Por Ignacio Mendoza
La investigación que busca determinar qué sucedió con Maximiliano Sosa, el niño de tres años que se encuentra desaparecido desde el 21 de diciembre del 2015 en la ciudad de Ceres, sumó un nuevo condimento el miércoles luego de que el juez federal de Rafaela, Miguel Ábasolo, dispuso la detención de un hombre. Se trata de P. A. P., alias “Pantera”, y sobre el cual recaen ciertas sospechas sobre los vínculos que tuvo con la desaparición del menor.
La figura de “Pantera” no es nueva en la pesquisa judicial que lleva casi cuatro años tramitándose entre la Justicia provincial y federal. Su nombre estuvo señalado por los investigadores del caso desde antes de que la causa pase a tramitarse en el juzgado de Ábasolo, ya que el mismo estuvo sospechado de haber mantenido contactos con Patricia Sayago, la abuela de Maxi Sosa, según indicaron fuentes ligadas al caso a Aire Digital.
Dicho contacto, fue mediante una comunicación telefónica que mantuvo Sayago después de haber quedado detenida -el jueves 28 de julio del 2016- tras once allanamientos realizados por la Agencia de Trata de Personas en Colonia Montefiore, Ceres y en la provincia de Santiago del Estero y de los cuales también resultó aprehendido el otro coimputado, Ariel Malagueño -pareja de Sayago-, cuando circulaba una Unidad Sanitaria en jurisdicción de la ciudad de Rafeala (Castellanos).
Días después la detención, Sayago mantuvo una comunicación desde la cárcel con una persona que en ese entonces no pudo ser identificado aunque existieron sospechas de podría tratarse del recientemente detenido por la Policía Federal. Sin embargo, esa pista no fue tenida en cuenta por los investigadores de la Justicia federal cuando el expediente pasó a tramitarse en esa órbita.
Así lo evidenció el intento del entonces fiscal federal subrogante, Federico Grimm y del propio juez Ábasolo cuando el 16 de julio de este año declararon la incompetencia en la causa para que el expediente sea nuevamente remitido a la Fiscalía de Emilce Fissore, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Cristobal, donde se inició la búsqueda. Aquel intento quedó totalmente descartado luego de que el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Guillermo Toledo, rechazó -el 4 de septiembre pasado- la incompetencia jurisdiccional y ordenó que la causa continúe su tramite en el fuero federal.
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Veinte días después de aquel fallo del juez de alzada, la investigación dio un giro y volvió a cobrar fuerza la hipótesis que apuntaba a Sayago y Malagueño, y a una tercera persona, es decir quien fue detenido el miércoles, por la tarde noche, en el barrio América de la ciudad de Ceres.
El derrotero
Por el caso solo están con prisión preventiva Sayago y Malagueño, quienes permanecen detenidos desde el 1 de agosto del 2016, cuando fueron imputados de haber participado de la desaparición del niño, que por aquel entonces tenía tres años de vida. Concretamente, la Justicia les achacó -y acusa actualmente- haber sustraído al pequeño entre el 18 y 21 de diciembre del 2015 sin el consentimiento de su madre, Daniela Sosa, cuando este se encontraba en su casa del barrio Juan Pablo II de Ceres.
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El menor, según consigna parte de la pesquisa a la que tuvo acceso Aire Digital, “fue retenido y ocultado” con posterioridad en una vivienda de la zona rural de Montefiore, en jurisdicción del departamento 9 de Julio y desde ese momento su paradero fue una incógnita ya que no pudo ser hallado en el lugar y el cual sigue siendo incierto para los investigadores del caso.
Los dos terminaron vinculados y detenidos luego de que la entonces fiscal Fissore -de la Justicia provincial- detectó que en una conversación telefónica que tuvieron ambos, Sayago aludió a “alguién” con la palabra “Maxi”, situación que causó ciertas sospechas y dudas en torno a su rol en la desaparición del niño.
Los dos fueron imputados por Fissore en los tribunales de San Cristobal y con posterioridad quedaron detenidos bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Con el correr de la causa y tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el expediente pasó a manos de la Justicia federal de Rafaela en 2018 ya que la fiscal Fissore entendió que existía el delito de “trata de personas”.
Pese a ello, Malagueño y Sayago continuaron detenidos y el pasado 28 de julio se cumplió el plazo máximo de prisión preventiva. Sin embargo, el juez Ábasolo prorrogó por noventa días más la medida cautelar por lo que ambos continúan privados de su libertad hasta tanto la causa tenga un nuevo desenlace.
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