos gendarmes- por delitos vinculados al narcotráfico.

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Puntualmente a los gendarmes, Sosa y Santiago Armando Alejo, se los procesó por encubrimiento agravado, el pasado 24 de abril. Al poco tiempo el fiscal federal Walter Rodríguez solicitó indagar nuevamente a Sosa por “brindarle información” a una banda que estaba siendo investigada por narcotráfico. En igual sentido solicitó la indagatoria a otro gendarme, Britos, por el mismo delito en la causa Baigoría.

Salva y Castillo

Por esa solicitud del fiscal, en el mes de septiembre fueron allanados nuevamente una serie de domicilios, entre ellos el de Pje Irala al 4400, donde fueron detenidos Estela Maris Castillo y Osvaldo Ramón Salva, y se secuestró material estupefaciente. En esta vivienda, en el mes de julio había sido encontrado sin vida el padre de Castillo, en circunstancias que todavía no se pudieron determinar.

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En la indagatoria ante el juez, Salva se hizo cargo de la cocaína incautada tanto en el mes de abril como en el mes de septiembre, mientras Castillo negó cualquier tipo de vinculación en los hechos investigados. Al momento de dictar los procesamientos, el juez Miño destacó que la misma situación se había dado en el año 2007, cuando se los condenó a los dos por comercio de estupefacientes.

Se sospecha además que Salva vendía al menudeo el estupefaciente comercializado por Baigoría y Gonzalez, traído de Bolivia y Paraguay. Esta conexión se establece en base a una serie de mensajes y llamados telefónicos intercambiados entre Salva y Baigoría.

Britos

En el auto de procesamiento, el juez Miño entendió que el gendarme Jorge Ismael Britos, junto a Sosa y Alejo, habría protegido y favorecido personalmente y con ánimo de lucro, a Edgardo Oscar Baigoria y Emanuel Maximiliano González con el fin de que éstos pudieran eludir posibles investigaciones judiciales respecto de la organización destinada al tráfico ilegal de material estupefaciente que encabezaban.

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En su declaración indagatoria, Jorge Ismael Britos manifestó haber tenido contacto con Sosa y Alejo “como compañeros sin saber que estaban imputados de un delito”. Pero según las pesquisas, en los mensajes intercambiados, Britos informaba a Sosa y Alejo de posibles allanamintos para que alerten a Baigoría:

-BRITOS: “Mira hoy hay movida estate atento”
-BRITOS: “Es a la noche”
-BRITOS: “Hoy m dice. Donde es”
-SOSA: “Dale”
-SOSA: “Avisa no te olvides así jugamos”
-BRITOS: “Avisale a los otros a los dos x las dudas”

Sosa

Al momento de brindar declaración indagatoria, Damian Omar Sosa reconoció mantener una amistad con Baigoría, pero negó haber brindado protección a Castillo y Salva ya que su investigación permitió la detención de los dos imputados.

Sosa manifestó también ser un “perseguido por la justicia” por una animosidad personal de un superior, que muchas veces le requerían que obtenga información de parte de Baigoría.

Sobre la protección brindada a Salva y Castillo, se detectaron comunicaciones con la mujer, registrada en sus contactos como “Tota”, la siguiente serie de mensajes:  “Amiga voy mañana a las diez y media de la mañana”, “Amiga no puedo hablar cerrá esta noche limpia todo x las dudas están x entrar en barranquita”, “Amiga recién me desocupo”, “Amiga no salió nada al final pero te aviso arranca tranqui”, “Dale amiga y avisa a que hora pasó”, “Amiga podemos hablar un toque”, “Amiga el amigo me pidió que diga algo te puedo ver un toque”, “Amiga te pudo ver un toque o lo veo al compa”, “Amiga cerra todo están x jugar en tu barrio” y “Amiga esta noche cerra todo”.

 

Todos procesados

El juez Miño entonces resolvió procesar a los gendarmes Damian Omar Sosa y Jorge Ismael Britos por el delito de encubrimiento, agravado por ser respecto de un delito especialmente grave, por su condición de funcionario público y el ánimo de lucro.

En relación a Estela Maris Castillo y Osvaldo Ramon Salva, el magistrado los procesó por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Además el juez impuso la prisión preventiva para los encausados y embargó los bienes de Castillo y Salva por $140.000,00, y los de Sosa y Britos por $50.000,00.-