“Tanto la libertad condicional como la libertad transitoria o asistida responden a un fundamento filosófico que tiene que ver con cuál es la finalidad de la pena: se supone que el fin no es la pena en sí misma, sino que el sujeto que ha quebrantado la ley no lo vuelva a hacer y se pueda reinsertar en la sociedad”, introdujo el abogado.
“A partir de la evaluación acerca de qué capacidad de reinserción tiene cada sujeto, surgen estas figuras como la libertad condicional o las libertades transitorias. Son figuras necesarias: en cada caso, se hace un análisis particularizado y si una persona, antes del cumplimiento de la pena, está en condiciones de reinsertarse progresivamente en la sociedad, se le da esos beneficios”, explicó.
Sobre el protocolo decretado por Lifschitz, argumentó: “Lo que nadie está discutiendo es el fondo de la cuestión. Si Ud. no le concede al preso la libertad a las dos terceras partes de la condena, esa persona de todos modos sale más adelante, y no resuelve el problema de seguridad. Lo que no estamos discutiendo es por qué hay reincidencia“.
“En la región, Argentina es uno de los países con más altas tasas de reincidencia. Eso demuestra que el sistema penitenciario falla, tanto en la fase de ejecución de la condena como en la etapa pospenitenciaria. El decreto es demagógico: pretende dar una sensación de seguridad cuando en realidad no aborda el problema de fondo”, agregó Krupnik.
“El problema es que no es rentable en términos políticos ocuparse del sistema penitenciario”, opinó y añadió: “Las condenas deben purgarse, pero no en condiciones infrahumanas como se purgan en el 90% de los casos de la provincia de Santa Fe“.
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