La Justicia de La Rioja fijó una reparación que, con intereses, ronda los $30 millones. El fallo marca un precedente sobre los límites en redes sociales.
La mujer realizó publicaciones ofensivas y falsas durante años, incluso desde perfiles anónimos.
Un fallo judicial en La Rioja sentó un fuerte precedente sobre el uso de redes sociales: una mujer fue condenada a indemnizar a su expareja, un policía provincial, tras años de hostigamiento digital con insultos y acusaciones falsas.
El conflicto comenzó en 2019, luego de la separación de la pareja. Durante el proceso, que se extendió por seis años, se probó que la mujer realizó múltiples publicaciones ofensivas desde su cuenta personal y también mediante perfiles falsos.
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Entre los agravios, lo acusó públicamente con insultos y difundió información falsa, incluso vinculada a su salud. Para la Justicia, estas acciones tuvieron como objetivo dañar su imagen tanto en el plano personal como profesional.
Según explicó el abogado de la víctima, las publicaciones tuvieron consecuencias concretas: al efectivo se le inició un sumario administrativo y se vieron afectadas sus posibilidades de ascenso dentro de la fuerza.
El tribunal consideró acreditado que existió un perjuicio real, lo que fundamentó la condena económica. La indemnización fue fijada inicialmente en $4 millones, pero con intereses acumulados asciende a cerca de $30 millones.
El caso sumó otro elemento clave: la mujer había denunciado a su expareja por violencia de género, pero esa causa fue archivada al comprobarse que no era verídica.
A pesar de que intentó ocultar su identidad utilizando perfiles falsos, los investigadores lograron vincularla con las publicaciones mediante el análisis del lenguaje, el contenido y datos privados.
Además de la indemnización, el fallo ordena que la mujer publique la sentencia en las mismas redes sociales donde realizó los agravios, como forma de reparación.
La resolución deja un mensaje claro: la difamación y el hostigamiento digital pueden tener consecuencias legales severas. Incluso se habilitó la posibilidad de avanzar con el embargo de bienes en caso de incumplimiento.
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