El fiscal federal Walter Rodríguez reiteró el pedido para llamar a indagatoria a diecinueve personas que se desempeñaban en el Mercado de Valores del Litoral en los años que se investigan las maniobras defraudatorias del contador Mario Rossini a través de Bolsafé Valores.
El fiscal ya había realizado este pedido al inicio de la investigación y no había sido otorgado en ese momento. Tras el avance de la causa y la salida de Carlos Gonella de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, el fiscal Rodríguez solicitó a los nuevos fiscales la realización de un informe de asistencia técnica.
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La intención de Rodríguez al solicitar este informe era la de obtener una mirada “más parcial” ya que la PROCELAC había participado activamente en la investigación bajo la dirección de Gonella.
El informe aportado por la Procuraduría repasa las actividades de control ejercidas por el Mercado de Valores del Litoral, respecto a Bolsafé Valores SB S.A., BV Emprendimientos y Mario Rossini, quien presidiera ambas sociedades. Bolsafé llegó a contar con 13.000 comitentes en cartera y durante años ocupó el primer lugar como agente del MVL ya que fue el agente que más operaciones con títulos valores realizó en los años 2004, 2005, 2011 y 2012.
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Irregularidades
El informe de la PROCELAC detalla tres sumarios administrativos que MVL impulsó a la empresa Bolsafe y a sus directores tras las irregularidades detectadas en las auditorías realizadas entre los años 2003 a 2012.
Se entiende también que estas decisiones administrativas no fueron suficientes y que los integrantes del MVL incurrieron en delitos de omisión. “Ciertos sujetos se encontraban en posición de garante con relación a la actividad desplegada por Rossini, sus socios, sus empleados y empresas vinculadas y la omisión consciente de esas funciones de supervisión da lugar a una intervención en los delitos correspondientes” precisa el informe.
En el periodo de tiempo que se realizaban las maniobras delictivas, los integrantes de MVL que debían ejercer la función de control fueron: Luis Angel Puig, Alfredo Cesar Calabrese, Juan Luis Catuogno, Jorge Ghiano, Ruben Fink, José María Candioti, José Néstor Tabares, José Luis Renzulli, Alex Castellví, María Soledad Platino, Ernesto N. García, Jorge Bocchietti, Flavia María José Sanchez, Germán Huber, Mario Di Lucca, Walter Bernacchi y Alejandro Paillet.
Se entiende que estas personas tenían el deber de supervisar el accionar de los coautores y realizar contribuciones para impedir la comisión de los delitos que se realizaban. Entienden los fiscales de la PROCELAC que al no realizar estas tareas se los debe responsabilizar por esa omisión delictiva.
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Estado de confusión
El informe aportado por la Procuraduría determina que este proceder del MVL generó un “estado de confusión” que ocasionó la “desprotección patrimonial e indefensión en el público inversor”, permitiendo el desarrollo y la continuidad de “toda la operatoria de captación, despojo y transferencia” realizada desde una sociedad sujeta a fiscalización por parte del MVL (Bolsafé) hacia una empresa controlada por Rossini (BV Emprendimientos). El MVL conocía que Rossini presidía las dos entidades y “decidieron omitir de modo sistemático y sostenido” adoptar recaudos para impedir la maniobra.
Para los fiscales de la PROCELAC “no puede quedar duda alguna” acerca del conocimiento que tenía el MVL sobre la maniobra desarrollada por Rossini y sus colaboradores. Entienden que la medida a adoptar debía haber sido intimar a Rossini al “cese inmediato de la operatoria”, pero sólo requirieron diferenciar los domicilios legal, fiscal y comercial de Bolsafe y BV Emprendimientos. Así fue que esta última se traslado a un inmueble a 50 mts del original.
Según el informe “tal resolución demostró que a los directores del MVL sólo les interesaba desligarse de la posible responsabilidad futura que les pudiera caber frente a las irregularidades que realizaban las empresas de Rossini, más no proteger al público inversor”.
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Complicidad primaria
El informe de la PROCELAC concluye que “si los garantes hubiesen ejercido debidamente sus facultades de control, el delito no habría podido ser llevado a cabo tal como fue ejecutado. Por tanto, deben ser considerados cómplices primarios, en los términos del art. 45, CP”.
El fiscal explicó a través de Aire de Santa Fe que la causa tuvo avance dispar en relación a cada uno de imputados: mientras parte de la causa ya se encuentra en estado de juicio, otras personas aguardan para resolver su situación procesal tras la revocatoria de la Cámara Federal de Rosario (entre los que se encuentran los integrantes del Banco de Galicia).
Sobre la situación de los directivos de MVL, Rodríguez confirmó que ya se requirió el llamado a indagatoria al Juzgado Federal Nro. 2.
La palabra del fiscal Walter Rodríguez
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