Redacción Aire Digital
La crisis en Ecuador comienza a menguar mientras el país recupera paulatinamente la normalidad tras 12 días de protestas y tensión en las calles, tal como relata el enviado especial de Aire de Santa Fe. El gobierno y las organizaciones sociales alcanzaron este domingo un acuerdo para dejar sin efecto el decreto que establecía la eliminación de los subsidios a los combustibles, la chispa que encendió las reivindicaciones.
En el denominado “paquetazo” de medidas que intentó implementar el presidente Lenín Moreno se ven varias de las medidas más ortodoxas del Fondo Monetario Internacional, muchas de ellas que son evaluadas por los técnicos del organismo para ser sugeridas a la Argentina, que también tiene un programa de financiamiento abierto con nuestro país.
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Estas son algunas cifras y medidas que ayudan a poner en contexto una de las situaciones más críticas que atravesó el país en su historia reciente, y entender con mayor claridad qué es lo que sucedió.
El pasado mes de febrero, el gobierno de Lenín Moreno anunció que accedería a un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 4.200 millones de dólares y a 6.000 millones más de un grupo de organismos multilaterales —Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros— para sanear sus cuentas públicas. En total, un préstamo de 10.200 millones de dólares a 30 años cuya contrapartida fue un amplio programa de ajustes y reformas para ajustar el gasto, que en última instancia desencadenaron fuertes movilizaciones por parte de un importante sector de la sociedad.
El ejecutivo de Moreno planeaba ahorrar 1.500 millones de dólares al año con la eliminación al subsidio de los combustibles, lo cual provocó subidas de precios de alrededor del 123%. El boleto del colectivo, por ejemplo, subió un 50% en un sólo día. Ecuador es uno de los países de América Latina donde los combustibles son más baratos, gracias a los subsidios sobre el crudo implementados durante el primer ‘boom pretrolero’, hace más de 40 años.
La Defensoría del Pueblo informó en su último balance de que las protestas contra el “paquetazo” del Gobierno ecuatoriano se saldaron hasta el martes con ocho muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos.
El organismo especifica que entre los detenidos hay un 97 por ciento de hombres y un 3 por ciento de mujeres, y el 48 por ciento de los detenidos tienen entre 18 y 25 años. Por provincias, el mayor número de arrestos se produjeron en Pichincha (499), seguida de Guayas (309) y Tungurahua (59).
Por su parte, la ministra del Interior, María Paula Romo, denunció que un total de 202 policías fueron retenidos por manifestantes en distintos puntos de Ecuador en respuesta al llamamiento de los líderes de las protestas a capturar a uniformados. Todos fueron liberados menos un grupo que tuvo que ser rescatado por fuerzas especiales.
Las mobilizaciones comenzaron el 3 de octubre tras la convocatoria de paro del gremio de transportistas, pero más tarde quien lideró las manifestaciones fue la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). La Conaie es la entidad que vehicula a parte de la comunidad indígena en Ecuador, que representa el 25% de la población y es uno de los sectores que más sufren la pobreza. Hasta Quito se desplazaron 10.000 indígenas.
Como respuesta, el gobierno ecuatoriano desplegó a más de 50.000 policías en todo el territorio. La mayor parte se concentraron en la capital, Quito, el epicentro del caos, pero los disturbios hicieron que prácticamente todas las ciudades del país vieran aumentada la presencia de las autoridades.
El paquete de medidas, coloquialmente conocido en el país como “paquetazo” quedó establecido en el decreto 883. Más allá de eliminar los subsidios a los combustibles, otras medidas despertaron la indignación de los ciudadanos.
Por ejemplo, el decreto dictó que los ecuatorianos tendrán 15 días menos de vacaciones al año, y la remuneración en los contratos ocasionales en el sector público se redujo un 20%. Además, las empresas con ingresos superiores a los 10 millones de dólares al año debían hacer una contribución especial durante tres años para seguridad, educación y salud.
El decreto también añadía 300.000 nuevas familias al millón de hogares que recibe bonos del Gobierno.
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